Esto no quiere decir que no haya motivos para criticar, por ejemplo, la propuesta de seleccionar a los ministros de la Suprema Corte por elección popular —puede haber muchos. Pero el argumento de la politización no solamente falla, sino que malentiende la naturaleza del poder judicial con una versión de éste que es, en el mejor de los casos una idealización, y en el peor, una ingenuidad.
La Corte de Kenia y los derechos laborales de los moderadores de contenidos digitales
En México, como en el resto del sur global, requerimos que nuestros legisladores, en especial aquellos que apoyan a la clase obrera, promuevan legislaciones que faciliten a los trabajadores establecer su situación laboral. Asimismo, es necesario legislación laboral que facilite la sindicalización de los trabajadores de las plataformas. A mayor cobertura sindical, más pronto es posible llegar a acuerdos sectoriales que garanticen una remuneración justa y condiciones laborales dignas en el sector.
La detención del fiscal del estado de Morelos frente al federalismo y la división de poderes
La determinación del ministro instructor vulnera la finalidad y objeto de la controversia constitucional como ha sido reconocido por las jurisprudencias fundantes de este medio de control, por lo que poner de pretexto la última y forzada reforma al artículo 105 de la Constitución sólo reduce el ámbito de la vía de control de manera artificial frente a los conflictos reales que se presentan entre autoridades de los diversos ordenes establecidos en el texto constitucional.
La Suprema Corte frente a la opacidad de las fuerzas armadas
Sin duda, la determinación de la SCJN privilegia la transparencia y la rendición de cuentas de una institución que se caracteriza precisamente por su opacidad. No obstante, el camino por recorrer es aún largo, pues la evolución patrimonial de veintitrés ingenieros militares encargados de la construcción del AIFA es apenas una pequeña parte del universo de fuentes de posible enriquecimiento de las Fuerzas Armadas, que no agotan con la construcción del AIFA, la Secretaría de la Defensa Nacional también tienen a su cargo la construcción del Aeropuerto de Tulum. La ampliación y mejora de los aeropuertos de Chetumal y Palenque y la administración, operación y explotación de todos ellos, así como la operación de una aerolínea comercial y la construcción del Tren Maya.
La Suprema Corte y el mínimo presupuestal para víctimas
Para la sesión del próximo 9 de agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha listado el amparo en revisión 675/2022, promovido por el Centro Prodh contra la reforma a la Ley General de Víctimas que eliminó la obligación de dotar un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para cubrir exclusivamente gastos de reparación integral, medidas de ayuda y de asistencia para víctimas.
Caso Brítez Arce vs. Argentina: la violencia obstétrica en el sistema interamericano
El reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica en el ámbito jurídico permite delinear cuáles son los deberes estatales que se desprenden del mismo, quiénes son las personas titulares e identificar a las autoridades e instituciones encargadas de cumplirlo. Lo anterior marca la pauta para su garantía y contribuye al mismo tiempo a su justiciabilidad en la esfera nacional e internacional. En este contexto, cobra relevancia la reciente sentencia del caso Brítez Arce y otros vs. Argentina emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que por primera vez el tribunal interamericano se pronunció sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia obstétrica en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Día a Día · Justicia electoral
Los lineamientos del INE: la victoria de la simulación
En suma, los lineamientos contienen reiteraciones de disposiciones generales que ya se encontraban vigentes y únicamente evidencian el agotamiento de nuestro modelo electoral en dos temas fundamentales: la propaganda y la ruta del dinero. Son esquemas que se han reducido, en vez de un freno a la simulación, en una convalidación de la misma. Y, por lo mismo, sí, necesitamos una reforma electoral —una buena reforma electoral— que modernice un sistema ya rebasado. Pero mientras tanto, necesitamos de autoridades dispuestas a sancionar a quienes quebranten la ley y; a su vez, actores políticos que estén preocupados por acatar las reglas y no por encontrar formas “inéditas” de violar las disposiciones vigentes.
Día a Día · Justicia electoral
La relevancia de las sentencias en mecanismos inéditos de participación política
La solución adoptada por la Sala Superior del TEPJF reconoce que los partidos políticos están desarrollando procesos políticos de decisión que buscan involucrar a su militancia y a la ciudadanía en la generación de liderazgos para el próximo proceso electoral 2023-2024, situación que puede vulnerar la equidad de la contienda si se permite su desarrollo sin regulación alguna, cuando la actual legislación no la prevé o es deficiente. Por supuesto hay límites jurisprudenciales, constitucionales y legales preexistentes y aplicables.