El 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se trata de la primera parte del Plan B de la reforma electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta primera parte de la reforma fue impugnada a través de tres acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos y ambas cámaras del Congreso. Por acuerdo de 20 de febrero de 2023, el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, suspendió dicho decreto. Aquí analizamos los alcances y el contexto de esta importante medida cautelar para preservar aspectos medulares de nuestro sistema electoral mientras se decide el fondo de tales impugnaciones.
Poder judicial digital
El mundo ha iniciado ya el tránsito hacia un nuevo sistema de justicia digital. En estas líneas hablaremos acerca de sus orígenes, principales características, avances y objetivos, así como las ventajas que pueden generar para nuestro sistema de justicia.
El juicio de amparo y la suspensión con efectos restitutorios definitivos
Recientemente un tribunal colegiado de circuito emitió una jurisprudencia en la que estableció que no es posible conceder la suspensión del acto reclamado cuando en el juicio de amparo se combate la violación al derecho de petición, toda vez que la medida cautelar otorgaría al quejoso un beneficio definitivo, dejando sin materia el medio de control constitucional. Como se ve, el argumento central del tribunal radica en que la suspensión del acto reclamado no concedería al demandante un beneficio provisional, sino permanente, coincidiendo con una eventual sentencia en que se otorgara el amparo, agotando la materia del juicio constitucional.Considero que este criterio, así como otros parecidos, debe ser superado, toda vez que imposibilita que el juicio de amparo se consolide como un verdadero medio de defensa en contra de violaciones a derechos humanos.
Derecho y Tecnología · Día a Día
Likes para el narco: redes sociales y crimen organizado
No es ningún secreto que los cárteles mexicanos se han convertido en entidades con capacidades de llevar a cabo operaciones de inteligencia e información altamente sofisticadas diseñadas para alcanzar fines específicos. Al respecto, consideramos que es posible clasificar los fines que persiguen en redes sociales y otras plataformas digitales en al menos tres categorías: 1. Infundir miedo y suprimir reacciones negativas; 2. Reclutamiento; y 3. Control de la narrativa.
Israel y su reforma judicial
El sábado 21 de enero de 2023, más de cien mil personas se reunieron en Kikar Rabin, la célebre plaza en el corazón de Tel Aviv, para manifestarse en contra de las reformas al poder judicial que pretende poner en marcha la nueva administración de Benjamin Netanyahu. No es un tema menor, pues con dichas reformas se pretende limitar el actuar del poder judicial; en particular, de la Suprema Corte de Israel. La nueva administración israelí — caracterizada por su fuerte orientación a la derecha política — ha hecho pública su intención de limitar el poder de la Suprema Corte, de tal forma que sus decisiones puedan ser revocadas por voto de una mayoría simple del parlamento (Knesset), así como en la composición misma de la Corte, otorgando más control al gobierno en la designación de los jueces que la conforman.
El plagio en la UNAM: una ventana de oportunidad regulatoria
La reciente revelación de una red de plagios de tesis profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hace 35 años, al margen de la relevancia de las personas involucradas y de que se determine qué sucedió, deja otras reflexiones sobre la necesidad de fortalecer la cultura de ética académica en la UNAM a la vez de implementar mecanismos eficaces para sancionar su inobservancia.
Día a Día · Justicia electoral
En la legitimidad de los procesos electorales, al final están los principios
El sentido de la justicia constitucional electoral es identificar aquellas conductas que en trasgresión a las normas electorales vulneran la Constitución y, en su función de salvaguarda, restituir el orden constitucional, al determinar una consecuencia jurídica a quien aun con la comisión del ilícito constitucional electoral pretenda desempeñar un cargo público, del cual ha protestado cumplir el texto constitucional. Si bien la ley no reconoce esta previsión, la respuesta está a la vuelta de todas las esquinas, la integridad de los procesos electorales garantiza la legitimidad del ejercicio del poder público; dicho de otro modo, al final están los principios, a los cuales debe recurrir el juez constitucional.
La demanda de México contra fabricantes y vendedores de armas en EE. UU y el estándar de complicidad empresarial por violaciones a los derechos humanos
Recientemente, el juez de la corte de distrito de EE. UU. desestimó la demanda contra Smith & Wesson, y el gobierno de México ha anunciado que tiene previsto apelar esa decisión. El argumento principal de México en esta demanda de responsabilidad civil es que las empresas señaladas suministran armas con conocimiento de que serán traficadas inmediatamente por la frontera para la comisión de actos ilícitos y violentos en manos de los cárteles. Por tanto, México reclama los daños y perjuicios derivados de la facilitación del tráfico ilícito de armas. El modelo de este litigio es innovador dado que busca aclarar las normas jurídicas que permiten responsabilizar a las empresas por facilitar daños graves en un contexto transnacional.
El plan B de la reforma electoral y sus medios de impugnación
El pasado 28 de diciembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la primera parte del denominado plan B de la reforma electoral, que modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa. En breve, este ajuste posibilitó, bajo el argumento del ejercicio de la libertad de expresión, que los servidores públicos realicen propaganda gubernamental sin limitación alguna durante los procesos electorales. Asimismo, es inminente la aprobación por parte del Senado del resto de este plan B, que aborda diversas cuestiones que repercutirán negativamente en el sistema electoral. En este contexto, resulta de suma importante mencionar los medios de impugnación idóneos y pertinentes para controvertir en su momento estas reformas legales y sus efectos.
Derecho y Tecnología · Día a Día
Las nuevas tecnologías y el trabajo: el reto de la flexibilidad con seguridad social
Las plataformas digitales que, desde mucho antes de la pandemia de covid-19, se venían utilizando para transporte, compras y entregas de diversos bienes y alimentos, limpieza de casas e, incluso, servicios de belleza, han tenido un crecimiento exponencial. Es innegable que éstas nos aportan una gran cantidad de beneficios sociales y económicos, no únicamente para aquéllos que han acudido a tales aplicaciones para pedir comida o transportarse sino para prestadores de servicios, restaurantes, empresas, el Estado y la sociedad en su conjunto. Es debido a este crecimiento que la discusión sobre cómo regular el trabajo a través de plataformas se ha puesto en la mira de diversas figuras nacionales e internacionales.