El nombramiento irregular del nuevo director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) muestra el intento del gobierno federal de intervenir en la autonomía de una de las universidades más importantes de México. Esta medida, realizada a fines de noviembre del 2021, por parte del Conacyt, sin transparencia y sin tomar en cuenta la posición de otras entidades del órgano de gobierno del CIDE, muestra una afrenta a cualquier institución que no sea vista como un aliado del gobierno.
Ilustración: Belén García Monroy
Para quienes siguen la situación de derechos humanos en México, esto no es nuevo pues el actual gobierno ha demostrado su falta de respeto hacia las voces críticas sobre su gestión. Por ejemplo, en agosto de 2020, el presidente López Obrador criticó públicamente a organismos de la sociedad civil por oponerse a la construcción del Tren Maya, mismo que se lleva a cabo sin realizar procesos de consulta o estudios ambientales, de acuerdo a los estándares internacionales. En un país con altos números de ataques y asesinatos a defensores de derechos humanos, estas críticas pueden poner en riesgo la vida de estas personas.
Afortunadamente, la crisis en el CIDE no ha llegado a este punto pero el conflicto sobre el nombramiento político de autoridades pone en riesgo derechos fundamentales para la vida en democracia, tales como la libertad académica y la autonomía universitaria.
Libertad académica en América Latina
América Latina tiene un largo historial de intervenciones de universidades y de persecución al personal académico y líderes estudiantiles. Desde el exilio de profesoras y profesores huyendo de regímenes militares durante la Guerra Fría, la matanza de profesores y estudiantes en el emblemático caso La Cantuta en el Perú, el intento de toma de universidades en Nicaragua, Guatemala o Venezuela. En cada uno de estos y otros casos, la libertad académica y la autonomía universitaria siempre ha estado bajo amenaza; sin embargo, la falta de un marco legal propio impidió un tratamiento legal adecuado de esta problemática.
En este sentido, a inicios de diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó sus Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria. Estos principios sistematizan conceptos desarrollados por la ONU, el sistema interamericano y órganos especializados como la UNESCO sobre estos derechos, reconociendo su existencia y especial relación con la educación, participación, libertad de expresión y de asamblea, entre otros derechos.
Precisamente al analizar estos principios frente a lo que viene ocurriendo en el CIDE, nos permite ver cómo las acciones de la actual administración federal afectan negativamente los derechos de la comunidad académica y universitaria del CIDE.
Afectación de la libertad académica del CIDE por el gobierno federal
La libertad académica y la autonomía universitaria establecen que los recursos o fondos de investigación públicos deben ser asignados bajo criterios técnicos y objetivos. Recortar arbitrariamente el presupuesto o intentar controlar políticamente cómo se usan determinados fondos viola la autonomía de las universidades. En este sentido, la eliminación de los fideicomisos a fines del 2020, sin criterios técnicos que lo justifiquen, afectó severamente proyectos de investigación y ciencia, incluyendo al CIDE.
Adicionalmente, la libertad académica establece el derecho de toda la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y personal administrativo) de participar en la gestión de su institución. Esto va desde exigir políticas objetivas de contratación y selección de personal, adopción de medidas para prevenir y sancionar el acoso, violencia sexual o discursos de odio, así como que su voz sea tenida en cuenta en el nombramiento de autoridades del gobierno universitario.
El nombramiento del nuevo director del CIDE por parte del Conacyt, sin tomar en cuenta la posición del consejo universitario y del cuerpo estudiantil, afectó la libertad y la autonomía de la institución. Si bien hay una cierta discreción en la postulación de nombres por parte del gobierno federal, su selección no puede ser arbitraria y debe estar sujeta al marco normativo de la institución. Si a esto se agrega la falta de transparencia en la sesión que se hizo el nombramiento del director, la decisión carecería enteramente de legitimidad.
Finalmente, el Estado tiene el deber de respetar a los estudiantes que están protestando pacíficamente dentro de la universidad. Los Principios Interamericanos reconocen la inviolabilidad del recinto universitario y el deber de proteger a los estudiantes que participan en marchas y reuniones con autoridades públicas y privadas. Si bien hasta la fecha la toma ha sido pacífica, esta responsabilidad estatal es constante y su incumplimiento podría acarrear responsabilidades internacionales.
Conclusiones
En los últimos días, el Congreso ha recibido a representantes del cuerpo académico y estudiantil, ofreciéndose como mediador en el conflicto. Toda intermediación de buena fe es bienvenida. Pero la respuesta a la crisis está en el propio gobierno federal al reconocer que este proceso no cumplió con las leyes universitarias ni los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la libertad académica y autonomía universitaria.
La única alternativa viable es iniciar un nuevo proceso de nombramiento de directora o director general que sea transparente, participativo, y que incluya a toda la comunidad universitaria. La libertad académica tiene un impacto en la consolidación de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. En el caso del CIDE, el Estado tiene la oportunidad de corregir sus errores y fortalecer la autonomía de las instituciones de educación superior en México.
Salvador Herencia Carrasco. Director de la Clínica de Derechos Humanos, HRREC, Universidad de Ottawa. Twitter: Sherencia77