La SCJN debe seguir mirando al sistema político para ser vista. Y probablemente sea responsabilidad de los ministros de más reciente ingreso tomar esa estafeta para continuar haciendo visible, presente y relevante al máximo tribunal en un sistema político urgido de contrapesos dentro de un país con un gran retraso en la protección de los derechos humanos.

El viernes pasado, el Congreso de Morelos determinó revocar el mandato a Cuauhtémoc Blanco Bravo, al considerar que no cumple con los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de presidente municipal de Cuernavaca, Morelos. Unos días antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Juzgado Cuarto de Distrito del Décimo Octavo Circuito ordenaron al Congreso morelense suspender la remoción de Blanco, hasta en tanto se resolvieran la controversia constitucional planteada por el mismo municipio de Cuernavaca y el amparo indirecto presentado por su presidente municipal, respectivamente.

Esta sentencia no sólo daña al empleo y abandona criterios jurisprudenciales sólidos de varias décadas, sino que se suma a otras resoluciones recientes en materia tributaria que evidencian la clara y gradual sumisión de varios ministros de la SCJN al poder ejecutivo. La división de poderes corre un peligro real e inminente.