La aprobación del presupuesto de los poderes judiciales puede vulnerar el principio de división de poderes y fomentar la subordinación de aquéllos a éstos. Es importante recordar que solamente en tres estados la legislación establece que el Poder Ejecutivo puede modificar el proyecto de presupuesto que le presenta el Judicial, antes de turnarlo al Legislativo. En las 29 entidades restantes, la legislación local no prevé esta posibilidad. En seis de ellas determina incluso que el presupuesto del Poder Judicial será turnado directamente al Poder Legislativo, sin pasar por el Ejecutivo, y en otras cuatro prohíbe explícitamente que el Ejecutivo lo altere.

Para los particulares el medio de control por antonomasia es el juicio de amparo. Sin embargo, cuando un particular impugna de manera directa la inconstitucionalidad de una norma general —mediante juicio de amparo indirecto— la sentencia únicamente se limita a “eliminar” la norma irregular de la esfera jurídica del quejoso, lo que implica que aquella seguirá existiendo para a todos aquellos que no pudieran ampararse.

La prisión preventiva oficiosa mexicana contraviene el derecho internacional, al tratarse de una forma de detención que es aplicable de manera no excepcional, sino como regla general para esos delitos y en la que los jueces no descartan otras medidas menos lesivas que garanticen la presencia de la persona en el juicio. Es decir, no se hace una valoración individual de las circunstancias del caso que comprueben la existencia de riesgo de fuga, que el acusado tenga la capacidad para alterar pruebas o pueda volver a cometer el delito.

En la antesala de un proceso electoral de alcance nacional con dimensiones sin precedentes, el proceso de designación de los consejeros del INE se ha convertido en un espacio de interés nacional. Nombrar a las personas que fungirán como consejeros electorales no es una tarea fácil. Por el contrario, es una labor sumamente compleja que implica la injerencia y la interacción, directa e indirecta, de múltiples actores. Sus consecuencias inciden de manera determinante en el fortalecimiento o, bien, en el debilitamiento del régimen democrático mexicano.

En enero de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 212/2019 que versa sobre la adquisición de la nacionalidad mexicana. La tesis adoptada resulta interesante debido a que son muy pocos los criterios jurisprudenciales sobre nacionalidad y porque planteó una interpretación restrictiva sobre tal derecho.

La iniciativa de reforma judicial que sí cuenta con el puño y letra de Arturo Zaldívar siembra, casi como efecto colateral, la posibilidad de un cambio trascendente para mejorar la calidad de la impartición de justicia en nuestro país. Y curiosamente, se enreda en el tema que ha definido como su prioridad.

El 25 de noviembre del 2015, después de acudir a una manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en la Ciudad de México, Jessica, Lía, Alesana y Rogelio fueron un centro comercial en Paseo de la Reforma. Estando ahí se dividieron: Lía y Rogelio se fueron a Telcel, mientras que Jessica y Alesana trataron de ir al baño. Digo “trataron” porque cuando buscaron ingresar a los sanitarios, varios elementos de seguridad de la plaza las detuvieron, diciéndoles que no podían entrar al baño al que se dirigían —marcado para “las mujeres”— porque “no eran mujeres”.

Es turno de la SCJN de establecer precedentes inéditos para la democracia del país. Estamos hablando de claras y flagrantes violaciones a derechos humanos. Los ministros tienen la oportunidad de establecer criterios claros y específicos para fiscalizar el actuar de los Congresos, tanto en la forma (votación) como en el fondo (aprobación del matrimonio igualitario) en el caso de Yucatán.

La pregunta es ¿qué podemos hacer por los derechos humanos de los migrantes? En México, como se sabe, uno de los medios de defensa de los derechos humanos con el que contamos, no sólo los mexicanos, sino todas las personas que se encuentren en nuestro país, es el juicio de amparo.