A raíz de la aprobación de la reforma judicial, surgieron interrogantes como: ¿Cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante de la Constitución ante esta reforma? ¿Existe la posibilidad de que la Corte ejerza algún tipo de control sobre una reforma que afecta su propia estructura y funcionamiento? El próximo jueves 3 de octubre, la Suprema Corte será el centro de atención al inaugurar el debate constitucional que busca responder estas interrogantes.

La reforma constitucional presentada por el presidente López Obrador en materia de prisión preventiva oficiosa, tiene la mira puesta en los contribuyentes. La iniciativa busca que dicha medida cautelar se utilice en los delitos de defraudación fiscal, compraventa de facturas de empresas fantasma y contrabando. La idea no es nueva. La misma intención se tuvo con la reforma penal fiscal que entró en vigor en enero de 2020[2] y que posteriormente fue invalidada en noviembre de 2022 por la Suprema Corte de Justicia.

La armonización de reforma judicial en las entidades implicará inevitablemente la instalación de nuevos procedimientos de selección de jueces y magistrados, los cuales deberán adecuarse a los mecanismos que prevé la reforma nacional, es decir, mediante la postulación de candidatas y candidatos que cumplan con los requisitos fijados en la propia Constitución federal. Además, se tendrán que reformar las constituciones locales, la ley orgánica de sus respectivos poderes judiciales y, finalmente, su ley del servicio profesional de carrera judicial. Aquí es donde emerge la siguiente pregunta: ¿Pueden las entidades federativas hacer frente, mediante la armonización de sus constituciones locales, a la reforma judicial?

Con la entrada en vigor del decreto iniciaron los plazos para su posible impugnación mediante algún medio de control constitucional. Sin embargo, la discusión sobre su procedencia no está zanjada.

En días recientes, las dos cámaras del Congreso federal han aprobado la reforma judicial, con lo cual se abre una nueva etapa para la integración y funcionamiento del Poder Judicial en México. La atención principal se concentró en los retos e implicaciones de la elección popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las y los magistrados y jueces de dicho poder.

Desde Intersecta pensamos que como sociedad nos une el deseo de que la justicia sea distinta. Sin embargo, consideramos que la reforma, tal y como fue aprobado hace unas horas por el Senado de la República, no se encamina a resolver los muchos problemas que en efecto caracterizan a nuestro sistema de justicia y que, en ese sentido, representa la pérdida de una oportunidad histórica para reformar en serio el sistema, tal y como durante décadas lo han exigido víctimas, organizaciones de la sociedad civil, academia y la población en general. Nuestra apuesta es que dialoguemos con calma, que encaucemos los muchos deseos, anhelos e inquietudes que nos unen y tracemos, de manera colectiva, el camino a seguir.

En lo que respecta al proceso de reforma constitucional en materia judicial, considero que, ante el fuerte enfoque que se ha dado hacia el Poder Judicial de la Federación, la voz de los distintos poderes judiciales locales ha pasado casi desapercibida, así como las consecuencias que la reforma tendrá para las entidades federativas. En ese sentido, este texto busca exponer las implicaciones de la reforma para la justicia local, así como algunas inquietudes e ideas respecto a estas modificaciones.

En un contexto donde la seguridad pública y el acceso a la justicia se han convertido en temas de urgencia nacional, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, presentó una propuesta ambiciosa y profundamente estructurada que busca revolucionar el sistema de justicia en México. Esta reforma integral, que abarca desde la seguridad pública hasta el fortalecimiento de los poderes judiciales locales, representa un intento significativo de resolver las deficiencias estructurales que han llevado a altos niveles de impunidad, desconfianza en las instituciones y desigualdad en el acceso a la justicia.