En la última década, la población ocupada en México ha aumentado en un 22.47 %, mientras que en Guanajuato el incremento ha sido del 19.72 %. Este crecimiento[1] de la fuerza trabajadora deber ir acompañado de mecanismos que garanticen condiciones dignas en todos los empleos y a todos los niveles. En el caso de la industria indumentaria, tan solo para el primer trimestre del 2024, en Guanajuato había 40,395 personas ocupadas – que equivale al 1.45 % de la población ocupada en la entidad–.
En este contexto, y con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de la fuerza trabajadora, en marzo de 2022 México ratificó el Convenio núm. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento clave para combatir la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Este convenio amplía la noción de violencia en el mundo laboral al reconocer que no sólo ocurre en el lugar donde se desarrolla la actividad productiva, sino también en espacios vinculados con ésta, como áreas de descanso, comedores, instalaciones sanitarias, alojamientos proporcionados por el empleador, desplazamientos y eventos relacionados con el trabajo.
Para garantizar su cumplimiento, el Convenio 190 asigna al Estado la responsabilidad de establecer mecanismos efectivos que verifiquen que las personas empleadoras están cumpliendo las leyes de trabajo, en México este mecanismo es la inspección laboral. Sin embargo, su implementación enfrenta retos, ya que requiere la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como un enfoque que no sólo se limite a la sanción, sino que también funcione como una herramienta de prevención para erradicar la violencia en el ámbito laboral.[2]
En 2019, Fundación Avina y Fundación C&A pusieron en marcha la Iniciativa Arropa, que busca mejorar los espacios laborales de la industria indumentaria a través de recomendaciones basadas en evidencia. La inspección laboral es un elemento central para lograr mundos del trabajo libres de discriminación y violencia, en los que los derechos de todas las personas trabajadoras se respeten. Con esto en mente, Intersecta, Colectivo Raíz, Igualab, Prosociedad, ProDESC y Vida Plena Puebla nos sumamos a la Iniciativa Arropa para investigar qué pasa con la práctica inspectora en México, investigación que derivó en el informe “Inspeccionando la inspección en México: El caso de la industria indumentaria”[3]. Este documento plantea preguntas clave sobre los derechos humanos laborales, con un énfasis particular en las personas que trabajan en las industrias de la confección y textil, que juntas conforman a la industria indumentaria.
La elección de la industria indumentaria como tema de estudio responde a los profundos cambios que ésta ha experimentado en los últimos treinta años en México, derivados de nuevas formas de producción, circulación de insumos y organización del trabajo. En particular, la firma del Tratado de Libre Comercio y la posterior entrada de productos chinos al mercado nacional han generado reacomodos significativos, afectando las condiciones laborales en esta industria y resaltando la necesidad de mecanismos de inspección efectivos.
El informe supone un análisis detallado de la actividad inspectora a nivel federal y en seis estados con presencia importante de la industria indumentaria: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Tlaxcala. Para ello, realizamos solicitudes de acceso a la información que nos permitieran ver la capacidad y alcance inspector en cada una de estas entidades, preguntando cuestiones relacionadas con el presupuesto que se asigna a esta actividad, el perfil y herramientas con las que cuentan las personas que la llevan a cabo y el número de inspecciones que se realizan por año.
Se trata de un documento extenso, que vale la pena abordar poco a poco, por lo que a lo largo de varias semanas publicaremos los hallazgos más relevantes del informe en este espacio. La primera entrega[4] de esta serie de textos la dedicamos a explicar qué es la inspección, quiénes la llevan a cabo, sus distintos tipos y demás información básica para entender esta herramienta, así como su panorama a nivel federal. Sugerimos a la persona lectora que, si aún no lo consulta, se dirija a ese texto para tener un piso mínimo conceptual sobre la inspección laboral, pues muchos de los términos que utilizaremos en las siguientes líneas se explican ahí.
La presente entrega está dedicada al análisis de la actividad inspectora en Guanajuato entre 2015 y 2023.
La inspección en Guanajuato
A manera de introducción vale decir que la inspección laboral es la herramienta que promueve y vigila el cumplimiento de los derechos laborales en México. La inspección es la encargada de revisar que las personas empleadoras cumplan con las leyes laborales y tiene un gran potencial para cambiar las condiciones en las que trabajan las personas, así como para prevenir la violencia, el acoso y la discriminación en los centros de trabajo.
