Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre enero y marzo del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

En México se sigue criminalizando la protesta social. La existencia de delitos como el de sedición, que por muchos años parecía solamente un mal recuerdo de regímenes autoritarios que consideraban como delito el rechazo a la autoridad, hacen posible que se revivan en situaciones de conflictividad social y que sean utilizados para detener arbitrariamente y procesar injustamente a personas.

La tensión que revela este caso no es nueva para quienes hemos dado seguimiento al proceso de implementación de la reforma penal de 2008; estamos ante otro caso donde el modelo plantea una ruta y la realidad necia nos advierte sobre los peligros de ese camino. Sin embargo, generalmente la defensa del modelo acusatorio implica simultáneamente la defensa de mayores mecanismos de protección de derechos, en este caso los papeles aparentan estar invertidos. Es evidente que la salida al problema planteado no era clara, lo que sí queda claro es que si la apuesta será por el sistema acusatorio y la consolidación de las policías como los encargados de realizar investigaciones, está perdida si no se acompaña de procesos de profesionalización serios, mecanismos de rendición de cuentas efectivos y, principalmente, lineamientos claros y operables para la actuación de las policías en situaciones como la debatida.

Hace unas semanas la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en revisión en el que analizó la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para “congelar” las cuentas bancarias de las personas que son incluidas en sus “listas de personas bloqueadas”. La resolución del asunto ha generado cierta inquietud en medios de comunicación y redes sociales, y es que lo establecido por los ministros de la Segunda Sala resulta de especial trascendencia tanto para los usuarios de servicios financieros, los sujetos con obligaciones fiscales, así como para las instituciones encargadas de prevenir y sancionar delitos económicos y financieros.

En estos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra discutiendo una acción de inconstitucionalidad trascendente para el futuro de la materia penal en el país … Uno de los temas más relevantes que se ha discutido en estas sesiones tiene que ver con la inspección de personas y vehículos por parte de la policía sin una orden judicial previa y de manera escrita. La importancia de este tema radica en la posible afectación a la libertad de movimiento de millones de ciudadanos por parte de la policía en un país donde el abuso y la brutalidad policíaca son más la regla que la excepción.

Es necesario preguntarlo: además de los concursos, ¿qué se ha hecho con la política de adscripción que, según ese estudio, tiene un impacto desproporcionado por género? ¿Qué se ha hecho en relación con la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral? ¿Con las largas jornadas laborales? ¿Con las licencias de paternidad y maternidad? ¿Con las licencias para desempeñar labores de cuidado, más allá de los hijos? ¿Con el acoso en el trabajo? ¿Qué se está haciendo y se va a seguir haciendo para atacar cada uno de estos problemas que, en conjunto, merman la igualdad?

La desigualdad es la causa más identificada que explica las frecuentes violaciones al derecho a una vivienda adecuada. La problemática sobre falta de vivienda, la aquiescencia de los gobiernos ante los fenómenos de la especulación inmobiliaria, o las visiones que consideran a la vivienda como una mercancía en lugar de un derecho fundamental son algunos de los ámbitos menos discutidos de la desigualdad.

José de la Paz Ferman Cruz es un salvadoreño que en 2015 huyó de su país y solicitó asilo en México porque su vida se encontraba en riesgo. Permaneció detenido 358 días en una estación migratoria de forma ilegal y arbitraria. En la actualidad es representado por la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” de la Universidad Iberoamericana.

Para concluir, habría con subrayar que la iniciativa priista no introduce herramientas jurídicas que nos permitan regular de un mejor modo nuestro entorno laboral actual ni contribuye a atacar o siquiera disminuir los problemas más apremiantes del mundo del trabajo. Preparada en secrecía, no es difícil advertir que fue diseñada para consolidar el status quo en el que sólo unos cuantos, las mismas cúpulas empresariales y sindicales de siempre, llevan las de ganar.

El 25 de febrero se cumplió el plazo de un año que el Constituyente Permanente fijó para que el Congreso de la Unión hiciera las adecuaciones legislativas necesarias a fin de implementar la reforma constitucional en materia de trabajo publicada en 2017. Senadores del PRI y PRD han presentado ya iniciativas en este sentido, pero la Cámara de Diputados ha ordenado realizar una «amplia consulta» a fin de debatir con mayor profundidad las modificaciones legislativas.