Desde la creación de la acción de inconstitucionalidad en 1994, nunca había ocurrido que una mayoría parlamentaria impugnase una norma del propio órgano que la emitió. Habíamos estado en presencia de importantes minorías, pero éstas jamás habían llegado a constituir la mitad del órgano parlamentario.

En los últimos días, se ha suscitado una nueva discusión sobre el caso de “Los Porkys”, gracias a un fallo que se dictó el 22 de marzo de 2017, en el que se dejó insubsistente el auto de formal prisión que se le había dictado a uno de los cuatro jóvenes: Diego Cruz, acusado de pederastia. Aquí presento mi análisis de la sentencia.

Un pleno conformado por 4 mujeres y 10 hombres decidió, por unanimidad, que una mujer que tuviera un hijo –una hija, en este caso- con un hombre casado y se dedicara únicamente al cuidado de éste, no merecía obtener una pensión alimenticia.

A consecuencia de la ola de inconformidad experimentada en el país por el aumento de los precios de las gasolinas y el diésel, el gobierno federal señaló reiteradamente que tal incremento no era consecuencia de la reforma energética. Sin embargo, de la afirmación de que la gasolina es importada y que su costo subió internacionalmente, no concluye lógicamente que su precio final se incremente; tampoco permite inferir que el incremento se debiese a factores externos ni prueba que no fuese consecuencia de la reforma energética. Parece que hay algo más que le falta a dichos razonamientos.

La participación de militares en tareas que no le son propias como ya lo demostramos, pero ahora con el respaldo legislativo como se observa en la intención de las Cámaras de Diputados y Senadores, es justo la ruta que aleja al país de dos de las aspiraciones de cualquier sociedad democrática: subordinar el poder militar al civil y someter a la fuerza armada a un régimen constitucional de derecho.

Por último, es importante señalar que la aprobación de una eventual reforma como la han esbozado senadores del PRI y del PAN representaría un duro golpe a la legitimidad del TEPJF y, en particular, de los magistrados recién nombrados.