Para comprender la situación de la inspección laboral en Guanajuato, es fundamental analizar el presupuesto disponible para llevar a cabo las actividades que permitan verificar el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo. En este sentido, los recursos destinados a la “vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral a los patrones de los centros de trabajo del estado” han mostrado una ligera tendencia a la baja desde 2015. En ese año, el presupuesto asignado fue de 13.2 millones de pesos, mientras que para 2024 se redujo a 10.8 millones de pesos, lo que representa una disminución progresiva del 18.18% en el presupuesto destinado a esta función.
Recordemos que el presupuesto es uno de los puntos clave para que el Estado tenga la capacidad para realizar sus actividades; si no tenemos dinero tampoco tenemos la capacidad de hacer más y mejores inspecciones. Con la información proporcionada por Guanajuato podemos estimar que cada inspección laboral tuvo un costo aproximado de $3,338.57 pesos. Esta cifra refleja el nivel de inversión en la supervisión y cumplimiento de la normativa laboral en Guanajuato, lo que resulta clave para evaluar la capacidad de respuesta de las autoridades frente a posibles violaciones a los derechos laborales.
En cuanto a la capacidad inspectora, entendida como el número de personas inspectoras disponibles en la entidad, es importante destacar que dicha cifra ha permanecido relativamente estable entre 2015 y 2023, fluctuando entre 11 personas en su punto más bajo y 13 personas en su punto más alto. Este número resulta preocupante al considerar que, en 2023, la población ocupada de Guanajuato fue de 2,805,977 personas. Esto equivale a un promedio de sólo 0.42 inspectores por cada 100 mil personas ocupadas, una cifra significativamente menor en comparación con el promedio nacional de 1.1 y la media mundial de 5.8. Este dato refleja que la cantidad de personal inspector es muy baja, lo que pone en duda la capacidad de la entidad para realizar suficientes inspecciones y garantizar el cumplimiento de las normativas laborales.
En cuanto a la situación laboral y los perfiles de las personas inspectoras, aunque no contamos con información detallada, a partir de los datos proporcionados por la autoridad podemos saber que las profesiones que ejercen incluyen derecho, administración de empresas e ingeniería en relaciones industriales. Para 2024, el salario neto de las personas inspectoras era de $15,547.05 pesos, aunque no podemos comparar si este indicador ha mejorado o no dado que es el único dato que proporcionó la autoridad. El salario es similar al de Ciudad de México, que reportó $15,601.09 pesos para ese periodo, pero menor al del Estado de México, que reportó $23,422.87 pesos. Respecto a las capacitaciones, la información disponible se limita a aquellas relacionadas con la NOM-035 sobre factores de riesgo psicosocial y otras enfocadas en temas como violencia laboral, acoso y hostigamiento. Sin embargo, no contamos con mayores detalles sobre las características y el alcance de las capacitaciones que reciben las personas inspectoras.
La capacidad institucional para realizar el número adecuado de inspecciones laborales es limitada, lo que dificulta garantizar el cumplimiento de las normas en todos los centros de trabajo. No obstante, la información proporcionada por las autoridades permite obtener un panorama general sobre lo que está sucediendo en el ámbito de la inspección laboral en Guanajuato. En la gráfica que se presenta a continuación se observa la distribución de las inspecciones por tipo y año.
A partir de este análisis es evidente que las inspecciones ordinarias (es decir, de carácter preventivo y enfocadas en la detección temprana de riesgos) son las más frecuentes en todos los años, seguidas de las inspecciones de constatación de datos (las que corroboran la información que se tiene de las unidades económicas). Por otro lado, destaca que las inspecciones orientadas a la asesoría y asistencia (las inspecciones que se realizan a solicitud de parte, en cumplimiento de programas de inspección o de programas de cumplimiento voluntario) son las que ocurren con menor frecuencia, lo que podría reflejar una priorización menor a aquellas inspecciones que se realizan a solicitud de parte, en cumplimiento de programas de inspección o de programas de cumplimiento voluntario.
Agregando toda la información de los distintos tipos de inspección encontramos que, en 2023, la autoridad inspectora de Guanajuato realizó 102 inspecciones por cada 100 mil personas ocupadas. En cuanto a las unidades económicas, esto equivale a la revisión de las condiciones laborales en 98 centros de trabajo por cada 10 mil establecimientos en el estado. Con estas cifras, Guanajuato se posiciona como la entidad con el mayor número de inspecciones entre las analizadas en el informe.
