El pasado 22 de marzo, el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, atribuyó el alza de inseguridad en la ciudad de México al nuevo sistema de justicia penal. A su juicio, la reciente liberación de 12,000 reos en la ciudad de México resultó en un aumento de las actividades delictivas no sólo a nivel local, sino inclusive nacional. Pero si bien el aumento de la delincuencia no puede adjudicarse directamente al nuevo sistema penal, también es cierto que ya se había advertido con anterioridad sobre los importantes retos en materia de reinserción penal para que el sistema resultara efectivo.

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Así, por ejemplo, Ibarra García (2016) apuntó lo ineficaz que resultaría un sistema de justicia en donde se dejara en libertad a personas acusadas como resultado de investigaciones débiles, mal procesadas y basadas en evidencias limitadas por la parte acusadora como resultado de procesos hechos al vapor ante la presión por implementar el nuevo sistema de justicia. De ahí que varios alertaron sobre el eventual costo en términos de legitimidad del sistema y el desgaste político de los jueces, dando paso a la percepción de que las garantías del sistema solo beneficiarían a los delincuentes y no a la sociedad en general.

En este sentido, previo a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, hubo diversas discusiones respecto sus alcances y efectividad real. Asociaciones como Alto al Secuestro manifestaron preocupación porque los excarcelados reincidieran aumentando así la inseguridad en el país. Otras instituciones, como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),  consideraron que esta posibilidad era poco probable. Así lo subrayó, por ejemplo, Zepeda Lecuona quien señaló aciertos de los procedimientos del nuevo sistema de justicia penal respecto el beneficio llamado suspensión de procedimiento a prueba para delitos menores. Dicho procedimiento consiste en que el acusado repare el daño a la víctima, además si en dos años no vuelve a tener un problema con la justicia, el caso se manda a archivo. “De las más de 3 mil 500 personas que han usado este mecanismo en los últimos dos años, sólo han regresado al sistema de justicia 1.8 por ciento”.  Es así que la preocupación de organizaciones como Alto al Secuestro por la implementación de las medidas de este nuevo sistema pareciera responder más a un problema de las actuales instituciones de impartición de justicia que a la ineficacia en sí del nuevo sistema. En otras palabras, se plantea el riesgo de que personas que hayan pasado por un sistema de reinserción social ineficiente, se reincorporen a la sociedad sin haber recibo un adecuado esquema de reinserción social y, además, estando expuestos a un ambiente altamente criminógeno y violento como es la cárcel.

Bajo esta lógica, la inconformidad debería de ser aplicable tanto a sentencias de custodia reducidas como a las de mayor duración. Sin embargo, pareciera que la preocupación principal no es la falta de una reinserción social adecuada o la reparación del daño a la víctima como se busca en el nuevo sistema de justicia, sino la falta de un castigo lo suficientemente largo y punitivo al delincuente. Esto aun cuando las medidas de preliberación están pensadas para beneficio de infractores de bajo perfil o por delitos menores y no para minimizar el castigo por delitos mayores. Así, la razón principal detrás de la implementación de estos beneficios para delitos menores es que para éste tipo de infractores la prisión, lejos de contribuir a su proceso de reinserción social, los vuelve más proclives a la reincidencia delictiva como resultado de la convivencia con delincuentes de mayor peligrosidad (Andrews y Bonta, 2010). De esta manera, el nuevo sistema de justicia penal no busca el beneficio del delincuente como luego se sugiere. Más bien, plantea una nueva política de maximizar los recursos públicos en materia de seguridad y justicia, buscando la disminución de la reincidencia delictiva, así como la reparación de daño a la víctima.

Pero, ¿es posible que la implementación del nuevo sistema de justicia penal sí se correlacione con el aumento en las cifras de delincuencia? A reserva de subrayar que justo falta un mayor y mejor seguimiento académico de las diversas aristas que giran en torno al estreno de este nuevo sistema, vale mencionar que en principio todo indica que varios de los problemas que tenemos hoy en día no son propios del nuevo sistema penal sino de retos que venimos arrastrando desde varios años o décadas atrás –entre ellos el esquema de reinserción social.

