El 20 de septiembre de 2021, el tribunal arbitral en el caso Lion Mexico Consolidated vs. Estados Unidos Mexicanos (Lion v. México) ordenó al Estado mexicano pagar más de $47 millones de dólares, como consecuencia del actuar de ciertos juzgados y tribunales del Poder Judicial de Jalisco y del Poder Judicial de la Federación. El caso es paradigmático porque representa la primera vez que México es sancionado bajo el estándar internacional de “denegación de justicia” en un arbitraje inversionista-Estado al amparo del capítulo XI del TLCAN. Además, es uno de los muy pocos casos en que un Estado ha sido condenado por esta violación.

Sin duda la decisión del tribunal dividirá la opinión pública entre aquellos que defienden la idea de que las personas tienen derecho a identificarse con el género que elijan (y con la correlativa obligación del resto de respetar esta decisión); frente a aquellos que apelan al respeto de sus convicciones y libertades, negándose a compartir y difundir un mensaje con el que no están de acuerdo.

Desde el anuncio, algunas voces han sentenciado la imposibilidad de que la demanda prospere. Uno de sus principales argumentos es la inmunidad procesal que, a grandes rasgos, ofrece a la industria de las armas en Estados Unidos la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA). No obstante, el litigio iniciado por México ofrecerá la primera ocasión para que una Corte se pronuncie sobre la aplicabilidad de PLCAA respecto de daños generados fuera del territorio estadounidense. Por ello, ningún análisis resulta ocioso. Este es la tercera entrega de una serie que busca abordar los méritos jurídicos de la demanda mexicana.

Si bien es llamativo que un gobierno extranjero recurra a las cortes de los Estados Unidos para actuar directamente en contra de empresas cuya sede operativa y negocio se encuentra en ese país, se trata de una práctica normal y permitida por las leyes estadounidenses. Este artículo, segundo de una serie sobre el inédito reclamo mexicano, analiza precisamente la legitimidad procesal activa -locus standi o standing, como se conoce en el derecho anglosajón. Es decir, aborda la potestad legal del gobierno mexicano para acudir a un órgano judicial estadounidense con la petición de que inicie el trámite de un juicio contra las referidas compañías en su jurisdicción local.

En la primera ocasión que un Estado extranjero demanda a armerías en cortes estadounidenses, México recurre a la doctrina de la responsabilidad civil –o tort law en derecho anglosajón– para construir su caso. Conforme a esta doctrina, los torts son hechos ilícitos civiles que ocurren por la acción u omisión –negligente o dolosa– de personas y que causan daños a otras. Consecuentemente, quien violó conscientemente o por no ejercer suficiente cuidado una obligación o deber legal, es responsable del daño y debe resarcir a la persona o personas afectadas, así como cesar la conducta indebida inmediatamente.

En semanas recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia por la que condenó a Honduras por la muerte de Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y defensora de los derechos humanos. La responsabilidad le fue atribuida al Estado hondureño al acreditarse la participación de agentes estatales en los hechos en 2009. El tribunal interamericano reconoció que la violencia ejercida contra Vicky fue en razón de su identidad y expresión de género.