Nos acercamos al séptimo aniversario de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y día a día surgen nuevos supuestos constitucionales que merecen toda nuestra atención. En este sentido, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un concepto sobre las restricciones constitucionales en la famosa contradicción de tesis 293/2011, en el cariz de que nada puede —podía— oponerse a una restricción de nuestro texto constitucional.

La resolución aprobada el pasado 31 de mayo del presente año, de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito (Tamaulipas), derivada del amparo en revisión 203/2017 y hecha pública hasta el cuatro de junio, representa un nuevo capítulo para los hechos que han sido catalogados como de lesa humanidad. Esta resolución abarca múltiples temas, entre los cuales destaca, esencialmente, la necesidad de una Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia.

Comunidades alrededor de la capital yucateca –muchas de ellas de mayoría maya- se ven amenazadas por el crecimiento de una mancha urbana sostenida por la economía de la especulación inmobiliaria. El caso de visibilización más reciente, el de la comunidad de Santa Gertrudis Copó, nos alerta sobre la necesidad de hablar de un fenómeno más común de lo que aparenta: el “domicidio”.

El pasado 10 de mayo, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en ciudad de México (juez de distrito), Fernando Silva García, dictó la sentencia del juicio de amparo 124/2018 (sentencia) en la que declaró que la Ley de Seguridad Interior (LSI) vulnera “las condiciones previstas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece los parámetros de actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz y en consecuencia, viola los artículos 14, 16, 29, 89 y 129 de la Constitución federal”.

El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

¿Cuál es la agenda que la Segunda Sala de la Corte tiene pendiente de resolver en este año? Si bien es difícil delimitar a estas alturas del año la tendencia de interés de los ministros, los siguientes son algunos de los asuntos en los que la Sala ha determinado ejercer su facultad de atracción y se encuentran pendientes de ser resueltos. Los cuales, a mi parecer, darán de qué hablar por los controversiales aspectos jurídicos que, si se analiza el fondo de tales asuntos, representarán en la vida jurídica del país.

El 7 de marzo pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y resolvió el amparo directo en revisión 6181/2016, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar. El asunto abordó un tema de especial relevancia para el ordenamiento jurídico nacional: la obligación de los jueces de juzgar con perspectiva de género los casos penales en los que la parte sentenciada haya sido víctima de violencia familiar.

En este contexto, el principal propósito del juez consiste en analizar el caso y dictar una sentencia. En los casos de delitos sexuales, como la violación, el análisis se complica por diversas cuestiones particulares. Aunado a eso, existe la carencia de una condición indispensable en la actualidad para todos los jueces: la perspectiva de género. ¿Qué es eso? La perspectiva de género es una categoría analítica que sirve para cuestionar los estereotipos y para alcanzar una mayor equidad entre los géneros. Es decir, cuando se analiza un caso donde la víctima es una mujer, el juez debe considerar la posición de desigualdad y subordinación en la que podría encontrarse la misma.