El lunes por la noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, había cumplido con los apoyos necesarios requeridos por la ley para obtener la candidatura sin partido a la presidencia de la República.1 Se trata de una decisión clave que impacta en primer lugar en la contienda presidencial pero también a otras elecciones federales y locales, en las que candidatos sin partido, que no lograron obtener su registro por las mismas razones, acudieron a los tribunales electorales.

La decisión del Tribunal Electoral no ha sido bien recibida por la opinión pública, minutos después de que fue aprobada en redes sociales y otros medios de comunicación, no han parado de circular variopintas críticas a esta decisión del tribunal. Estamos, sin duda, pues, ante una sentencia histórica que no solamente tendrá un impacto en la política del país, sino que también repercute en la legitimidad y en el futuro del Tribunal Electoral.2

Más allá de sus implicaciones políticas, la decisión del Tribunal Electoral llama la atención porque revela un cambio sustantivo en la narrativa o argumentación jurídica que venía construyendo sobre las finalidades y respecto el procedimiento mismo para acceder a una candidatura independiente.

La aplicación móvil del INE

En agosto del año pasado, el INE aprobó una serie de reglas para verificar el porcentaje de apoyo ciudadano de candidatos independientes a cargos federales (Lineamientos de Verificación). En ese paquete de normas administrativas se incluyó la implementación de una aplicación móvil o “app” para que los aspirantes a una candidatura independiente pudieran recabar el apoyo ciudadano en el porcentaje previsto por la norma.

Según la exposición de motivos de las normas aprobadas por el INE, la finalidad de la app era evitar el uso del papel que habitualmente se usa en las fotocopias de las credenciales de elector de las personas que desean apoyar determinada candidatura ciudadana. Así también, la app permitiría conocer de manera breve el número de apoyos recibidos por los aspirantes, garantizar la protección de datos personales y reducir los tiempos de la autoridad para verificar los porcentajes de apoyo ciudadano.

No obstante sus aparentes bondades, los Lineamientos de Verificación fueron impugnados por diversas personas porque consideraron que el INE excedió sus facultades reglamentarias al expedirlos, además de que la utilización de la app no era una medida proporcional para recabar apoyos.

En su momento, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió el asunto3 y precisó que la app no era un requisito adicional que debieran cumplir los aspirantes. De ahí que resultaba válido que se implementaran esos mecanismos para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, resguardo y verificación de los apoyos que obtiene una candidatura independiente. Así también que la utilización de la app tiene un fin legítimo, idóneo, necesario y proporcional.

Por lo que en ese criterio, el Tribunal Electoral validó el uso de la app como mecanismo para recabar los apoyos para las candidaturas independientes a nivel federal, lo que posteriormente se replicaría también para las candidaturas sin partido a nivel local.

¿Problemas con la app?

Aunque el uso de la app pudiera parecer un tema menor, en realidad se trata de un cambio radical en la forma de recabar los apoyos ciudadanos y, por lo tanto, repercutió en las estrategias de los aspirantes a una candidatura independiente.

Previo a la aprobación de los Lineamientos de Verificación del INE, la forma en que se entregaba la documentación a la autoridad electoral era de manera impresa. Esto es, una cédula de apoyo ciudadano firmada por una persona, a la que se anexaba una copia simple de su credencial de elector. De ahí que no fuera infrecuente el tráfico y venta de bases de datos consistentes en copias simples de credenciales de elector. Una vez con ese insumo, un equipo de personas podría ensamblar las copias de las credenciales con los formatos o cédulas de apoyo ciudadano, “supuestamente” llenadas y firmadas por la persona que se tratara.

Por ello la irrupción de un mecanismo electrónico que descarta las copias simples de las credenciales de elector y aquellos apoyos con otras inconsistencias, implicaba para algunos aspirantes a candidatos independientes, el quedar fuera de la boleta electoral.

Validar las revisiones de la autoridad electoral

Por otra parte, apenas el mes pasado, la Sala Superior resolvió dos asuntos relacionados con la forma en que se recaban apoyos ciudadanos y cómo debe revisarlos la autoridad electoral. El primero de ellos se trató de una contradicción de criterios entre las Salas Regionales de Monterrey y de ciudad de México,4 en el que se discutía si las comunicaciones o notificaciones de la autoridad electoral, respecto de las inconsistencias encontradas en los registros de apoyo, generaban una afectación jurídica a los aspirantes a una candidatura independiente.

En ese asunto, la Sala concluyó con carácter de jurisprudencia y criterio prevaleciente, que los oficios a través de los cuales se hizo del conocimiento de los interesados la modificación de sus registros por inconsistencias o mediante los cuales se les otorgó un plazo para hacer valer su garantía de audiencia, no son actos definitivos, ni afectan de manera irreparable los derechos de los aspirantes.

En el otro asunto,5 el Tribunal resolvió que la presentación de fotografías en blanco y negro en la aplicación móvil, desvirtúan la finalidad de la aplicación y generan incertidumbre respecto de la obtención del apoyo ciudadano. Más aun, de acuerdo con lo razonado en esta sentencia, si se tomaran en cuenta las manifestaciones de apoyo recibidas con capturas de fotocopias de las credenciales de elector, se generaría una serie de acciones que podrían ser contrarias a derecho porque no se tendría certeza de que los aspirantes o sus auxiliares o gestores efectivamente se hubieran apersonado ante los ciudadanos.

Así el Tribunal Electoral concluyó que la justificación de las exigencias legales para recabar los apoyos ciudadanos radica en esencia, en que el registro de una candidatura independiente sea reflejo de la voluntad ciudadana, de modo que se justifique su participación. Por ello concluyó la Sala que si el respaldo de la ciudadanía debe ser auténtico, es indispensable que se adopten los mecanismos necesarios para asegurar la veracidad de las manifestaciones de apoyo que justifiquen que una persona contienda en un proceso electoral de manera independiente.

