Aun y cuando no existió un pronunciamiento respecto a los planteamientos de fondo del caso, no debemos dejar de reconocer a la Suprema Corte de los Estados Unidos como un defensor de aquellos que han decidido adoptar una religión y vivir conforme a sus mandamientos, frente a la intolerancia y la hostilidad que hacia ellos asumen en ocasiones algunos miembros de la sociedad y del Estado, principalmente en aquellos temas que mayor controversia generan en nuestros días y entre los que claramente se encuentra el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La intervención unilateral militar de EUA, Reino Unido y Francia en Siria, sin importar su dimensión, duración e intensidad, es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, contraria al derecho internacional y constituye un acto de agresión. Esto de ninguna manera implica que el uso de armas químicas en Siria sea legal o legítimo, ni que siga siendo imperante buscar soluciones políticas a esta crisis. Por el contrario, sigue siendo un acto criminal atroz, sin justificación en ninguna circunstancia.

Estamos indudablemente en un punto de inflexión en materia del manejo de datos personales en Internet y, en particular, en las redes sociales. El modelo estadounidense hasta ahora dominante se está cayendo en pedazos. Urge dar pasos en otra dirección, desde nuestro punto de vista la dirección marcada por la Unión Europea y su nueva regulación sobre datos personales. El tema no es menor, hay quienes incluso lo han denominado como la guerra fría de nuestros tiempos, la guerra por el control de los datos personales de los usuarios de Internet.

En el transcurso de la última década las iniciativas para combatir la discriminación y la violencia de las personas LGBTI han dejado de ser esporádicas, aisladas y locales. Por el contrario, han ocupado un lugar considerable en la geopolítica mundial a través de articulaciones y migraciones de experiencias a nivel nacional e internacional. Estas iniciativas se han conjugado de maneras creativas y efectivas tanto para ser incorporadas en los sistemas jurídicos nacionales, como en los múltiples órganos del sistema internacional de derechos humanos.