Ante la inminente aprobación de la iniciativa presidencial para reformar a los poderes judiciales federal y locales, como parte del paquete de reformas constitucionales conocido como Plan C, conviene señalar que el pasado 30 de agosto de 2024 un juez de distrito en el estado de Chiapas y una jueza de distrito en el estado de Morelos concedieron la suspensión en diversos juicios de amparo promovidos en contra de la eventual aprobación del procedimiento de reforma constitucional al poder judicial.

En el escenario crítico en el cual nos encontramos, ante la inminente aprobación formal de la reforma judicial, el Poder Judicial de la Federación y específicamente la Suprema Corte de Justicia (ante los casos que indudablemente se le presentarán) tendrán la obligación de apartarse de formalismos y criterios anquilosados que constituyan meras trampas procesales para el análisis los principios fundamentales a que nos hemos referido, por lo que deberán actuar de manera responsable y activa para proteger la estructura democrática y el Estado de derecho. Esta intervención de ninguna manera implicará una violación a la soberanía del órgano reformador de la Constitución, sino una reafirmación de los principios esenciales que garantizan la estabilidad y legitimidad de la propia norma fundamental de la cual deriva su actuación.

Yo ya me di cuenta de que los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestro país y que requerimos ser escuchados a fin de lograr un México mejor. Sólo nos hace falta que las autoridades también se den cuenta y nos abran sus puertas. Necesitamos que reconozcan que no somos un grupo al que se nos haya manipulado u obligado a estar ahí, al contrario, lo que vivimos el domingo fue convicción de la más pura que hay.

No es ninguna novedad afirmar que, en México, la rigidez constitucional es un principio de papel, ya que la constitución sufre un injustificado hiper-reformismo (con más de 700 artículos reformados en poco más de cien años de existencia), que ha tenido lugar porque cada uno de los 22 presidentes (de Carranza a López Obrador) han “constitucionalizado” su programa político y su propia visión de lo que México debe ser.

El debate sobre la reforma judicial estuvo precedido por un prólogo fatal: la existencia de aspectos irreductibles. Esta característica fue señalada desde el primer día, en la intervención inicial de la primera mesa de los diálogos por la reforma judicial.

En tiempos de erosión democrática y centralización absoluta del poder, conceptos como el del poder ilimitado del poder reformador de la constitución o de las limitaciones materiales de la Suprema Corte para revisar el contenido y alcance de las reformas constitucionales, que han marcado el rumbo de la doctrina jurisprudencial en este tema, deberán ser repensados y reinterpretados para permitir, en última instancia, la protección judicial de la estructura básica de la constitución mexicana.

El pasado viernes 16 de agosto se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el proyecto de “Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Reforma del Poder Judicial”, el cual será sometido para votación del pleno de la Comisión el próximo lunes 26 de agosto, como se desprende de la convocatoria publicada el viernes. En este texto, enlistaremos las principales modificaciones que la Comisión plantea hacer a la iniciativa presidencial, para lo cual seguiremos la estructura del propio dictamen.

La reciente propuesta de reforma judicial del ejecutivo federal ha desatado un intenso debate en México. De los múltiples cambios que propone, dos aspectos han generado particular controversia: primero, la sugerencia de que los ministros, magistrados y jueces, tanto federales como locales, sean elegidos por voto popular; segundo, la propuesta de crear un Tribunal de Disciplina Judicial a nivel federal, el cual reemplazaría al actual Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este artículo examina las implicaciones de dicha reforma, enfocándose particularmente en cómo podría afectar la práctica diaria de la impartición de justicia y el papel crucial que juega la justicia federal en nuestro sistema legal.

Si esta semana en la Cámara de Diputados se discute el proyecto de dictamen para aprobar la iniciativa de reforma constitucional que propone transferir el mando de la Guardia Nacional a la Sedena y militarizar de manera permanente la seguridad pública en el ámbito federal. En el marco de esta discusión, el siguiente texto hace un recorrido, a partir de datos y evidencia empírica, para mostrar lo que la participación de las fuerzas armadas en tareas civiles los problemas y riesgos que esto conlleva para los derechos humanos.