La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver un asunto por demás relevante la relación entre el trabajo doméstico y la seguridad social. Se trata del amparo directo 9/2018, a cargo del a ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. En las siguientes líneas ofrezco una reflexión general sobre la importancia de la seguridad social en el trabajo doméstico, resumo los hechos relevantes del caso y ofrezco una reflexión crítica sobre el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán.

La importancia de la seguridad social para el trabajo doméstico

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2017, hay 2,480,466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, cifra que representa 4.8% del total de ocupados. El trabajo doméstico remunerado en México es una actividad realizada en su mayoría por mujeres, ya que de acuerdo con datos del INEGI, 90 de cada 100 ocupados en esta actividad son mujeres. En ocupaciones como empleados domésticos, cuidadores de personas, lavanderos, planchadores y cocineros domésticos, la presencia de mujeres se incrementa a más de 93 mujeres de cada 100 trabajadores.1

Por años se le ha restado importancia jurídica, económica y social al trabajo doméstico; esto, dada la percepción de este tipo de trabajo como complemento o remplazo de las labores que comúnmente realizaba el “ama de casa”, quien como tal, es considerada económicamente inactiva. Se trata, como lo han hecho ver estudios especializados,2 de una actividad “invisible” para el resto de la sociedad.

Contribuyen a esta percepción los análisis estadísticos que asimilan el grupo familiar a mera unidad de consumo, ignorando que las labores desarrolladas en su seno también contribuyen a la producción y a la reproducción social. Además, gravita la creencia equivocada según la cual quienes desempeñan labores domésticas por cuenta ajena no son trabajadores, pues sólo lo son quienes poseen un empleo convencional que les demanda dedicación de tiempo, por el cual perciben un ingreso.3

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha considerado que los trabajadores domésticos están en situación de vulnerabilidad y, por tanto, demandan la protección del Estado:

La vulnerabilidad de esta categoría de trabajador proviene, primero que todo, de la relación de sumisión y de su aislamiento. Las tareas se realizan dentro de la esfera del hogar, en la residencia de los empleadores. Esta característica es la piedra angular del trabajo doméstico. Este factor y sus implicaciones son claves para entender el funcionamiento de esa relación. […]

Los trabajadores domésticos son trabajadores vulnerables y se exponen a muchos abusos. Los cambios arbitrarios de los contratos del trabajo, las reducciones salariales o aún el no pago de sueldos son propiciados por la naturaleza irregular de la relación laboral. La carencia de un contrato de trabajo obligatorio hace difícil que los trabajadores despedidos obtengan la paga de separación y otros beneficios complementarios obligatorios. Esta situación es agravada por el hecho de que, con frecuencia, el contrato de trabajo es de naturaleza oral, con la dificultad adicional para el trabajador de tener que probar la existencia de una relación contractual en caso de que surja controversia.4

Lo anterior ha llevado a que la OIT clame por la “generalización y la estandarización de los términos y de las condiciones del trabajo” de quienes prestan el servicio doméstico. Un elemento clave de la formalización laboral de las trabajadoras del hogar es la seguridad social. Las prestaciones de seguridad social tienen por objeto proteger a los trabajadores de riesgos, atender las necesidades de subsistencia apremiantes de la población y asistirla frente a los imprevistos.

Los hechos y la litis del caso

Es precisamente la relación entre el trabajo doméstico y la seguridad social, lo que se aborda en el amparo directo 9/2018. Veamos los hechos del caso. Una mujer de 80 años, quien prestó sus servicios por más de cinco décadas a la misma familia,5 firmó carta de renuncia de su empleo donde laboraba como trabajadora doméstica. Posteriormente, demandó de sus patronas las siguientes prestaciones: indemnización constitucional; el pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y del tiempo extraordinario; así́ como la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, demandó de los citados institutos la determinación de las cuotas y fincar los capitales consultivos correspondientes.

El asunto fue resulto en un primer momento por la Junta Especial Número Diecinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México. El nueve de febrero de 2017, la junta emitió un laudo, en el cual consideró acreditada la renuncia voluntaria de la trabajadora doméstica, por lo que absolvió a las demandadas del pago de la indemnización constitucional y salarios caídos. Sin embargo, estimó que las demandadas no acreditaron la excepción de pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, por lo que las condenó al pago de éstas, pero solo respecto al año anterior a la presentación de la demanda.

Asimismo, condenó el pago de horas extras, al estimar que la trabajadora laboraba un total de 54 horas, esto es, 6 horas extras más de la jornada máxima legal de 48 horas. Por otro lado, la Junta descartó, en términos del numeral 338, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que la parte patronal esté obligada a efectuar la inscripción de los trabajadores domésticos al Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que también apoyó en el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social, concluyendo que el patrón no tiene la obligación de hacer la inscripción ante el referido instituto de dichos empleados.

