El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

Concluimos diciendo que no vemos razones suficientes para realizar la fusión pretendida y que el argumento de ahorro y austeridad es, en el mejor de los casos, un recurso retórico que no generará los beneficios augurados por la iniciativa. Al contrario, consideramos que es en extremo delicado reunir en una sola instancia tal volumen de materias, con las competencias y atribuciones correspondientes y, sobre todo, vemos un peligro sustantivo de cooptación política en la designación de los potenciales consejeros y con la desaparición del comité de evaluación y el examen de conocimientos. No es, por tanto, eficiencia o ahorro lo que se pretende con esta iniciativa. En cambio, lo que parece buscar, es controlar a los reguladores.

El uso de recursos públicos a través de fideicomisos resulta muy útil por las siguientes razones: los recursos depositados en estos instrumentos financieros escapan al principio de anualidad que obliga a las instituciones gubernamentales a regresar el dinero que no se ha ejercido en el transcurso del año fiscal. Al contrario, los recursos de los fideicomisos permanecen en estos instrumentos y, pueden incrementarse, generar rendimientos y constituir un patrimonio autónomo.

Si nos viéramos forzados a elegir el caso más importante resuelto por el pleno de la Suprema Corte en el mes de mayo de 2020, sin duda no sería sobre el que me referiré en este texto. En plena pandemia y sesiones públicas por videoconferencia, la acción de inconstitucionalidad 112/2019, respecto de la validez del decreto de reforma constitucional que amplió la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California, acaparó las luces y la atención mediática alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, días después, el pleno resolvió un asunto de enorme relevancia.

Este 3 de junio de 2020, la Primera Sala de la SCJN tendrá en sus manos la oportunidad de declarar inconstitucional la omisión de censar a una población marginada, vulnerable e invisibilizada no infrecuente desafortunadamente en nuestro país: los asentamientos informales. Y que hasta ahora el INEGI se deslinda de su responsabilidad de censar también a este tipo de poblaciones a pesar de estar obligado a ella.

Como respuesta, en sesión privada del 27 de mayo, la mayoría del Pleno de la Sala Superior del TEPJF aprobó por mayoría el acuerdo general 5/2020, por el cual se habilita la presentación en línea de las demandas de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. Motivados por nuestro voto particular, presentamos aquí una reflexión en torno a qué debe incluir un auténtico sistema de justicia electoral en línea como una política pública permanente, funcional y garante del derecho de acceso a la justicia.

Un médico y una médica, ambos cirujanos, recibieron la orden de atender posibles pacientes con COVID-19 sin estar capacitados ni tener equipamiento para ello. Se les indicó que sólo se les proporcionarían EPP hasta que existieran contagios confirmados. Ante ello, presentaron un amparo y reclamaron violación a los derechos a la vida, al trabajo en su vertiente de libre elección y condiciones satisfactorias de seguridad, así como el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, sus elementos de disponibilidad y calidad en la vertiente de acceso y disponibilidad de equipos de protección para el COVID-19, así como al uso máximo de recursos disponibles para garantizar la salud y la vida.

El modelo de comunicación política constituye la arena donde se verifica el juego político y electoral, por lo que es un baluarte institucional del Estado mexicano en el que converge la relación de diversos actores políticos: partidos, candidatos, medios de comunicación, el poder público y la ciudadanía. Pretender modificar su régimen constitucional y legal a partir de un decreto presidencial, más allá de vulnerar el principio de legalidad afectaría el propio sistema electoral porque incidiría en las prerrogativas de acceso a los medios de comunicación de los partidos y candidatos y en el derecho a la información política por parte de la ciudadanía que se encuentran garantizados en la ley fundamental.

¿Cuáles son los riesgos, en el contexto del COVID-19, para los migrantes que esperan en México lograr cruzar finalmente a Estados Unidos? La respuesta lógica es que un sólo caso de contagio supone un riesgo de propagación enorme. Conviene recordar que cada vez están llegando más personas a estos campamentos.