Con independencia de la polémica suscitada por la decisión finalmente adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior; paralelamente, se ha generado cierto desconcierto respecto de las razones para anular o validar esa elección. Concretamente respecto de la conveniencia de recurrir a una figura jurídica propia del derecho penal para aplicarla en materia electoral. Ello porque se alega que las normas electorales, no están diseñadas para cumplir con un canon de juicio criminal, ni que el proceso electoral pueda o deba llevarse a ese extremo.
Tomarse la violencia política de género en serio
En una desafortunada interpretación del llamado principio de determinancia en materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión de la Sala Ciudad de México de anular la elección para la alcaldía de Coyoacán. Lo que distingue a este caso de otras revocaciones recientes de la Sala Superior es el hecho de que en la instancia regional se habían hecho valer elementos constitutivos de violencia política de género.
Caso Selvas Gómez y otras: a casi diez años de campo algodonero
A casi diez años de haberse emitido la sentencia del caso González y Otras, mejor conocida como Campo Algodonero, México está siendo juzgado nuevamente ante la Corte IDH por un asunto que, entre otros aspectos, está relacionado con la violencia cometida por razones de género. Si bien es cierto que en la actualidad puede decirse que existe un andamiaje jurídico robusto en materia de igualdad y prohibición de discriminación; al igual que elementos para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; y que el Estado mexicano ha destinado una gran cantidad de recursos humanos y económicos para atender esta problemática, la deuda no solo continúa pendiente, sino que se ha incrementado.
Después del 2018, ¿hacia dónde va la fiscalización electoral en México?
México ha recorrido un largo camino para lograr la transición a la democracia que se ha ido consolidando a lo largo de más de tres décadas. Inicialmente, las grandes preocupaciones eran contar con una autoridad electoral imparcial, con un padrón electoral confiable y con resultados transparentes y documentados. Sin embargo, hemos observado que, al menos desde las elecciones federales del año 2000, el tema del financiamiento público y privado de las campañas políticas ha sido cada vez más observado y controvertido.
Caso ¿Y si los niños fueran candidatos?: entre la libertad de expresión y la equidad electoral
El pasado 24 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el expediente SUP-REP-594/2018 y acumulados. En dicho asunto una asociación civil, así como diversas concesionarias de radio y televisión, impugnaron la sanción que les impuso la Sala Regional Especializada del TEPJF por haber incurrido en la infracción consistente en haber contratado propaganda electoral en radio y televisión dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos.
Castillo sin puertas. Apuntes legales para entender el tiempo
Actualmente se presenta en México la exposición Castillo sin puertas. Apuntes legales para entender el tiempo del artista cubano Reynier Leyva (La Habana, 1983). Las obras que conforman esta exposición fueron elaboradas durante la residencia que realizó este magnífico artista en La Tallera con el apoyo de la galería El Apartamento y Artistas x Artistas. Reynier transita por los laberintos de la burocracia, lo que le permite transformar trámites abstractos, imposibles, ilógicos en figuras concretas, lógicas y posibles.
¿Y si las marcas comerciales fueran candidatas? La compleja relación entre dinero y elecciones
En ese contexto de discusión, surgen los siguientes cuestionamientos sobre lo que sucede jurídicamente cuando un candidato utiliza marcas comerciales en su campaña o cuando alguna empresa, a través de su marca comercial, patrocina una candidatura. ¿A quién beneficia esta relación, a las candidaturas o a las marcas? ¿Está permitido? ¿El uso de las marcas comerciales coloca a los candidatos en una situación de ventaja desleal? ¿Se generan incentivos no deseables en el gobierno, en el caso de que el candidato vinculado con estas empresas gane las elecciones?
No, la prisión preventiva oficiosa no es la solución
¿Es una buena idea imponer prisión preventiva oficiosa para los delitos en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, extorsión, armas de fuego, robo a casa-habitación, violencia intrafamiliar y una larga lista de etcéteras? Dicho de otro modo, ¿deberían aprobarse las iniciativas que legisladores de Morena, PAN, PRI, PES y PT han presentado para reformar el 19 constitucional?
La Suprema Corte y la consulta indígena de Juchitán: entre la discriminación y el acceso a la justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un gran paso el pasado 16 de noviembre al declarar, con abrumadora mayoría, la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Con ello, se avanza no sólo en la construcción de un tribunal independiente e imparcial, sino también en la efectiva garantía de los derechos, especialmente civiles y políticos. Sin embargo, tal muestra de solidez institucional parece flaquear cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales de pueblos y comunidades indígenas, por un lado, y la actuación de empresas transnacionales, por el otro.
Paradojas de las nulidades electorales: el valor negativo del voto
El pasado 30 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, entre otras cosas, no estudiar la demanda presentada para combatir la determinación de la Sala Regional Monterrey por la que anuló los votos recibidos en una casilla, lo que tuvo como consecuencia un cambio de ganador en la elección municipal de General Zuazua, Nuevo León.