De igual forma consideró que el patrón no está obligado, cuando se trate de trabajadores domésticos, a pagar la aportación al INFONAVIT, ya que dicha inscripción sólo puede realizarse voluntariamente y conforme a lo pactado por las partes y dicho pacto no lo acreditó la trabajadora. En consecuencia, absolvió a las demandadas de la inscripción retroactiva, así como al pago de las aportaciones reclamadas ante dicho instituto.

Contra dicho laudo, ambas partes presentaron amparo directo. Los tribunales colegiados que conocieron de los asuntos, respectivamente, solicitaron que la Suprema Corte hiciera uso de su facultad de atracción para resolver el caso. La litis constitucional del asunto se centra primordialmente en el siguiente punto: Si el hecho de que los patrones carezcan de la obligación jurídica de inscribir a los trabajadores domésticos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituye un trato discriminatorio proscrito por el artículo 1 constitucional, así como una violación al derecho humano a la seguridad social tutelado por el artículo 123, Apartado A, de la Constitución federal.

El proyecto del ministro Pérez Dayán

El proyecto de sentencia comienza trazando lo que ha entendido la Suprema Corte por derecho a la igualdad, en tanto que la trabajadora se duele de la discriminación que se hace respecto al gremio doméstico y el nulo acceso a los servicios de seguridad social y a ser inscritos ante el IMSS.

Concretamente, se aplica el principio de igualdad en el caso específico al derecho a la seguridad social, tomando como base lo estipulado en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se señala que el Estado debe “tomar medidas efectivas y revisarlas en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social, incluido el seguro social”.

Así, señala, el Estado mexicano se encuentra obligado a asegurar que los trabajadores domésticos gocen del derecho humano a la seguridad social, sin discriminación alguna. Sin embargo, apunta que el alcance del derecho a la seguridad social no implica que un grupo o clase de personas deba acceder al régimen de seguridad social que desee, sino más bien conlleva a que toda persona se encuentre amparada, al menos, por alguno de los diversos regímenes y protecciones existentes en materia de seguridad social.

El proyecto considera que el hecho de que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, no vulnera, en sí, el derecho a la seguridad social, a menos que esa exclusión se base en criterios discriminatorios y no exista algún otro régimen de seguridad social estatal al que puedan acogerse tales trabajadores.

En el análisis realizado, se considera que el hecho de que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Seguro Social atiende a una diferenciación objetiva y razonable, a saber, que los empleados domésticos se distinguen intrínsecamente de los demás trabajadores, ya que la naturaleza y especificidades de su labor es de carácter especial.

El proyecto circunscribe el carácter especial del trabajo doméstico a la naturaleza de la labor, y cita una tesis aislada de la quinta época para ahondar en la “naturaleza” del contrato de trabajo de los domésticos. Ahora bien, lo problemático del estudio efectuado por el proyecto comienza a partir de este análisis. ¿Cuál es la diferenciación objetiva y razonable que provoca que los trabajadores domésticos sean considerados de carácter especial? ¿Cuál es, si es que existe tal cosa, la naturaleza de una relación laboral? El proyecto falla en dar respuesta a estas interrogantes.

A efecto de determinar que no existe discriminación alguna, el proyecto de sentencia en una aplicación del principio aristotélico de trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, se limita a señalar que dado que los trabajadores domésticos, al ser considerados de trabajo especial, el que no se les considere como sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, no es discriminatorio al estarse comparando con un sujeto distinto, es decir, el trabajador “general” y concluye:

En suma, el trato asimétrico que otorga la ley respecto de los empleados domésticos y los demás trabajadores no constituye una distinción discriminatoria, ya que no se basa en especificidades y circunstancias atinentes a los atributos de la persona –origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana–, sino en las del tipo labor que realizan los empleados domésticos y que, por ende, requiere de una regulación diferenciada.6 [Énfasis del autor]

El proyecto continúa su argumentación, señalando que el régimen voluntario del Seguro Social constituye un sistema de protección social suficientemente robusto, que permite que los empleados domésticos obtener prestaciones sociales, razón por la cual el no pertenecer al régimen obligatorio no viola su derecho a la seguridad social.

Los problemas del proyecto del ministro Pérez Dayán

Como se observa, el proyecto no evalúa la situación de desventaja que existe entre el empleador y la trabajadora doméstica. Falla en darse cuenta de que casi en su totalidad quienes realizan las labores domésticas son mujeres de escasos recursos. Olvida que 99 de cada 1007 trabajadores domésticos laboran sin un contrato escrito. Y no estudia el impacto diferenciado que tiene la norma y cómo, si bien aparenta ser neutra, entraña una discriminación latente por razón de género y condición social.

