De entrada, las candidatas deben ser y parecer independientes, imparciales y ser autoridad en alguno o algunos de los ejes constitucionales. Sobre esa base y ante el contexto planteado líneas arriba, conviene pensar en una Corte que privilegie el diálogo hacia el interior del tribunal, con el propio Poder Judicial, con los otros Poderes y con la sociedad. En consecuencia, requerimos candidatas que le den diversidad a la Corte actual. Que provengan del ámbito del litigio, la academia o las organizaciones sociales, para abrir la discusión de los temas constitucionales fundamentales más allá del propio poder judicial.

Lo anterior implica que a la Suprema Corte le compete -tras la célebre disputa entre Hans Kelsen y Carl Schmitt sobre quién debe ser el defensor, guardián o protector de la constitución- garantizar la supremacía constitucional y con ello contribuir tanto a la determinación de los derechos como a la división de los poderes. En pocas palabras es -como diría Ronald Dworkin- el “foro de principios” donde se delibera, discute y decide sobre cuáles son nuestros derechos fundamentales y los límites al poder público.

Doy por descontado que, bajo el estándar de lo inobjetable, a la Corte ingresarán dos mujeres. Porque la cuestión no es siquiera asegurar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el llenado de las vacantes, sino asegurar que la composición de la Corte resulta mínimamente congruente con una imagen general del tipo de sociedad que somos o queremos ser.