En efecto, la reincidencia de los ex-internos no es, en principio, un problema inherente al nuevo sistema de justicia sino a un modelo de reinserción social fallido. Por una parte, se desarrolla en condiciones carcelarias inadecuadas como falta de personal, hacinamiento y cadenas de corrupción que generan un ambiente en donde el desarrollo de conductas delictivas serias es común. Ejemplo es la existencia de autogobiernos dentro de las cárceles, como se ha podido constatar en recientes escándalos al respecto.  Además el tratamiento ofrecido durante la prisión es insuficiente para lograr el desistimiento delictivo ya que la cárcel no tiene influencia en las condiciones de marginalización y estigmatización que sufren la mayoría de los ex-internos que desean llevar vidas alejadas de la delincuencia. La reinserción social es entonces un proceso difícil, que implica que el sistema penal reconozca plenamente al ex-interno como un miembro más de la sociedad.  Es así que un factor que contribuye al fracaso de la reinserción social en el país radica en las omisiones que cada entidad tiene frente al seguimiento, apoyo y supervisión de sus liberados, el cual actualmente es prácticamente nulo.

Este tema ciertamente tampoco se ha tocado a fondo en el nuevo sistema de justicia penal, en donde la tarea de reinserción social para sentencias de custodia sigue siendo responsabilidad únicamente del sistema penitenciario. Esto aun cuando hay ejemplos de estudios sólidos de países, como Australia (aquí y aquí), Reino Unido (aquí y aquí) y Noruega, que señalan que la suerte de la reinserción social depende más de las condiciones que enfrentan los ex-internos al salir de la prisión, que por las propias experiencias vividas durante la prisión. Por ejemplo, los liberados encuentran serias dificultades para insertarse en la economía formal por lo que se incorporan a actividades que aunque no son consideradas penalmente como un crimen, si constituyen alguna falta administrativa como, por ejemplo, trabajar como “chalán” o “cobrador” de transporte público; “franelero” o actividades comerciales informales.  Además la práctica de solicitud de no antecedentes penales que se realiza de forma casi indiscriminada en México contribuye a perpetuar la marginalización y exclusión de los ex-internos en el sector formal del país. Si bien esta práctica tiene la intención de prevenir la victimización de personas o empresas consideradas como vulnerables ante ciertos delitos; en ocasiones es innecesaria y sólo representa un acto de discriminación que entorpece las posibilidades de reinserción social.

De esta manera, el nuevo sistema representa un avance importante para contribuir a muchas de las carencias en el actual modelo de reinserción social, como por ejemplo despresurizar las cárceles, prevenir la contaminación entre internos de bajo riesgo con los de alto riesgo, evitar la exclusión de la sociedad en el caso de los delitos menores, así como afinar el mejor uso de los recursos públicos.  Sin embargo, falta un sentido de responsabilidad social y jurídica, en el que se dé seguimiento a quiénes han pasado por la prisión para que su retorno a la comunidad sea satisfactorio culminando con el desistimiento delictivo y no en la reincidencia criminal. Esto solo podrá lograrse a través de políticas públicas que reconozcan la importancia de los servicios post-penitenciarios. Y que tengan claro que la reinserción no termina al salir de la prisión; al contrario, justo es ahí cuando comienza.

Cynthia Alejandra Córdova Sánchez. Profesor Investigador de la UAEH

REFERENCIAS
Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010a). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy and Law, 16, 39-55.

Hardcastle, L., Bartholomew, T., & Graffam, J. (2011). Legislative and community support for offender reintegration in Victoria. Deakin Law Review, 16, 111.

Ibarra-Cárdenas, J. (2016). Vigilar y castigar en el nuevo sistema de justicia penal en México. ITESO.

 

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