El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional (SEN), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19. Días después, determinó a su vez suspender todas las pruebas pre-operativas de centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas. Tales decisiones, no obstante, presentan varias irregularidades jurídicas.
La Suprema Corte y el fraude constitucional de Bonilla
Por fin, se resolvió el famoso asunto conocido como Ley Bonilla. Como se sabe, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Franco fue elogiado y apoyado por unanimidad. Las redes se inundaron de aplausos, algunos editorialistas se llenaron de júbilo y, con el pecho inflamado, repetían “Hay Corte”, “Habemus Corte”, “Existe la división de poderes”. Algo de la reacción dice mucho sobre el espíritu de nuestros tiempos. Como se mencionó en este espacio, la reforma fue tan burda que, en verdad, desde cualquier óptica era un atentado constitucional. Pero corren tiempos en donde el derecho ha sido tan desdeñado que hoy se celebra su correcta aplicación.
El testamento mexicano de pandemia Covid-19
Al momento de escribir estas líneas, la cifra oficial de fallecidos en México por el COVID-19 es de 5 666. Si consideráramos esta cantidad el universo total de la población mexicana y le aplicamos los datos obtenidos del registro de avisos de testamentos de la Secretaría de Gobernación, podríamos suponer que un porcentaje superior al 95 % de las víctimas murieron sin tomar decisiones sobre el destino de sus derechos y obligaciones para después de su muerte, es decir, fallecieron sin haber otorgado un testamento.
Origen y sentido de la medida de extraordinaria en salud: el Consejo de Salubridad General
El 19 de enero de 1917, durante la 50.ª sesión ordinaria del congreso constituyente, el diputado José María Rodríguez y Rodríguez presentó la iniciativa para adicionar la fracción XVI del artículo 73 y crear el Consejo de Salubridad General.
La inconstitucionalidad del decreto presidencial sobre tiempos fiscales de los medios de comunicación
El 23 de abril pasado, se publicó en el diario oficial un decreto por el cual el ejecutivo federal autoriza las nuevas condiciones a partir de las cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá recibir, de los concesionarios de estaciones de radio y televisión, el pago del impuesto que grava el importe total de sus ingresos por la explotación comercial de sus concesiones. La disminución de estos tiempos, conocidos como “fiscales”, tendrá un efecto perjudicial al tiempo que corresponde administrar el INE, destinado a sus propios fines.
El presidente López Obrador contra la Constitución
El presidente López Obrador ha impulsado una serie medidas con la presunta finalidad de enfrentar la inminente crisis económica que viene para México. Sin embargo, una decisión en particular representa un peligro serio de cara al principio de división de poderes o sistema de pesos y contrapesos que una democracia exige. Nos referimos al decreto presidencial con medidas de austeridad publicado en el diario oficial de la federación el pasado 23 de abril de 2020 y a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) enviada a la cámara de diputados en esa misma fecha.
La reforma sobre violencia política de género
A mediados de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma sobre violencia política de género que comprende a diversas leyes en México, y que tendrá un impacto significativo en la vida político-electoral del país, particularmente en los procesos electorales por venir. Probablemente debido a la cantidad de información relacionada con la pandemia por el COVID-19 y la crisis internacional por los precios del petróleo, el tema tuvo poca difusión en los medios de comunicación.
La militarización de la seguridad pública
En el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 2020 se publicó un “acuerdo” del presidente de la República, refrendado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual se ordena la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta el mes de marzo del año 2024.
Ley minera y derechos de los pueblos indígenas: ¿inconexos o indisociables?
El día de hoy —13 de mayo de 2020— la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto de resolución del amparo en revisión 928/2019, a cargo de la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek. El asunto que analiza una pretensión de inconstitucionalidad de la ley minera es de suma trascendencia para los derechos de los pueblos indígenas en el país y sin embargo, el proyecto de sentencia afirma que “simple y sencillamente el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados”. Por tanto, la segunda sala propone negar el amparo solicitado en lo relativo a la inconstitucionalidad de la ley minera por falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos indígenas.
La Suprema Corte y su decisión a favor de una prisión preventiva sin límites
Con el resultado de la CT 155/2019 se mantiene el status quo de la excepcionalidad de ciertos delitos sobre la prisión preventiva oficiosa y, por consiguiente, la visión de un sistema meta legal dentro del proceso penal. La SCJN perdió una valiosa oportunidad de revalorar el papel de la prisión preventiva oficiosa, normaliza la excepcionalidad del uso de la prisión preventiva oficiosa y legitima el régimen de excepción creado en dirección opuesta al texto constitucional. El panorama no es nada halagüeño, el faro de esperanza descansa en una interpretación que abrace la jurisprudencia de la CorIDH y su visión restrictiva del uso de la prisión preventiva oficiosa.