El ministro Arturo Zaldívar termina su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia este 31 de diciembre de 2022; cinco ministros han levantado la mano con el objetivo de relevarlo el próximo 2 de enero de 2023 mediante una votación entre los integrantes de nuestro tribunal constitucional.
El presente texto tiene como propósito el ofrecer un resumen de las cinco propuestas de trabajo de quienes contienden para la presidencia de la Corte. Cabe recalcar que se presentan en el orden en el que se encuentran en esta página institucional.
Ministra Yasmin Esquivel Mossa
Su plan se divide en dos apartados, el primero, referente a la Suprema Corte; el segundo, relacionado con el Consejo de la Judicatura Federal.
Con respecto a la Corte propone iniciativas enfocadas a lograr una mayor pluralidad en la toma de decisiones que competen a la Suprema Corte, por lo que busca fomentar la participación colectiva de todos los ministros, señalando que la colectividad en las decisiones debe ir más allá de las labores jurisdiccionales.
En este sentido, señala que debe crearse un modelo de trabajo a través de comités de ministras y ministros. Así, propone la creación de los siguientes comités: comité de actualización normativa; comité de comunicación social y participación ciudadana, y comité de desarrollo integral.
Uno de los puntos que más me llamó la atención es el referente a la integración de comisiones de apoyo, dentro de las que destaco la comisión de ministras y ministros en retiro, donde a decir de la ministra se podrá echar mano de la experiencia adquirida por las ministras y los ministros en retiro para el desarrollo de las políticas que corresponde impulsar a la presidencia de la Corte. En este sentido, señala que, para aprovechar esos conocimientos, es conveniente integrarlos en una comisión para que opinen, asesoren y propongan las líneas de acción orientadas a esos fines.
Con el objetivo de tener una Corte más transparente, la ministra Esquivel propone generar información comprensible para toda la ciudadanía, puesto que considera que no basta que los datos estén ahí, pues para generar un verdadero diálogo con la sociedad se requiere claridad. Así, apuntala que un área de oportunidad es el ejercicio presupuestario. Por ello, señala que es necesaria la creación de un nuevo portal de transparencia que se enfoque exclusivamente en el gasto público y el uso de recursos materiales en la Suprema Corte. Acciones similares podría tomarse con el proyecto de presupuesto de egresos de la Corte, a efecto de que la población pueda entender la metodología utilizada para justificar los importes anuales solicitados.
Un punto que comparto con su proyecto es la necesidad de garantizar que más proyectos sean públicos. La ministra Esquivel apuntala que es necesario que se impulsen medidas para que su difusión sea la regla general, no la excepción.
Finalmente, propone mantener canales de interlocución directa para escuchar a la ciudadanía. Por ello, propone generar acercamientos con la sociedad civil a través de la organización de mesas de diálogo con el ánimo de construir en conjunto una política judicial que garantice un mayor acceso a la justicia.
Una acción que plantea para concientizar la corresponsabilidad en el cuidado y educación de las hijas y los hijos es la implementación de un modelo de trabajo a distancia, tanto para hombres como para mujeres, que les permitan permanecer mayor tiempo en el hogar, así como el apoyo de los centros de desarrollo infantil, salas de lactancia y licencias de paternidad.
Con respecto al Consejo de la Judicatura, la mayoría de las propuestas que expone para la Corte tienen su correlativo con el Consejo, salvo lo referente a la carrera judicial. En este sentido, para continuar la implementación del nuevo modelo de carrera judicial, considera primordial establecer un diálogo con las personas juzgadoras con la finalidad de promover el ingreso de personas que cumplan con los parámetros, así como atraer al talento universitario que desee acercarse al Poder Judicial Federal.
En sus líneas de trabajo del Consejo, la ministra señala que el modelo de formación de la carrera judicial no puede dejar de tener un enfoque humano, de ahí que no debe perderse de vista la libertad de desarrollar su vida en aspectos que no sólo abarquen el ámbito laboral, por lo que propone continuar con el impulso a mecanismos que faciliten el desempeño de las labores jurisdiccionales bajo un sistema híbrido y plantea impulsar un sistema educativo judicial que permita robustecer específicamente dos áreas: de sensibilización de todo el personal del PJF en temas de derechos humanos, relaciones laborales, desarrollo de habilidades de liderazgo y; la segunda, basada en la profesionalización de la carrera judicial a través de planes de estudio diseñados para cada puesto. Las personas servidoras públicas deberán cumplir con horas de capacitación que les doten de las herramientas necesarias para lograr la excelencia en las labores que desempeñan.