Con base en el análisis presentado por el proyecto, ¿cómo explicamos entonces el que el trabajo doméstico sea un indicador de la desigualdad? La OIT ha identificado que los países más desiguales tienen un mayor porcentaje de personas empleadas en el trabajo doméstico. El proyecto no toma en consideración la complejidad de la relación laboral y falla en darse cuenta de que la cobertura voluntaria impone la carga a las trabajadoras domesticas con la difícil tarea de convencer a sus empleadores de que las registren.

La cobertura obligatoria se identifica como un elemento crítico y una condición necesaria, aunque no suficiente, para el logro de adecuados índices de cobertura efectiva del trabajo doméstico. En la practica, la obligatoriedad requiere ser complementada con estrategias relacionadas con la organización institucional, el financiamiento, la afiliación y promoción de la cobertura, la recaudación y cobranza de contribuciones, y la cobertura del trabajo doméstico migrante, entre otras.8 En un caso muy parecido al que se estudia en el amparo directo 9/2018, la Corte colombiana en la sentencia T-185/16 señaló:

Así, la calidad de grupo discriminado tiene orígenes en factores culturales, sociales y económicos como: (i) el hecho de que las actividades domésticas han sido tradicionalmente desarrolladas por mujeres como el ejercicio “natural” de labores de cuidado que no requiere remuneración; (ii) la falta de preparación o educación para su desarrollo; (iii) la precaria remuneración que comporta el desempeño de las actividades de servicios domésticos y (iv) el estigma que pesa sobre el desempeño de estas actividades, ello tiene consecuencias en el ámbito laboral que se traducen en barreras para el goce efectivo de los derechos de estas mujeres.

Dichas barreras se ven reflejadas en la dificultad (e incluso, en ciertos casos, en la imposibilidad) de desplegar las actuaciones tendientes a la protección de sus derechos como el ejercicio de las acciones legales previstas en el ordenamiento jurídico o de probar la vulneración de estos, pues las relaciones laborales en las que se hallan las empleadas del servicio doméstico frecuentemente se encuentran en un entorno de informalidad. Como consecuencia de ello, la Corte ha evidenciado que ello generalmente se ve reflejado en situaciones como (i) la baja remuneración (en algunos casos no supera el salario mínimo legal mensual vigente y en otros está por debajo del mínimo legal; (ii) la no vinculación al sistema de seguridad social para amparar los riesgos de vejez, muerte e invalidez; o (iii) el despido sin justa causa de sujetos de especial protección constitucional como las mujeres en estado de embarazo o con alguna enfermedad.

Por lo anterior, se puede concluir que es un hecho notorio que la subvaloración de las labores realizadas por las trabajadoras del servicio doméstico es una situación que contribuye a la generación de desigualdad social y la discriminación hacia grupos vulnerables y por ello demanda una protección especial del Estado como un deber que se desprende de la cláusula de igualdad constitucional dirigida a la superación de las barreras discriminatorias que atentan contra los derechos fundamentales de este grupo poblacional, que generalmente están atadas a las condiciones laborales.

A pesar de que el trabajo doméstico es una labor revestida por las características de una prestación de servicios, quienes prestan labores de servicio doméstico no sólo se ven expuestos a situaciones de vulnerabilidad debido a las actividades que desarrollan. Dichas situaciones también están relacionadas con una perspectiva de género, por cuanto el servicio doméstico ha sido y es desarrollado, en su mayor parte, por mujeres. No obstante, parece que ésta es una realidad que la Suprema Corte busca invisibilizar.

Melisa S. Ayala García. Abogada por el ITAM. LLM candidate ’19 por Harvard Law School. Confundadora de Nosotrxs. Twitter: @melissaayala92


1 INEGI (2017) “Estadísticas a propósito del Día internacional del trabajo doméstico (22 de julio) ”, recuperado el 9 de octubre de 2018.

2 Colectivo Ioé, “El servicio doméstico en España. Entre el trabajo invisible y la economía sumergida”, Informe de investigación, editado y financiado por Juventud Obrera Cristiana de España, Madrid, 1990.

3 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-310/07, de 3 de mayo de 2007.

4 Ramírez-Machado, José, “Domestic work, conditions of work and employment: A legal perspective”, publicado en “Conditions of Work and Employment Series”, N° 7.

5 Con base en el proyecto de sentencia, sabemos que prestó el servicio en un primer momento a una señora y cuando sus hijas crecieron, también les prestó servicio de labores domésticas a estas últimas.

6 Página 28 del proyecto de sentencia del amparo directo 9/2018.

7Estadísticas a propósito del Día internacional del trabajo doméstico (22 de julio) ”, recuperado el 9 de octubre de 2018.

8 Organización Internacional del Trabajo (2016), “Protección social del trabajo doméstico: tendencias y estadísticas”.