Los sismos padecidos en nuestro país nos han exigido retomar el Caso Bahía de Banderas para asumir el derecho a la vivienda en serio. Sí, sí y mil veces sí, aunque algunos se empeñen aún en decir mil veces lo contrario: los particulares sí tienen obligaciones activas y pasivas frente a los derechos humanos, incluyendo los clasificados como derechos económicos, sociales y culturales. De reconocerlo depende los daños que permitiremos vuelvan a ocurrir en un futuro.

Frente a las razones que tienen “en jaque” a nuestra democracia, entre las que destaca la desafección misma de los ciudadanos hacia los partidos y demás instituciones de representación, deberíamos ser cuidadosos en no comprar remedios que terminen siendo peores que la enfermedad misma.

Tanto la Constitución en su artículo 41, como la ley general de partidos políticos en su artículo 25, les prohíben a los partidos políticos utilizar su presupuesto en asuntos distintos que los que señala la ley. ¿La ley está prohibiendo a los partidos políticos ayudar a la gente? Sí … ¿Esto significa que no hay manera de restarle el presupuesto a los partidos políticos y que este se utilice en apoyo a los damnificados? No. El financiamiento público a partidos políticos es una prerrogativa, es decir, un privilegio económico, y los partidos pueden renunciar a este o al menos a parte de éste.

El sismo del pasado martes 19 de septiembre significó una fuerte sacudida a los cimientos de la sociedad de ciudad de México, con claras repercusiones a nivel nacional al menos en dos aspectos claves: la profunda solidaridad y empatía que ha surgido entre los “mexicanos de a pie”, junto con un recrudecimiento del sentimiento de enojo con las distintas autoridades.

En respuesta, un integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos optó por interponer un amparo a beneficio de la persona que se encontraba atrapada, con el fin de que se ordenara a la autoridad administrativa, encargada de labor, actuara de manera razonable buscando privilegiar la vida de esta persona atrapada en el lugar.

El pasado 31 de agosto, por primera vez en la historia de este Congreso, el Pleno de la Cámara de Diputados no alcanzó los acuerdos necesarios para la integración de su Mesa Directiva. Esta situación generó especulaciones, interpretaciones normativas y un amplio debate al interior de la Cámara baja respecto a las consecuencias de no contar con el órgano de gobierno, de máxima conducción parlamentaria.

Así, cuando las reformas lideradas por el diputado independiente Pedro Kumamoto pretendían reducir los gastos electorales —a partir de la modificación de la fórmula con la que se destinan los recursos estatales en Jalisco para los partidos políticos con registro nacional—, lo proyectado por Pardo declaraba la inconstitucionalidad de la propuesta, pues a su entender el nuevo modelo no resultaba acorde con la Constitución federal ni con la Ley General de Partidos Políticos.

Esta sentencia de la Suprema Corte es valiosa y sienta un gran precedente para futuras controversias por daño moral porque no se limita a calcular una cantidad de dinero para efectos de reparar la afectación a la esfera jurídica de los ofendidos, sino que se tomaron en cuenta tanto los derechos lesionados como la capacidad económica del responsable.