El sismo del pasado martes 19 de septiembre significó una fuerte sacudida a los cimientos de la sociedad de ciudad de México, con claras repercusiones a nivel nacional al menos en dos aspectos claves: la profunda solidaridad y empatía que ha surgido entre los “mexicanos de a pie”, junto con un recrudecimiento del sentimiento de enojo con las distintas autoridades.
El amparo que “detuvo” las labores de búsqueda y rescate del sismo
En respuesta, un integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos optó por interponer un amparo a beneficio de la persona que se encontraba atrapada, con el fin de que se ordenara a la autoridad administrativa, encargada de labor, actuara de manera razonable buscando privilegiar la vida de esta persona atrapada en el lugar.
Sentencias que no se cumplen: el derecho de papel y la justicia que no llega
Hoy el Poder Judicial y, en concreto, la Suprema Corte, tienen una oportunidad histórica para fortalecer el Estado democrático de derecho, para hacer que el derecho trascienda del papel y que se materialice para mejorar la vida de las personas. De nada nos sirve a la sociedad mexicana una Constitución de papel que sólo sirva para ponerse debajo de la pata coja de la mesa.
Derecho y Tecnología · Día a Día
La dificultad de regular el uso de las TIC en el centro de trabajo
A principios de 2016, la Cámara de la Cuarta Sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que una norma contenida en un reglamento interior de trabajo que prohibía el uso de los equipos de cómputo para fines personales era suficiente para justificar un despido ejecutado por una empresa rumana al descubrir que el trabajador había utilizado un servicio de mensajería instantánea a través de una computadora de la compañía para tener conversaciones privadas.
El acoso laboral y su fallida regulación en México
Las distintas dimensiones en las que puede suceder este tipo de acoso demuestran la poca precisión y conocimiento que ambas instituciones del Estado tienen sobre el problema. Sin duda, el acoso laboral es un tema complejo que requiere de un consenso entre ambos poderes para poder proteger y garantizar justicia a las víctimas. Por ello, urge que tanto los jueces como legisladores definan de manera puntual acoso laboral, así como acoso sexual en el ámbito laboral, con el fin de establecer la primera piedra para garantizar una plena protección a los trabajadores.
El Congreso acéfalo: algunas posibles consecuencias jurídicas
El pasado 31 de agosto, por primera vez en la historia de este Congreso, el Pleno de la Cámara de Diputados no alcanzó los acuerdos necesarios para la integración de su Mesa Directiva. Esta situación generó especulaciones, interpretaciones normativas y un amplio debate al interior de la Cámara baja respecto a las consecuencias de no contar con el órgano de gobierno, de máxima conducción parlamentaria.
Límites y desafíos de la democracia mexicana
Las conclusiones que se pueden obtener del análisis son que debemos reconocer la existencia del problema para poder combatirlo por la vía administrativa y no la legislativa. Aunque todavía sea muy pronto para predecir los resultados, es importante considerar las fórmulas que vayan utilizar las autoridades para hacer atractiva la participación de los ciudadanos y sus aportaciones para la agenda y los foros de cultura cívica.
La Suprema Corte y la constitucionalidad de #SinVotoNoHayDinero
Así, cuando las reformas lideradas por el diputado independiente Pedro Kumamoto pretendían reducir los gastos electorales —a partir de la modificación de la fórmula con la que se destinan los recursos estatales en Jalisco para los partidos políticos con registro nacional—, lo proyectado por Pardo declaraba la inconstitucionalidad de la propuesta, pues a su entender el nuevo modelo no resultaba acorde con la Constitución federal ni con la Ley General de Partidos Políticos.
Daños punitivos o el atinado reentendimiento de la Corte del daño moral
Esta sentencia de la Suprema Corte es valiosa y sienta un gran precedente para futuras controversias por daño moral porque no se limita a calcular una cantidad de dinero para efectos de reparar la afectación a la esfera jurídica de los ofendidos, sino que se tomaron en cuenta tanto los derechos lesionados como la capacidad económica del responsable.
Sobre la tarifa cero. Los alcances del proyecto del ministro Laynez
La cuestión a resolver, a partir de la demanda de amparo presentada por Radiomóvil Dipsa, S. A de C. V (Telcel), será fundamentalmente la siguiente: si al aprobarse la Ley el Congreso invadió la competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones o; dicho en otros términos, si el establecimiento de tarifas por interconexión le corresponde al IFT y no al Congreso.