El paquete legislativo aprobado por Claudia Sheinbaum legaliza un sistema de vigilancia masiva en México, mediante la recolección y uso indiscriminado de datos personales y biométricos de la población, sin controles judiciales ni supervisión independiente.

La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió sobre las afectaciones que sufren los derechos a la libertad de expresión y a la información debido a la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial. En esta ocasión, mediante un fallo aprobado por unanimidad, el pasado 8 de septiembre, la Corte no deliberó sobre una omisión legislativa absoluta (ausencia total de una ley pese al mandato constitucional de crearla) sino sobre una omisión de carácter relativo. En este sentido, le ley existe, pero no soluciona el “estado de cosas inconstitucional” observado por el máximo tribunal desde 2017: la prevalencia de discrecionalidad en el gasto para condicionar líneas editoriales de los medios de comunicación. Esta lucha, desplegada por y desde la sociedad civil, es una nueva oportunidad de transformar de fondo la relación entre medios de comunicación y poder público.

En el informe presentado por Article 19, “Distorsión: el discurso contra la realidad” describimos una situación de la libertad de expresión que no es mejor a la de 2019 ni años anteriores. En el año de la pandemia la degradación de la conversación pública y los mecanismos de censura se mantienen y agudizan. La emergencia sanitaria mundial desnudó a nuestras sociedades desiguales y excluyentes. Los anclajes autoritarios se reactivaron y tomaron formas más sutiles, pero no por ello menos dañinas para el espacio democrático. La crisis sanitaria, económica y psicosocial que avanza, tiene impactos diferenciados y avasallantes debido a la discriminación estructural prohijada por un sistema político y socioeconómico injusto. Dicha violencia estructural a nivel mundial, ahora, no ha sido acometida debidamente ni tiene visos de que así sea.

La pregunta central es ¿qué paso de noviembre de 2017 a febrero de 2021 para que se encuentre en peligro el andamiaje constitucional en materia de publicidad oficial construido por la Corte? El estado de cosas constitucional es el mismo. La asignación de la publicidad oficial ha generado —y sigue generando— una relación perversa entre medios de comunicación y gobierno. Por lo tanto, es incomprensible este viraje.

Diversas reflexiones se han suscitado en torno al amparo otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Artículo 19, derivado de la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso de la Unión desde el 30 de abril de 2014 para regular el gasto público en comunicación social.

Desde nuestra perspectiva, la nueva arquitectura constitucional brinda la oportunidad para dar eficacia plena a la Constitución frente a las omisiones legislativas reclamadas por la ciudadanía vía el juicio de ampro. Por ello, el caso no solamente se vincula con la garantía del derecho a la información como precondición de la democracia, sino en extender los alcances y la efectividad del juicio de amparo para defender nuestros derechos fundamentales, así como robustecer el papel de los jueces en la vida democrática.