No es ninguna novedad afirmar que, en México, la rigidez constitucional es un principio de papel, ya que la constitución sufre un injustificado hiper-reformismo (con más de 700 artículos reformados en poco más de cien años de existencia), que ha tenido lugar porque cada uno de los 22 presidentes (de Carranza a López Obrador) han “constitucionalizado” su programa político y su propia visión de lo que México debe ser.

El debate sobre la reforma judicial estuvo precedido por un prólogo fatal: la existencia de aspectos irreductibles. Esta característica fue señalada desde el primer día, en la intervención inicial de la primera mesa de los diálogos por la reforma judicial.

En tiempos de erosión democrática y centralización absoluta del poder, conceptos como el del poder ilimitado del poder reformador de la constitución o de las limitaciones materiales de la Suprema Corte para revisar el contenido y alcance de las reformas constitucionales, que han marcado el rumbo de la doctrina jurisprudencial en este tema, deberán ser repensados y reinterpretados para permitir, en última instancia, la protección judicial de la estructura básica de la constitución mexicana.

El pasado viernes 16 de agosto se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el proyecto de “Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Reforma del Poder Judicial”, el cual será sometido para votación del pleno de la Comisión el próximo lunes 26 de agosto, como se desprende de la convocatoria publicada el viernes. En este texto, enlistaremos las principales modificaciones que la Comisión plantea hacer a la iniciativa presidencial, para lo cual seguiremos la estructura del propio dictamen.

La reciente propuesta de reforma judicial del ejecutivo federal ha desatado un intenso debate en México. De los múltiples cambios que propone, dos aspectos han generado particular controversia: primero, la sugerencia de que los ministros, magistrados y jueces, tanto federales como locales, sean elegidos por voto popular; segundo, la propuesta de crear un Tribunal de Disciplina Judicial a nivel federal, el cual reemplazaría al actual Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este artículo examina las implicaciones de dicha reforma, enfocándose particularmente en cómo podría afectar la práctica diaria de la impartición de justicia y el papel crucial que juega la justicia federal en nuestro sistema legal.

Si esta semana en la Cámara de Diputados se discute el proyecto de dictamen para aprobar la iniciativa de reforma constitucional que propone transferir el mando de la Guardia Nacional a la Sedena y militarizar de manera permanente la seguridad pública en el ámbito federal. En el marco de esta discusión, el siguiente texto hace un recorrido, a partir de datos y evidencia empírica, para mostrar lo que la participación de las fuerzas armadas en tareas civiles los problemas y riesgos que esto conlleva para los derechos humanos.

En dos recientes artículos, desde México Unido Contra la Delincuencia abordamos los impactos de la reforma judicial a los poderes judiciales federal y locales en las acciones de inconstitucionalidad y en los juicios orales penales. En esta tercera y última entrega, hablaremos del retroceso que implicaría esta reforma, de aprobarse en sus términos, en una figura clave para la protección de los derechos humanos: el juicio de amparo.

Recientemente, desde México Unido Contra la Delincuencia abordamos el impacto de la iniciativa de reforma judicial en las acciones de inconstitucionalidad. Esta vez, hablaremos de los efectos que tendría dicha reforma, de aprobarse en sus términos, respecto de los juicios orales penales que se lleven a cabo durante los periodos electorales y la eventual sustitución de personas juzgadoras.

La iniciativa de reforma a los poderes judiciales federal y locales presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y seleccionada como prioritaria por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha llamado la atención de personas integrantes de la sociedad civil organizada, académicas y funcionarias públicas, particularmente por los problemas asociados a la elección por voto popular de personas juzgadoras. Sin embargo, poco se ha hablado de los efectos que tendría la reforma, de aprobarse en sus términos, respecto de los medios de control constitucional. Este artículo aborda, en particular, el caso de las acciones de inconstitucionalidad.