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
En 41 páginas el ministro Gutiérrez Ortiz Mena hace un desarrollo puntual de sus propuestas y señala que se debe continuar trabajando con jueces, magistrados, consejeros, los ministros. Su propuesta de trabajo se estructura a partir de dos ejes fundamentales de acción: por una parte, las acciones que se refieren a la labor jurisdiccional y, por otra, las acciones administrativas que contribuyen de manera directa al óptimo desempeño de los órganos del Poder Judicial y a la mejora continua del trabajo de las personas servidoras públicas con el beneficio directo de las personas usuarias del sistema de justicia.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena señala que la SCJN y el CJF se han de conducir con una filosofía organizacional de planeación estratégica, la cual entiende como una herramienta metodológica y sistemática que permite el desarrollo e implementación de planes, con el propósito de alcanzar objetivos institucionales. Dicha planeación obedecerá a la misión y visión institucionales.
Propone instalar una oficina de proyectos para la SCJN y el CJF donde cada una de estas oficinas será responsable de la ejecución integral de la estrategia institucional del PJF, bajo la conducción del ministro presidente. En este sentido expone que se aprovechará y fortalecerá la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal para la coordinación, seguimiento y vigilancia general a las mencionadas oficinas de proyectos. Estas oficinas asegurarán que cada programa aprobado sea medido con indicadores de ejecución estrictos para monitorear su eficacia.
Ahora, con respecto a las tecnologías de la información y comunicaciones, el ministro propone partir de un diagnóstico profundo y detallado del funcionamiento de las tecnologías de la información del Poder Judicial Federal para detectar brechas que representen amenazas o riesgos para la institución. A partir de eso, se buscará continuar con la evolución y transformación de los sistemas plataformas y procesos con las siguientes acciones: desarrollo de aplicaciones y sistemas modernos, interconectados e intuitivos bajo el desarrollo de una canal inteligente; creación de un Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones del PJF; sistemas inteligentes para realizar búsquedas predictivas; un poder judicial digital y sin papel; y plataforma e infraestructura segura y escalable.
Una propuesta innovadora que presenta en su plan de trabajo es la de la creación de Juzgados Virtuales. El ministro Gutiérrez señala que es un momento oportuno para avanzar a un PJF altamente digitalizado y accesible para todas las personas, colocando en el centro su necesidad de acceder a la justicia pronta y expedita. En este sentido, propone implementar un número limitado de juzgados piloto que funcionen 100% de manera virtual. Estos juzgados no tendrán residencia u oficina física y contarán solamente con: una oficina de representación física para informes y dudas, y algunos espacios para audiencias o juntas podrán reservarse para cuestiones estrictamente esenciales. Ahora, la materia de estos juzgados podrá ser especializada en derecho ambiental o en controversias muy concretas como juicios mercantiles de cuantía menor y amparo, también podrían actuar como tribunales auxiliares en los juicios que más carga representen para los órganos jurisdiccionales y cuya realización remota sea posible.
Ahora bien, dentro de sus líneas de acción en el ámbito jurisdiccional de la Suprema Corte se propone el fortalecimiento la Secretaría General de Acuerdos del Pleno y las Secretarías de Acuerdos de las dos Salas, el continuar con el acercamiento a la ciudadanía y ampliar la difusión de la actividad sustantiva y colegiada de la institución y consolidar la presencia internacional de la Corte con un intercambio fructífero entre distintos actores como los tribunales de otras jurisdicciones constitucionales, tribunales internacionales y regionales, órganos monitores de los tratados internacionales, mecanismos especiales tanto de la OEA como de la ONU, agrupaciones de jueces y juezas, instancias académicas, y otras instancias del ámbito internacional.
Asimismo, señala que el Centro de Estudios Constitucionales ha realizado una labor profunda de estudio, investigación y difusión, la cual sería apoyada para trabajar en las líneas transversales orientadoras de este plan de trabajo: derechos humanos, violencia de género y medio ambiente. Además, presenta una propuesta sumamente interesante al señalar que el incumplimiento de una resolución de amparo debe generar severas sanciones penales, presupuestales y de vigilancia para las autoridades involucradas, por lo que se propondrá que el poder judicial lleve una bitácora del cumplimiento de sentencias de amparo con el fin de tener un padrón anual de autoridades omisas y contumaces. Este listado servirá para dar vista al Ministerio Público federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Auditoría Superior de la Federación para lograr que el reproche que merecen no se agote en la vía penal, sino también alcance la vía presupuestal y de responsabilidades políticas y administrativas.