Los alcances del derecho de audiencia

La decisión del Tribunal Electoral de validar los apoyos ciudadanos de “el Bronco” tuvo como telón de fondo el derecho de audiencia. Según lo argumentado en la sentencia, el INE no le permitió a “el Bronco” revisar la totalidad de las inconsistencias que presentaron sus apoyos, aun cuando acudió en doce ocasiones a las oficinas de la autoridad electoral a verificar las mismas. Ello porque “el Bronco” y su equipo acudieron todas esas veces sin conocer previamente el procedimiento de calificación de apoyos y las causas de invalidación de cada uno de ellos, lo que les impidió preparar una defensa completa para solventar las observaciones.

Asimismo, aun y cuando los representantes de “el Bronco” pidieron durante sus comparecencias ya no revisar los apoyos irregulares consistentes en fotocopias de la credencial de elector, sino centrarse en otras irregularidades subsanables, la Sala Superior consideró que ello no implicaba una renuncia a su derecho de audiencia ya que se trataba de una etapa preliminar y no de la revisión final. Por lo que de acuerdo con el criterio de la Sala, al término de la revisión, el INE le debió haber permitido nuevamente al equipo de “el Bronco” revisar todos los apoyos que no pasaron la etapa preliminar.

Por último, la Sala conminó a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, a no realizar acciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos. Ya que la mayoría de los magistrados estimaron que esos funcionarios tuvieron una actuación irresponsable al convocar a una rueda de prensa, en la que se expusieron las irregularidades derivadas de la revisión practicada a los apoyos de los aspirantes a candidatos independientes.

En cuanto a los efectos, la Sala le ordenó al INE que emitiera dentro de las 24 horas siguientes un dictamen en el que se estime que “el Bronco” cumplió con el número de apoyos ciudadanos para la candidatura presidencial, dejar intocados los apoyos recibidos y estimar totalmente concluido el procedimiento de verificación de apoyos. Así también que una vez que verifique que se cumplen con los demás requisitos legales, le otorgue al aspirante su registro como candidato independiente a la presidencia de la República.

Una argumentación contradictoria

Hasta el domingo de la semana pasada, el Tribunal Electoral había venido resolviendo los asuntos vinculados con el registro de los independientes apoyado en una narrativa jurídica que privilegiaba el principio de certeza al recabar los apoyos ciudadanos.

Si revisamos los precedentes en los que el Tribunal Electoral avaló la legalidad de los Lineamientos de Verificación y la aplicación móvil, así como el procedimiento de revisión de apoyos del INE, nos daremos cuenta que el eje central de los razonamientos del tribunal se apoyó en la necesidad de que todas esas acciones fueran veraces, reales y apegadas a los hechos.

No obstante, en el caso de “el Bronco”, la mayoría de los integrantes de la Sala Superior optaron por dejar del lado el principio de certeza y optaron por construir un criterio sui géneris. En esta nueva interpretación jurisdiccional, partir de una revisión formalista se descalificó la forma en que se le otorgó su derecho de defensa o audiencia al Bronco, y apoyados en una interpretación que se autocalifica como “garantista” determinaron validar las inconsistencias detectadas. A pesar de que en asuntos similares el Tribunal Electoral ya había validado las reglas para verificar los apoyos, las revisiones preliminares y finales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores e incluso la forma de otorgar el derecho de audiencia a los aspirantes, ante la detección de inconsistencias e irregularidades en sus apoyos.

Inexplicablemente el Tribunal Electoral dejó de lado el principio de certeza y optó por validar en automático el cumplimiento del requisito legal de apoyos en favor de “el Bronco”, en vez de regresar el asunto al INE para, en su caso, se le otorgara nuevamente (por treceava vez) su derecho de audiencia.

Esa decisión recuerda a lo resuelto por ese mismo Tribunal cuando conoció de los casos por rebase de tope de campaña en la elección a la gubernatura en Coahuila, en los que ante diversas violaciones formales, optó por eliminar de los topes de campaña los gastos en controversia, en vez de regresar el asunto al INE para una nueva verificación.6

Lo resuelto este lunes por la Sala Superior necesariamente va a impactar a otros juicios similares que están pendientes de resolución en las Salas Regionales y en los tribunales locales. Repercute en la credibilidad de la justicia electoral; como bien lo explica Irma Méndez de Hoyos, las practicas electorales que afectan la confianza en las instituciones, tienen un efecto perjudicial sobre la satisfacción con la democracia, el cumplimiento de la ley y, en última instancia, en la estabilidad política del país.7

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.  Twitter: @pacozorrilla


1 El efecto de la sentencia fue ordenar al INE que verificara en un plazo de diez días si el Bronco cumple con los demás requisitos para en su caso otorgarle el registro como candidato.

2 Ver debate “¿Cuáles son los retos del tribunal electoral en este proceso electoral 2018?” en El juego de la Suprema Corte.

3 Ver SUP-JDC-841/2017 y acumulados.

4 Ver SUP-CDC-2/2018

5 Ver SUP-JDC-98/2018

6 Ver “La incertidumbre en la fiscalización electoral. Caso Coahuila” en El juego de la Suprema Corte.

7 Ver. Méndez de Hoyos, Irma, “La manipulación del marco legal de las elecciones en América Latina entre 2000 y 2012: Una aproximación metodológica” Foro Internacional, 229 VII, 2017 (3) 640-685, Julio-Septiembre 2017.