En fechas recientes el tema migratorio se ha mantenido como uno de los temas centrales de la agenda nacional, debido, entre otras cosas, a la visibilidad que ha recobrado el fenómeno migratorio a través de las denominadas “caravanas migrantes”1 y, asimismo, a la relevancia que el tema migratorio ha adquirido a partir de las demandas del gobierno de los Estados Unidos a México para “frenar la migración”.2

A partir de ahí, nos ha resultado cotidiano normalizar el despliegue de miembros de la Guardia Nacional como parte de la estrategia del gobierno federal para “contener los flujos migratorios”, minimizar las necesidades de los gobiernos y organizaciones en los estados fronterizos para dar cabida, atención y protección a personas migrantes y solicitantes de asilo que esperan del lado mexicano hasta en tanto las autoridades estadounidenses resuelven sus solicitudes, sin dejar pasar, claro, la invisibilidad que se da a la comisión continua y cada vez más conocida de delitos y violaciones de derechos humanos cometidos en contra de la población migrante. Peor aún, normalmente hacemos eco de las terribles condiciones de detención que enfrentan niñas, niños y adolescentes en los centros de detención de los Estados Unidos, sin cuestionar qué es lo que sucede en las propias estaciones migratorias aquí en México.

Ilustración: Estelí Meza

Las últimas cifras publicadas por el gobierno federal nos dan cuenta de las dimensiones del fenómeno, considerando que, por ejemplo, tan sólo en los primeros cinco meses de 2019 se presentó y detuvo un total de 76,944 personas migrantes en territorio mexicano (65,514 de ellas provenientes de América Central).3 De éstas, 1493 estuvieron detenidas en la estación migratoria de Ciudad de México “Las Agujas”,  incluyendo 378 niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados. Un hecho que contradice lo reconocido en el artículo 111 del reglamento de la Ley general de niñas, niños y adolescentes el cual prohíbe justo la detención de este grupo poblacional.4

Sobre este tema en particular, conviene mencionar que Sin Fronteras5 ha iniciado, por lo menos desde el año 2006, estrategias de litigio dirigidas a visibilizar y hacer del conocimiento de jueces, magistrados y, en general, miembros del poder judicial, los serios impactos que en materia de derechos humanos surgen a partir de la detención migratoria, una práctica ampliamente extendida a lo largo de territorio mexicano que en raras ocasiones es utilizada como una excepción, hecho que es contrario a normas de origen nacional e internacional.6

Por un lado, sí, estamos en 2019, ocho años después de la multicitada reforma constitucional en materia de derechos humanos y de la publicación de la Ley de migración —dos instrumentos que ciertamente intentaron cambiar el contexto de las migraciones en México en favor del respeto y cumplimiento de los derechos humanos— y cuatro años después de la publicación de la Ley general de niñas, niños y adolescentes; no obstante, resulta preocupante que no existan aún criterios judiciales claros respecto a la arbitrariedad y/o ilegalidad en la detención practicada en contra de la niñez migrante en México.7

Contrario a lo que sucede en otras materias, al realizar una búsqueda de tesis jurisprudenciales y aisladas con el tema de “detención migratoria” el sistema arroja únicamente un total de 11 criterios, ninguno de ellos jurisprudencia y sólo uno de ellos referido expresamente al caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, cuando existen 959 criterios respecto del interés superior de la niñez.

¿Qué sucede, entonces, cuando se inician acciones de litigio con la intención de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad?

Uno de los casos más recientes litigados por la organización y llevado en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil —entre ellas, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana— nos ha dado muestra de la complejidad que el tema de detención de niñas, niños y adolescentes continua representando para Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados.

El caso en particular, fue iniciado a mediados de mayo de 2019 en favor de niñas, niños y adolescentes detenidos en la estación migratoria de Ciudad de México “Las Agujas”8 e iniciando con la ya citada disyuntiva de la competencia en materia penal o administrativa, misma que tuvo que ser resuelta por un Tribunal Colegiado y que implicó una demora en la resolución de fondoa lo largo de casi dos meses, tiempo que es demandante tratándose de casos que implican la detención de menores de edad en condiciones de vulnerabilidad.

