El pasado 29 de octubre, la Suprema Corte admitió la controversia constitucional interpuesta por Enrique Peña Nieto contra la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General del estado de Chihuahua por el presunto desvío de recursos federales.1 En su demanda argumentó que las autoridades del estado de Chihuahua están extralimitando su esfera competencial pues, a su juicio, no cuentan con facultades para llevar a cabo investigaciones contra servidores públicos federales por conductas realizadas en el ejercicio de sus funciones. El caso fue turnado al ministro Eduardo Medina Mora, quien resolvió que la fiscalía estatal debía suspender las investigaciones en curso, hasta que se resolviera la controversia.2 Esta decisión ha generado polémica y diversos medios han emitido información confusa sobre sus alcances y motivaciones. Por esta razón es necesario analizar más detenidamente los argumentos que sostuvieron el fallo y sus implicaciones.

La suspensión en controversia constitucional

En primer lugar, es importante aclarar que la controversia constitucional no es equiparable al juicio de amparo. La primera tiene como finalidad crear una vía para que los distintos órganos y poderes de gobierno puedan defender ante la Suprema Corte su esfera competencial frente a posibles invasiones por parte de otros poderes. En cambio, el juicio de amparo busca que los particulares puedan reclamar la constitucionalidad de actos o normas que generen alguna afectación en su esfera jurídica y, sólo en supuestos excepcionales, puede llegar a ser del conocimiento de la Corte.

Ahora bien, cuando la Suprema Corte recibe una demanda para iniciar una controversia constitucional, el asunto se turna a un ministro instructor, quien inmediatamente resolverá si es necesario que los actos reclamados sean suspendidos hasta que se resuelva el juicio.3 La propia Corte ha detallado que ésta es una medida cautelar, la cual persigue dos finalidades: 1) preservar la materia del juicio y 2) prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general.4

Así, para que el ministro instructor resuelva conceder la suspensión, debe considerar las circunstancias particulares del caso y señalar con precisión cuáles son los actos suspendidos, los alcances y efectos de la suspensión, así como los órganos obligados a cumplirla.5 Además, la ley establece supuestos expresos de cuándo el otorgamiento de la suspensión es improcedente.6 Finalmente, en caso de que las partes no estén de acuerdo con la decisión, pueden interponer un recurso de reclamación para que el resto de los ministros pueda evaluar la validez y legalidad del fallo.7

La suspensión en el caso Chihuahua versus la federación

En el caso que llama nuestra atención, el ministro Medina Mora decidió que era necesario suspender las investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía de Chihuahua. Esto porque, a su juicio, había elementos objetivos para anticipar que el presidente de la República tenía razón en su demanda y que la tardanza en el dictado de la sentencia final podía generar un peligro inminente sobre sus derechos. Estas circunstancias le permitían otorgar la suspensión de forma excepcional siguiendo la jurisprudencia de la Corte.8 Para llegar a esta conclusión, señaló que un Tribunal Colegiado ya había resuelto que los tribunales de la federación son la autoridad competente para juzgar a los funcionarios federales investigados, y no los tribunales del estado de Chihuahua.9 Para el ministro instructor, este hecho fue suficiente para concluir que existía una probabilidad razonable para considerar que el presidente de la República podría tener razón en su demanda. Asimismo, consideró que en el caso había peligro en la demora porque “la tardanza en el dictado de la resolución de fondo podría frustar [sic] este derecho y generar situaciones de impunidad”.10

Considero que algunas de esas afirmaciones son debatibles. Principalmente, no me parece del todo claro que exista un peligro en la demora. Considero que el ministro instructor debía demostrar que la continuación de las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía de Chihuahua ponía en riesgo el derecho alegado por el presidente y que esta situación era de tal inminencia que no era posible esperar a la resolución del caso. Me parece que no se precisó cuál es el derecho afectado y por qué requería ser protegido de forma inmediata. La explicación que otorgó el ministro Medina fue que si la resolución del caso se rezagaba se podían generar situaciones de impunidad, sin explicar a qué se refería o cuáles eran esas situaciones. Ante este razonamiento se podría argüir que la imposibilidad de seguir llevando estas investigaciones, restringe la posibilidad de que se persigan conductas delictivas, lo cual podría traducirse en una afectación del interés público.

Finalmente, hay que tener en cuenta que Enrique Peña Nieto dejará de ejercer el cargo de presidente de la República a partir del 1º de diciembre. Esto implica que la Corte deberá analizar si este hecho es suficiente para detener la tramitación de la controversia. Por un lado, se podría argumentar que ésta sólo puede ser promovida por personas que actúen en representación de alguno de los poderes públicos, contra actos que puedan generar un perjuicio en su esfera de competencias. Por lo tanto, una vez que Peña Nieto desocupe el cargo, perderá su legitimación para promover controversias constitucionales a nombre del gobierno federal.11 Por otro lado, se podría replicar que Peña Nieto interpuso la controversia en representación de la federación como titular del Ejecutivo, por lo que habría que esperar a que el gobierno entrante decida si mantiene la demanda por considerar que, en efecto, la fiscalía chihuahuense está generando un agravio contra la federación.

Héctor Armando Salinas Olivares. Licenciado en derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).


1 Acuerdo de admisión de la controversia constitucional 183/2018, de 29 de octubre de 2018. (Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2018).

2 Acuerdo dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 183/2018, de 29 de octubre de 2018. (Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2018).

3 Artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución. (Ley Reglamentaria)

4 Jurisprudencia: “SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES”

5 Artículo 18 de la Ley Reglamentaria.

6 Artículo 15 de la Ley Reglamentaria.

7 Artículo 51 de la Ley Reglamentaria.

8 El criterio que empleó se encuentra desarrollado en la jurisprudencia: “SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO”.

9 Conflicto competencial 4/2018 resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

10 Véase nota 2.

11 Para sostener este razonamiento se podría acudir a la tesis: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO LA PROMUEVEN PARA RECLAMAR LA REVOCACIÓN DEL MANDATO CONFERIDO A ALGUNO DE ELLOS O UN ACTO QUE VULNERA SU INTEGRACIÓN, Y ADEMÁS CONTROVIERTEN NORMAS GENERALES, PERO DURANTE EL PROCEDIMIENTO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO”.