De las inspecciones realizadas en la entidad, algunas derivan en el levantamiento de procedimientos sancionadores. En el caso específico de Guanajuato, la cifra alcanzó las 1,821 inspecciones, lo que indica que el 7.27% de las inspecciones realizadas en el periodo analizado revelaron posibles incumplimientos a la normativa laboral y resultaron en la apertura de un proceso administrativo sancionador. De las inspecciones en las que se detectaron violaciones, se obtuvieron 1,681 resoluciones, tanto condenatorias como absolutorias. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, hay una mayor incidencia de resoluciones absolutorias en comparación con las condenatorias, lo que podría sugerir una tendencia a la absolución frente a la imposición de sanciones.
En cuanto a los mecanismos alternativos a la inspección, el estado de Guanajuato ha implementado el programa de autoverificación voluntaria “AutoLab”. Este programa está diseñado para fomentar el auto-cumplimiento de la normativa laboral mediante una herramienta electrónica que permite a los centros de trabajo evaluarse a sí mismos en relación con las condiciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo. El registro en el programa supone que los centros de trabajo están exentos durante un año de recibir visitas de inspección. Entre 2015 y 2023, un total de 5,968 centros de trabajo se inscribieron a “AutoLab”, lo que representa una tasa de 203 centros por cada 10 mil unidades económicas. Esta cifra posiciona a “AutoLab” como el mecanismo con la mayor tasa de inscripción en comparación con otros programas analizados en el informe, como VELAVO. Si bien esta herramienta destaca como una alternativa que facilita a las personas empleadoras cumplir con las normativas laborales de manera proactiva y contribuye a la reducción de la carga para las inspectoras laborales, cabe recalcar que no es un mecanismo pensado para sustituir a las inspecciones laborales y que no debería hacerlo.
Lo que sabemos de la industria indumentaria en Guanajuato
La información disponible sobre la inspección laboral en Guanajuato proporciona un primer vistazo a la situación, pero no nos permite realizar un análisis más detallado o desagregado para comprender a detalle lo que está sucediendo en distintas ramas económicas. Uno de los principales objetivos del informe, sin embargo, fue precisamente poner el foco en la situación particular de la industria indumentaria, un sector económico que juega un rol significativo en la región.
Este sector se caracteriza por una alta presencia de mano de obra femenina, con un 66.24% de trabajadoras y un 33.77% de trabajadores hombres.[5] Además, es importante señalar que la industria indumentaria se distingue por una concentración de salarios bajos, lo que refleja las condiciones precarias que enfrenta gran parte de su fuerza laboral. Este panorama resalta la necesidad urgente de atención y de políticas que mejoren tanto las condiciones laborales como la igualdad de género en este ámbito.
La información que encontramos sobre la industria indumentaria en Guanajuato no es tan amplia como nos gustaría, pues los datos disponibles son limitados y no nos permiten conocer la situación de esta industria a detalle. Sabemos, por ejemplo, que se han realizado pocas inspecciones a la industria textil. En 2023 se reportaron únicamente tres inspecciones ordinarias en esta rama, y no se registraron inspecciones adicionales en el resto del periodo 2015 a 2023. Además, no se reportó información alguna sobre inspecciones extraordinarias, de asesoría y asistencia, corroboración de datos, supervisión o verificación. De igual manera, no obtuvimos información específica sobre inspecciones dirigidas al cumplimiento de la NOM-035 ni sobre aquellas relacionadas con la violencia laboral.
Esta falta de datos deja un vacío informativo que dificulta conocer el estado de la inspección laboral en la industria textil, un panorama que es aún más preocupante en la industria de la confección. En este último sector, la información es todavía más escasa, lo que nos impide obtener cualquier tipo de diagnóstico o comprensión sobre lo que realmente está ocurriendo en cuanto a la inspección laboral en esta industria.
