El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado una doctrina robusta en materia de violaciones al procedimiento legislativo, con base en la cual se han invalidado distintas leyes muy relevantes para el gobierno en turno. El último caso fue la legislación electoral conocida como el Plan B, integrado por dos decretos legislativos. En lo que sigue, desarrollaré brevemente las razones por las cuales consideró que esa doctrina es trasladable al juicio de amparo y porqué puede servir de premisa para apreciar la apariencia del buen derecho y lograr la concesión de la suspensión en su modalidad de tutela anticipada.

Este miércoles 27 de septiembre se podría empezar a ver la luz al final del túnel de las consultas, pues es cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene listado para discusión el proyecto de sentencia por la que se confirma el amparo y protección de la justicia federal a seis empresas quejosas en contra del decreto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Este proyecto fue preparado en la ponencia del ministro Laynez Potisek, mismo que se dio a conocer el pasado 8 de septiembre. Ojalá que esta semana la Suprema Corte siga consolidándose como el bastión de defensa del Estado constitucional y democrático de derecho ante las constantes tentativas de atropello a las libertades fundamentales protagonizadas por el presidente de la República y la mayoría parlamentaria que lo respalda. Cualquier transformación de la vida pública de México será constitucional… o no será.

Pareciera que en los últimos meses el reflector de las decisiones y deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha centrado en qué tanto favorecen o contrarían las decisiones de política pública que ha impulsado el proyecto político que encabeza el actual presidente de México y su fracción parlamentaria mayoritaria en el Poder Legislativo. Sin embargo, hay determinaciones del tribunal constitucional mexicano que son pequeños pasos hacia delante en la garantía y protección de los derechos humanos que debemos destacar y analizar.

Contra dicha resolución se presentó recurso de revisión que fue atraído por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este asunto presenta la oportunidad de abordar cómo ha de protegerse los derechos de los animales bajo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué sigue? Tras ser atraído el asunto, se debe turnar el asunto a una ministra o ministro instructor quien será el encargado de elaborar el proyecto. En este asunto el tiempo es crucial en tanto que con cada día que pasa la situación de la elefanta Ely puede ir empeorando.

Si el caso Cassez se erigió como una sentencia emblemática y disuasoria que retrataba la mala fe policial y ministerial en el contexto de las funciones ejercidas por las autoridades de investigación y de seguridad pública del orden federal apenas en el año 2005. El caso de Duda razonable (ocurrido diez años después) vino a confirmar que una sola sentencia —como una sola golondrina— no puede hacer verano; aun en el contexto de un sistema penal nuevo existen riesgos latentes de germinar malas prácticas en las instituciones. En ambos casos, la resolución no logró jurisprudencia obligatoria.

El 6 de septiembre de 2023, la Primera Sala analizó el amparo promovido por GIRE en contra del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal por el Código Penal Federal que sigue criminalizando, en sus artículos 329 a 334, a toda mujer y persona con capacidad de gestar que decida libremente terminar con su embarazo. En dicha decisión, la Corte reconoció que GIRE, como una organización que se dedica a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, tiene un interés legítimo para promover un amparo de esta naturaleza. Y reconoció, una vez más, que las disposiciones que criminalizan de forma absoluta el derecho a decidir sobre el aborto son inconstitucionales.

Esto no quiere decir que no haya motivos para criticar, por ejemplo, la propuesta de seleccionar a los ministros de la Suprema Corte por elección popular —puede haber muchos. Pero el argumento de la politización no solamente falla, sino que malentiende la naturaleza del poder judicial con una versión de éste que es, en el mejor de los casos una idealización, y en el peor, una ingenuidad.