La semana pasada inició el proceso sucesorio de la presidencia de la Suprema Corte y con ello la competencia por los votos. Seis aspirantes se registraron para la contienda y presentaron un plan de trabajo.[i] El cual ofrece las coordenadas de lo que cada uno de ellos haría si es que es electo, la concepción que tienen de la presidencia misma, así como los retos actuales del poder judicial.
¿Por qué ser presidente de la Suprema Corte?
Partiendo de lo anterior, y en la víspera de la elección de un nuevo presidente de la Corte, vale la pena retomar el debate: ¿acaso la presidencia de la Corte es un cargo administrativo que diluye la influencia de su detentador en las decisiones de fondo? Si esto es así, entonces, ¿para qué aspirar a este puesto? En cuanto a la primera pregunta, adelanto mi respuesta: no, no es así. Si bien la Presidencia se asocia directamente con varias facultades administrativas, una mirada más fina permite entrever que muchas de éstas tienen una incidencia muy significativa en temas jurisdiccionales
¿Cómo entiende la Corte los derechos humanos? Informe septiembre 2014
El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en septiembre de 2014.
Reforma constitucional, movilidad y protesta social. Un análisis
En primer lugar, debo decir que no es una mala reforma. Y con esto me refiero a que en verdad no es malintencionada, sino al contrario. La reforma, como su motivación y marco de justificación, es concorde a la Declaración de Derechos Humanos Emergentes reformada y aprobada por distintos miembros de la sociedad civil internacional (ONG’s y promotores de derechos humanos).
Ayotzinapa: ¿Es responsable jurídicamente Peña Nieto?
La desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, sin duda ha causado una ola impresionante de reacciones de todo tipo, que ha cobrado trascendencia internacional y que ha llevado a políticos, celebridades, artistas, intelectuales y ciudadanos a opinar al respecto. En ese contexto, me interesa contribuir, desde un punto de vista jurídico, a una discusión muy importante: ¿Quién es responsable? Responsable, ¿de qué?
¿Fue el Estado? Una respuesta desde el derecho internacional
En el presente caso, los hechos fueron ejecutados por autoridades municipales. El municipio es una entidad que tiene la calidad de órgano de acuerdo al artículo 115 constitucional. Por tanto, sin lugar a duda, fue el Estado. Aquel que diga lo contrario, es porque no está argumentando desde el derecho internacional o porque no entiende el derecho internacional.
Tlatlaya o el uso inconstitucional de las fuerzas armadas
Las fuerzas armadas están sujetas a los controles democráticos como cualquier otro ente público. No obstante, por su carácter bélico, sus límites deben ser estrictamente definidos para evitar el abuso y la violación de derechos humanos. Tlatlaya no sólo debe generar indignación, sino que debe servir como precedente para replantear la discusión sobre la posición constitucional de los elementos militares.
Nuevo presidente de la CNDH, ¿triunfo de la sociedad civil?
En medio de quejas y críticas por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, la semana pasada se designó a Luis Raúl González Pérez como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lugar de Raúl Plascencia, quien buscaba la reelección. Para algunos grupos, la salida de Plascencia es interpretada como un triunfo de la sociedad civil, mientras que otros piden no “personalizar” la situación de la CNDH.
Una discusión aún pendiente: la desaparición de poderes
…la desaparición de poderes es una herramienta de intervención federal en los casos en los que se rompa el orden jurídico en un estado, debe quedar claro que el funcionamiento físico de los poderes locales es irrelevante para el uso de la facultad. Que una secretaria del Congreso local conteste el teléfono o que el valet parking acomode los coches en la casa del gobernador, no demuestran que exista plena vigencia en el orden jurídico de un estado. Por eso la discusión ha sido superficial, y por eso la sustitución de Ángel Aguirre no desecha la posibilidad de desaparecer a los poderes de Guerrero.
El futuro de la consulta popular
Este primer ejercicio de involucrar a la Suprema Corte en el análisis de la viabilidad constitucional de la consulta popular, arrojó resultados que merecen y reclaman tanto atención como reflexión por parte de los impartidores de justicia, especialmente de los mismos ministros. No son pocos quienes han sostenido que la intención del legislador fue fijar estas trabas para que resultase prácticamente imposible el ejercicio de este derecho. No obstante, es labor precisamente de un tribunal constitucional destrabar las redacciones normativas que pudieran resultar lesivas al ejercicio de los derechos.