El pasado 28 de diciembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la primera parte del denominado plan B de la reforma electoral, que modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa. En breve, este ajuste posibilitó, bajo el argumento del ejercicio de la libertad de expresión, que los servidores públicos realicen propaganda gubernamental sin limitación alguna durante los procesos electorales. Asimismo, es inminente la aprobación por parte del Senado del resto de este plan B, que aborda diversas cuestiones que repercutirán negativamente en el sistema electoral. En este contexto, resulta de suma importante mencionar los medios de impugnación idóneos y pertinentes para controvertir en su momento estas reformas legales y sus efectos.

La reforma en subcontratación laboral ha impactado a las empresas en su estructura, operación e, incluso, algunas han tenido que modificar su objeto social para delimitar sus actividades. La otra cara de la reforma está en lo fiscal, en donde tendrá un impacto aún mayor. De ahí el título de este artículo, en el que exponemos las principales repercusiones fiscales de la reforma en subcontratación laboral.

Es necesario hacer especial énfasis en lo siguiente: estamos ante una propuesta para prohibir —al grado de considerarla como delito grave— de una actividad a todas luces lícita, inofensiva, que por sí sola no es transgresora de derechos, que por su naturaleza no afecta el bien común ni altera el orden público. Basta dar lectura a la iniciativa que se analiza, para advertir que no existe una adecuada proporción entre la problemática que se busca resolver, y la solución que se propone para superar el problema planteado.