El discurso institucional del INE que califica como un éxito las elecciones recién celebradas, así como la fiscalización del dinero de las campañas políticas, transmite en la opinión pública la idea de que quienes lo dirigen viven en un realidad alterna, lo cual debilita su autoridad justo como árbitro electoral.

Parece que solo hay dos alternativas: 1) ceder ante los impulsos autoritarios que pretenden solucionar los problemas de inseguridad con “mano dura” o 2) insistir en el cambio propuesto por la reforma de 2008 y demandar que las autoridades actúen para corregir sus omisiones. La primera implica renunciar a los derechos ganados y ceder ante una contrarreforma que nos llevaría de vuelta a un sistema que ha probado su ineficacia. La existencia de una mínima consciencia histórica y social nos obligará a elegir y defender la segunda opción.

Es un hecho probado que el sistema acusatorio no está funcionando como se prometió en la reforma penal de 2008. Sin embargo, las razones por las cuales la operación del modelo no es la óptima no son aquellas que con tanto ahínco señalan sus detractores y, sobre todo, no pueden ser corregidas con la mera modificación de una ley […] Resalto tres puntos críticos de la reforma en los cuales es necesario incidir de forma estratégica: 1) el diseño de la política criminal y el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito, 2) la profesionalización de policías y ministerios públicos y 3) el desarrollo de unidades de apoyo al proceso.

Durante las últimas semanas, el Jefe de Gobierno de Ciudad de México, varios gobernadores y titulares de instituciones de seguridad pública han emprendido una articulada campaña de desprestigio en contra del “nuevo” sistema de justicia penal. A pesar de que intenten maquillar sus declaraciones con el uso de eufemismos, sus señalamientos evidencian la creencia de que la presunción de inocencia y los estándares de desempeño introducidos por la reforma penal de 2008 no solo obstaculizan las labores de procuración de justicia sino que propician una mayor inseguridad. Sus propuestas de “mejoras” no apuntan a corregir las deficiencias reales y documentadas del sistema acusatorio sino a iniciar un cambio gradual pero seguro en el sentido opuesto a la lógica garantista del modelo acusatorio. En este sentido, es acertado caracterizar las modificaciones propuestas como un intento de “contrarreforma”.

El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

Hoy en día casi nadie duda de la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública. Son valores tan asentados en la dinámica democrática que parecería que su núcleo normativo está bien delimitado y su campo de aplicación definido. Sin embargo, en el derecho constitucional, como en la vida, nada es tan claro como aparenta.

Tras un proceso de designación en el que el desempeño poco transparente del Senado de la República levantó cuestionamientos respecto del reparto de magistraturas bajo la lógica de cuotas partidistas y la posterior modificación legal para ampliar la duración del cargo de 4 magistrados la legitimidad de la nueva integración de la Sala Superior se vio mermada. La Suprema Corte tuvo la oportunidad de recomponer esta dañada legitimación a partir de un fallo con argumentos convincentes en un sentido u otro; sin embargo, después de 4 sesiones y con escaso debate … se validó jurídicamente un acuerdo político que desconoció el proceso constitucional para designar a los integrantes de la Sala Superior.

La controversia planteada radica en que tales artículos contemplan la prisión preventiva para adolescentes equiparándola con la figura de internamiento preventivo (que se deberá utilizar como sinónimo de acuerdo al objetivo de la ley), los cuales de acuerdo al planteamiento de la CNDH viola derechos de adolescentes sujetos a un proceso penal consagrados principalmente en el artículo 18 constitucional.