Tema importante también es la necesidad de atender estos casos bajo una perspectiva amplia de derechos humanos y acorde a las condiciones de vulnerabilidad de cada caso en concreto. Ello significaba para el presente caso que se debían de respetar y hacer cumplir los estándares de protección reconocidos a niñas, niños y adolescentes en el marco jurídico mexicano, de manera que la suspensión otorgada en este juicio de amparo atendiera no sólo el interés superior de la niñez, sino el principio de unidad familiar y el de excepcionalidad de la detención. De manera particular, garantizar que a través de estas medidas de suspensión se evitaren efectos irreparables,9 dadas las afectaciones a la libertad, la integridad personal y el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes detenidos en la estación migratoria, sin olvidar subrayar la excepcionalidad de la detención migratoria y su proscripción absoluta tratándose de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, ocurrieron violaciones graves a estos derechos y principios al ordenarse por parte del Juzgado de Distrito en cuestión, medidas de suspensión que se limitaron a no deportar y a reconocer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes privados de su libertad. Mas no a proteger a esta población de los posibles daños irreparables a su desarrollo y personalidad, teniendo en cuenta los hechos y argumentos particulares descritos por las organizaciones civiles quejosas en el escrito inicial de demanda.

Fue así que la suspensión decretada tuvo que ser recurrida vía el recurso de queja, lo cual implicó que un segundo Tribunal Colegiado conociera y resolviera el asunto veinte días después. Señalar que este lo hizo de manera protectora y garante de derechos humanos al conceder la suspensión definitiva para que las autoridades responsables identificaran e individualizaran cada caso en particular,10 y adoptaran las medidas necesarias para supervisar y vigilar el respeto y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes detenidos en la estación migratoria “Las Agujas” de Ciudad de México.11, 12

No obstante, debo de advertir que si bien este criterio adoptado por Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito ordenó el cumplimiento de medidas específicas a cargo de las autoridades migratorias y de protección de la niñez a nivel federal, su cumplimiento se ha visto entorpecido por las actuaciones de las mismas, hecho que provocó que el 24 de julio pasado, se resolviera el incumplimiento judicial de las medidas de suspensión ordenadas, esto a raíz de un incidente por defecto en el cumplimiento promovido por las organizaciones quejosas, a través del cual el Juzgado de Distrito ordenó un “cumplimiento puntual y sin excepción” de las medidas ya ordenadas dentro de un plazo de veinticuatro horas.13

A partir de estos hechos relatados es visible que el acceso a la justicia por parte de población migrante y, en particular, niñas, niños y adolescentes, demanda una mayor sensibilidad y compromiso por parte de autoridades e impartidores de justicia. En particular, este caso demanda ahora —al tiempo en que se escribe este texto— que se promueva un nuevo recurso de queja, ante un acuerdo del Juzgado de Distrito que limita los alcances del interés legítimo en casos que involucran la privación a la libertad de niñas, niños y adolescentes (en términos del artículo 15 de la Ley de amparo) y que arbitrariamente ordena una ratificación de la demanda inicial, únicamente respecto de menores de edad cuyo nombre se encuentra en un listado proporcionado por una de las autoridades migratorias en un informe sobre la suspensión.14 Un hecho que evidencia una vez más el trabajo arduo que tenemos enfrente individuos y organizaciones defensoras de derechos humanos en este tema en particular.

Una grave violación a los derechos de la niñez en detención que lamentablemente evidencia la disparidad y diversidad de criterios que surgen respecto de la detención y privación a la libertad de niños, niñas y adolescentes migrantes o aquéllos que buscan la protección internacional, y que cuestiona la observancia y cumplimiento irrestricto de los derechos humanos de este grupo particularmente vulnerable. ¿Qué decir del multicitado interés superior de la niñez?

Ximena Suárez de la Cruz. Abogada de defensoría de Sin Fronteras IAP.


1 Y los retos que estos movimientos “masivos” de personas migrantes implican para un país como el nuestro.

2 Que intentan colocar al tema migratorio como una moneda de cambio frente a otras preocupaciones e intereses en temas de seguridad y comercio.

3 Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, “Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, según continente, país de nacionalidad y entidad federativa, enero-mayo de 2019”.

4 El cual a la letra dice: “Artículo 111. En ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente deque viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estacionesmigratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria.”