Aunque en Guanajuato se ha avanzado significativamente en términos de inspección laboral, queda un largo camino por recorrer para asegurar que esta sea una herramienta que ayude a garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en la entidad. La efectividad de la inspección depende de una serie de factores cruciales, como la asignación de presupuesto, la disponibilidad de personal capacitado, la calidad de las capacitaciones impartidas y la correcta recopilación y registro de la información. Para fortalecer la inspección laboral en Guanajuato es fundamental abordar ciertos puntos clave, como la necesidad de transparentar el uso de los recursos destinados a estas actividades, asegurando que los fondos se utilicen de manera eficiente y que los resultados sean verificables. Además, resulta imprescindible aumentar el número de plazas para inspectoras e inspectores, garantizando la paridad de género en su asignación y distribuyéndoles de manera equitativa en los municipios, de modo que se evite la concentración de inspecciones en ciertas localidades y se logre una cobertura más amplia y justa en todo el estado.
Otro aspecto fundamental para mejorar la inspección laboral en Guanajuato es la actualización continua del personal en las últimas reformas laborales, con un enfoque particular en el Convenio 190 de la OIT, la protección de grupos vulnerables y la regulación del empleo informal y la subcontratación. La capacitación debe ser constante y adaptada a los cambios normativos, asegurando que los inspectores cuenten con los conocimientos necesarios para abordar adecuadamente las nuevas problemáticas del mercado laboral. Además, se recomienda mejorar el registro y seguimiento de las inspecciones realizadas, documentando la frecuencia, tipo de inspección, los motivos de las visitas y las violaciones detectadas. Esto permitirá desarrollar indicadores claros y actualizados sobre el estado del cumplimiento de la normativa laboral y facilitará la toma de decisiones informadas sobre las áreas que requieren mayor atención. Igualmente, es necesario llevar a cabo operativos específicos para verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la violencia y el acoso en el empleo, tanto las que establece el Convenio núm. 190 como las incluidas en la NOM-035, con el fin de crear un entorno laboral más seguro y justo para todas las personas trabajadoras.
El posicionamiento de la inspección laboral tanto en Guanajuato como en el resto del país debe ir de la mano con el fortalecimiento de las organizaciones civiles, ya que su participación en la construcción de protocolos y evaluación de mecanismos que contribuyen a la equidad, igualdad y acceso a los derechos constitucionales y humanos en distintas dimensiones es crucial. La mirada crítica de las organizaciones no gubernamentales permite monitorear con mayor certeza las distintas realidades que se viven en el país. Asimismo, nos permite acceder al testimonio vivo de la experiencia de poblaciones vulneradas. Las organizaciones civiles encarnan la posibilidad de plantear nuevos valores y demandas sociales con elementos transformadores que se constituyen por nuevos movimientos sociales.[6]
Argüimos que hacer asequibles los derechos para la población, y en particular de las mujeres, no se trata de un proceso que se construye exclusivamente en el ámbito institucional. La apuesta por la inspección laboral es un ejemplo de mecanismo que requiere de la participación de múltiples actores: autoridades, personas empleadoras y personas trabajadoras. Impulsar el fortalecimiento de esta herramienta implica apostarle a una visión de los derechos laborales basada en la prevención y la detección temprana de riesgos y violaciones de derechos y supone reconocer la necesidad de un involucramiento colectivo para mejorar las condiciones laborales en México.
Daniela Martínez Rodríguez. Oficial del Área de Investigación de Intersecta. Estudió la licenciatura en Economía en el CIDE. Sus temas de interés involucran a la economía de género, la economía del desarrollo y la economía laboral. Está interesada en cuantificar a través de los datos las desigualdades que atraviesan a las mujeres.
Marisa Josefina Valadez Montes. Doctora en Estudios Interdisciplinarios Sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad. Profesora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Colaboradora del área de investigación del Colectivo Raíz A.C.
Grecia Lorena Valencia Arcos. Licenciada en Sociología, maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas (Beca Conacyt) y doctoranda en Estudios Socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como Becaria Conacyt (2022-2025). Actualmente labora en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; colabora desde el 2021 como coordinadora en el área de investigación y proyectos del Colectivo Raíz de Aguascalientes A.C.
[1] ENOE 2024
[2] OIT (Enero,2025) C190 – Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019
https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
[3] Para más información véase: https://www.intersecta.org/posts/inspeccionando-la-inspeccion-en-mexico-el-caso-de-la-industria-indumentaria
[4] Véase “Los derechos laborales: la inspección como apuesta para su protección”.
[5] ENOE 2024
[6] Andrew Arato. La sociedad civil: de la teoría a la realidad, 1999.