Los retos para prevenir, sancionar y combatir la trata de personas son enormes. Por ello, las autoridades, los actores estratégicos y la sociedad en general, deben articularse para generar las acciones necesarias para reducir, sensibilizar y no normalizar esta situación tan indigna e ignominiosa en nuestro país. Hay una agenda pendiente.

El martes 24 de mayo el pleno de la Suprema Corte dio inició con la discusión de un bloque de asuntos que de una forma u otra abordaban el derecho a interrumpir un embarazo. Estas resoluciones cobran aún mayor importancia cuando vemos la situación que se vive en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde observamos una Corte Suprema lista para despojar de un derecho a miles de mujeres y personas gestantes. Desde GIRE aplaudimos las decisiones de nuestro tribunal constitucional y continuamos con la lucha por traducir sus sentencias en mejoras puntuales en la vida diaria de las mujeres.

Contemplamos hoy un hecho inédito: la convocatoria a una consulta popular y al fusilamiento “pacífico” de los legisladores que optaron por mantener en sus términos el texto de una Constitución. Propongo, con la sensatez y la experiencia histórica como herramientas, que rectifiquemos y sustituyamos el abiertísimo y riesgoso tipo penal de “traición a la Patria” por algo más propio de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho: el tipo penal de “ataques sistemáticos al pluralismo, a la libertad y al espíritu republicano”.

Lo que pretendemos es desentrañar las aproximaciones que tuvieron los ministros de la Suprema Corte al estudiar su entramado normativo en la acción de inconstitucionalidad 139/2019, promovida por la minoría parlamentaria en el Senado. También hacemos un recuento con el saldo de la discusión y las implicaciones que podrían desencadenarse a partir de ella.

Aquí presentamos algunas tesis que pueden sembrar inquietudes y propuestas que a mediano plazo sean la cosecha de los tribunales constitucionales que tanto merece nuestro país ante las injusticias que claman reivindicación.

Bajo estas consideraciones, como integrantes de la comunidad estudiantil del CIDE hemos reclamado ante los tribunales federales del Primer, Cuarto y Vigésimo Séptimo Circuito la omisión del Conacyt de convocarnos al proceso de auscultación para nombrar a la nueva persona directora del CIDE. En el amparo interpuesto solicitamos que se nos conceda la suspensión provisional y, posteriormente, la definitiva para efecto de que Conacyt detenga y reponga el proceso de designación del director general del CIDE, en aras de que se lleve a cabo un nombramiento en el que sea tomada la opinión de todos los alumnos del CIDE. De este modo, para que nuestro derecho constitucionalmente reconocido no se vea afectado sin posibilidad de reparación, es fundamental que la justicia federal nos conceda la suspensión solicitada ante la inminente designación del director general.

Desde este lugar, además de exigir más mujeres en la SCJN, también queremos poner sobre la mesa la diversidad como parámetro a la hora de medir las paridades. Queremos que sea ministra, y también queremos que las próximas ministras sean indígenas, bisexuales, lesbianas, trans, migrantes, con diversidad funcional, etc. Queremos que la SCJN y los puestos de mayor poder del Estado mexicano sean el reflejo de la composición y diversidad de la sociedad mexicana.

Como sugiere el libro de Matthew C. Ingram, no basta con tener mejores ordenamientos jurídicos; no es suficiente con una mayor profesionalización y capacitación de quienes procuran o imparten justicia o ejercen la abogacía; no basta con ampliar y modernizar la infraestructura judicial; no basta con tener nuevas y mejores generaciones de abogados, no basta con reformas judiciales de calidad si todo ello no va acompañado de una nueva ética; de gobiernos más transparentes y eficientes; de menos regulaciones, y de desterrar de la mentalidad y la conducta ciudadanas la costumbre de percibir la ley y la justicia de manera utilitaria, prebendaria y clientelar.

En las últimas semanas, en medios ha cobrado cierta notoriedad una figura jurídica poco conocida y, al menos en nuestro entorno, poco estudiada. Me refiero a la llamada interpretación auténtica. La cuestión ha salido a colación porque diversas voces al interior del Senado de la República, así como del partido en el gobierno, han expresado su inconformidad con la forma en la cual el INE adaptó sus lineamientos para el procedimiento de revocación de mandato, con motivo de la publicación y entrada en vigencia de la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM) emitida por el Congreso de la Unión.