5 Una organización de la sociedad civil mexicana, que desde el año de 1996 trabaja por dignificar las condiciones de vida y asegurar el acceso a derechos de esta población vulnerable.

6 Una detención que rebasa las pautas reconocidas en términos constitucionales y convencionales. Recordar aquí lo reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar que: “(…) la figura del “alojamiento” en México representa una privación de la libertad, y corresponde de manera más precisa a lo que se denomina como “detención migratoria” (…) En este orden de ideas, la Comisión considera que la detención de los solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes y beneficiarios de protección complementaria y apátridas debe ser una medida excepcional de último recurso, a la cual solo pueden recurrir las autoridades en los casos prescritos por la legislación nacional y la cual debe ser compatible con las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos. Al ser una medida excepcional, las autoridades solo podrán recurrir a la detención tras haber determinado que esta medida cumple con los siguientes requisitos: 1) necesidad, 2) razonabilidad y 3) proporcionalidad. Lo anterior implica que la detención migratoria debe ser necesaria en un caso individual, si su utilización es razonable y si es proporcional con los objetivos que pretende alcanzar. En caso de que se determine su necesidad, la detención no debería ser discriminatoria y se debería imponer por el menor tiempo que sea posible”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”,OEA/Ser.L/V/II, 30 de diciembre de 2013,párrafo 422.

7 Por ejemplo, en temas de competencia, donde esta vacila de la interpretación que pueda o no tener el Juez de Distrito que conoce de la causa, respecto de lo reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículos 51 y 52), sin poder definirse claramente por qué una detención derivada de un procedimiento administrativo corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en materia Penal, o bien a un Juez de Distrito en materia Administrativa.

8 En contra de distintas autoridades pertenecientes al Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

9 Al respecto de estos efectos referidos se recomiendan Ver. Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Urge CNDH protección de niñez y adolescencia migrantes, ante violencia, desigualdad y reencuentro familiar que les obligan a abandonar sus países de origen”, Comunicado de Prensa DGC/232/17, 14 de julio de 2017; asimismo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 59/2017, 22 de noviembre de 2017, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 59/2017, 22 de noviembre de 2017, Naciones Unidas, Comité de Trabajadores Migratorios, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de México, CMW/C/MEX/CO/3, 27 de septiembre de 2017, y Naciones Unidas, Comité CAT, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, Aprobadas por el Comité en su 66º período de sesiones (23 de abril a 17 de mayo 2019).

10 Atendiendo esta identificación e individualización de casos a si las niñas, niños y adolescentes estaban o no acompañados de algún familiar, reconociendo el tiempo en que habían estado detenidos, así como si habían tenido derecho a asesoría y representación jurídica, durante ese lapso; su estado y necesidades de salud específicas, si se les había ya designado un tutor o representante, asimismo un traductor o intérprete; si era necesario iniciar su canalizaciónal Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; si se han puesto en contacto con sus respectivas autoridades consulares, o bien, habían accedido al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; y si la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niñosy Adolescentes, en el ámbito de su competencia, había iniciado laimplementación de medidas para asegurar las alternativas enlibertad, en caso de menores acompañados, o bien, los planesde alojamiento alternativo, para quienes no esténacompañados.

11 Ambas medidas, reconociendo los estándares recogidos en la Opinión Consultiva OC-21/14 de la CorteInteramericana de Derechos Humanos.

12 Cfr. RECURSO DE QUEJA: Q.A. I. b) 205/2019, Sentencia del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria del seis de junio de dos mil diecinueve, p.p. 29 – 32.

13 Cfr. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 766/2019, Resolución del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

14 Aclarando que esto ocurre sin mayor pronunciamiento del Juez, que la instrucción hecha a un actuario judicial, quien en un horario poco ortodoxo practicó la diligencia en las instalaciones de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, sin estar acompañado de personal capacitado para la atención de niñas, niños y adolescentes (tutores o representantes legales, psicólogos, trabajadores sociales, intérpretes y/o personal de protección a la niñez) y sin tener en cuanta las condiciones de seguridad y confianza que deben construirse al realizar entrevistas con niñas, niños y adolescentes, sin dejar de mencionar, el nulo respeto del interés superior de la niñez.