Sabroso veneno: tres errores del nuevo modelo de elección de jueces

Para mi amigo, el Magistrado Miguel Bonilla

En La Celestina, su autor, don Fernando de Rojas, se refirió al amor como “un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una deleitable dolencia, un alegre tormento, una fiera herida, una blanda muerte.”¹ Aprovecho esta idea, para esgrimir algunas razones en contra del modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros que está, a nuestro pesar, en marcha con la bendición constitucional.

La elección popular de los jueces se ha vendido como un logro democrático sin precedentes, porque será “el pueblo”, y no “las élites”, quien los elija. A primera vista, el argumento, parece atractivo, y lo seguirá siendo para todo aquel que no quiera pensar o para quien obtenga un mezquino beneficio personal; sin embargo, se trata, como el amor en La Celestina, de un sabroso veneno. Merece la pena destacar tres grandes errores en este argumento que, además de simple, es malo.

El primer error consiste en no dimensionar adecuadamente la función jurisdiccional del Estado. Hagamos un esfuerzo mínimo para recordar que antes de la revolución francesa, los jueces hacían justicia en nombre del rey, no sólo en Francia, sino en todo el mundo. El gran cambio, hijo el pensamiento ilustrado, fue la división de poderes. Así, la función judicial se separó de la legislativa y de la ejecutiva, no sólo como una cuestión orgánica (de mera división de tareas), sino con características cualitativamente distintas e, incluso, opuestas. Los incondicionales del régimen o no se dan cuenta o fingen demencia al no entender que la singularidad del poder judicial no tiene que ver con ideologías, ni partidos, ni derecha, ni izquierda, ni buenos y malos. El poder judicial de cualquier país con Estado de derecho debe cumplir con la misión de garantizar los derechos reconocidos en la legislación, por un lado, y corregir o enmendar la plana a los inevitables errores de la administración pública que lesionan el orden jurídico, por otro. Para lograrlo, el poder judicial no puede ser aliado, compinche, cómplice, deudor, vasallo, lacayo o fiel seguidor de un líder, ideología o partido. Un buen juez, incluso simpatizante de Morena, sabe que debe ser independiente de los otros poderes. Por eso creo que uno, bueno de verdad, no se presta a ser elegido por voto popular, porque no querría empezar a ejercer la jurisdicción debiendo su candidatura, su nombramiento y su sueldo a quien le allanó el camino.

El segundo error radica en creer que hacer justicia en nombre de la soberanía es lo mismo que “en nombre del pueblo”. El populismo es un viejo caballo de batalla que se ha usado una y otra vez contra la democracia, paradójicamente, en nombre de ella. Líderes con carisma malsano han sabido recoger el rencor de la gente, sus frustraciones y querellas para construir una plataforma de promesas de redención en la cual encaramarse. Cuando la nube populista se disipa, la triste realidad es que los únicos que consiguieron beneficio fueron los líderes. Es lo suyo de los populistas, pero no de los jueces. Por ello, lo que puede ser hasta cierto punto normal en la legislación o la administración, no puede serlo en la judicatura. Lo natural en un juzgador es aproximarse con agudo seso a la ley para interpretarla de la mejor manera posible, es decir, con los mejores argumentos. Esto lo distingue —lo aleja— de la política y también de eso que los populistas llaman “pueblo”. El aspirante a juez, hasta antes de la reforma, no tenía que ser un cabildero, sino un jurista sabio y experimentado. Hoy, tristemente, esas virtudes son las que menos importan, ya que lo que cuenta es la maña, el contacto, la recomendación, la promesa, el acuerdo, el compromiso. Una vez que se ha puesto la toga, el buen juez ha de dar con la mejor solución posible para los conflictos sociales, como el neurocirujano ha de hallar el tumor cerebral. Unos y otros son naturalmente impopulares porque deben prepararse más que nadie y; eso, los aleja del promedio. Esa lejanía, sin embargo, no es de clase, sino de función. El “cualquiera” aquí cobra sentido: no sólo no cualquiera puede ser juez, sino que no cualquiera debe ser juez, y eso nos conviene a todos. Hacer justicia en nombre de la soberanía del Estado es algo muy distinto. Significa hacerlo en nombre del imperio de la ley, es decir, en nombre de la autonomía personal, ya que para proteger a la persona es preciso someter el poder a las normas jurídicas. Sí, someter al poder. ¿Qué tipo de juez podría cumplir con esta hercúlea misión de mejor manera? ¿El que se preparó largamente y obtuvo su nombramiento gracias a una combinación de mérito y experiencia o el que supo meterse bajo una buena sombra política y salió en la tómbola?

El tercer error es confundir la democracia con las elecciones. El argumento aparentemente democrático de la elección popular de jueces y magistrados hace agua por todos lados. Además de simplista, es absurdo asumir que, si un funcionario no es electo, entonces su función no es democrática. La función judicial contiene un ingrediente normativo de todo punto incompatible con la idea de representación, propia de los puestos de elección popular: el deber de independencia. Los jueces tienen la obligación jurídica y también moral de no ejercer la jurisdicción de forma parcial, o velando por los intereses políticos o económicos de alguien en particular. Independiente es el juez que resuelve sólo desde el derecho. Por ello, genera suspicacia el débito natural que contraerán los nuevos jueces con la elección. Si bien los viejos jueces no eran electos popularmente, tenían más posibilidad de ser genuinamente independientes que los nuevos. Si la democracia ideal, entendida bajo la mirada de Bobbio, es la justa medida entre la libertad y la igualdad, entonces el juez más propicio para pretender alcanzarla sería el independiente, el desinteresado, el imparcial. El otro, el nombrado por las cúpulas en una farsa electoral como la que se viene será, sin duda alguna, un juez menos democrático. 

La persona que ideó el veneno de la elección de los jueces, es decir, López Obrador, no sólo terminará de aniquilar la débil democracia mexicana, sino que lo hará de forma ruin, porque el veneno, cuando es sabroso, no sólo es fatal sino también funesto.

Roberto Lara Chagoyán. Profesor del Tecnológico de Monterrey. X: rlarac@tec.mx

¹ Fernando de Rojas, La Celestina, Acto X. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. www.cervantesvirtual.com