Finalmente, en sus líneas de acción en el ámbito jurisdiccional del CJF enuncia una serie de objetivos de mejora sustantiva que ha identificado previo a un diagnóstico de profundidad, dentro de los que destacan: el combate a la violencia laboral y al acoso discriminatorio y sexual; el fortalecimiento de la carrera judicial; la distribución equitativa de las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales; el acceso a la impartición de justicia mediante kioscos de información; el reforzamiento de medidas para la adecuada implementación de políticas de protección a los derechos humanos; la adopción de una política de escucha y atención a las personas que imparten justicia federal; la continuidad con la labor del Instituto de la Defensoría Pública Federal, la creación de un Registro Público de Méritos de las personas Servidoras Públicas y la creación de tribunales especializados en materia de medio ambiente.
Ministro Javier Laynez Potisek
De todas las propuestas, sólo el ministro Laynez ofrece una versión accesible y una versión estándar de su plan de trabajo. Su propuesta se divide en tres ejes: fortalecimiento de la labor jurisdiccional; transparencia y combate a la corrupción y derechos humanos; y accesibilidad y atención a grupos vulnerables.
La primera acción que propone es la elaboración de un diagnóstico general tanto de los procedimientos como de las áreas que intervienen en los procesos jurisdiccionales, desde que se admite un asunto y hasta su entrega al archivo. La necesidad de este diagnóstico parte de problemas que son evidentes y, como ejemplo, destaca los distintos pasos que llevan a la publicación de un engrose generan retrasos muchas veces injustificados.
Asimismo, se propone impulsar estrategias conjuntas entre la Suprema Corte y el CJF para definir una política judicial consolidada que combata eficientemente el rezago judicial y que tome en cuenta las necesidades de los órganos jurisdiccionales. Esto, con el objetivo no sólo de recortar procesos administrativos para una impartición de justicia más expedita, sino también estandarizar y transparentar.
Ahora bien, con el objetivo de garantizar la eficiencia en el gasto administrativo propone proceder a una revisión de las estructuras administrativas para: a) suprimir áreas que dupliquen funciones; b) integrar o fusionar otras, y c) redistribuir recursos humanos y materiales para evitar áreas con mucho trabajo y poco personal u otras con mucho personal y poco trabajo.
Con el objetivo de procurar el mejor ambiente laboral y el respeto entre pares y superiores, se propone reconceptualizar las funciones de vigilancia que ejerce el CJF para que incentive y garantice buenas prácticas y relaciones laborales al interior de los órganos jurisdiccionales.
Asimismo, propone implementar un sistema de capacitación continua que garantizará la preparación y actualización de todas las personas impartidoras de justicia, con especial enfoque en los temas más novedosos, complejos o que requieren de especial profesionalización.
Como mencionan otros de sus pares, el ministro Laynez señala que una de las áreas que requieren revisión se refiere a los proyectos de sentencia que son publicados antes de su votación. En este sentido, propone que se evalúe colegiadamente la pertinencia de que los proyectos de acciones de inconstitucionalidad se publiquen por el impacto que suponen, pues es frecuente que, por el interés de la sociedad en éstos, se filtren por medios ajenos al propio órgano.
De igual forma propone la emisión de reglas y estándares claros para regular los puntos de contacto entre las personas juzgadoras y las partes, con un sistema de audiencias formales en donde se garantice la imparcialidad, la transparencia y la equidad de las partes del procedimiento. Por ejemplo, contemplando que se notifique a la contraparte cuando una parte solicite audiencia, abriendo la posibilidad de que acuda también a la audiencia agendada.
Asimismo, plantea la reglamentación de las amicus curiae que se reciben en los órganos jurisdiccionales. Así, al regular y limitar estas intervenciones se prestaría mayor atención a dichos escritos, que pueden llegar a ser de gran utilidad para contextualizar y conocer con mayor profundidad los puntos complejos del asunto en cuestión.
El ministro Laynez propone analizar la pertinencia de establecer un observatorio de participación ciudadana que coadyuve en la vigilancia y el monitoreo, exclusivamente, en lo que corresponde al ejercicio del gasto administrativo.
En relación con el eje de los derechos humanos, su plan de trabajo señala que parte fundamental de una impartición de justicia efectiva y accesible es que sea entendible y cercana por lo que considera pertinente elaborar un manual para la redacción de las sentencias accesibles y sencillas, y facilitar talleres prácticos que coadyuven al personal jurisdiccional con esta obligación.
Además, propone trabajar con las personas juzgadoras para avanzar en que todas las sentencias que se emitan utilicen un lenguaje sencillo, claro, sin tecnicismos jurídicos, con estructuras homogéneas, que permitan a toda la población, aun sin preparación legal, un mejor entendimiento de éstas.
Finalmente, reitera el compromiso de continuar y profundizar con la implementación de las acciones afirmativas y demás acciones necesarias para lograr la paridad de género en la integración de los órganos jurisdiccionales; sancionar el acoso sexual y prevenir y desterrar cualquier forma de discriminación y violencia contra la mujer, por lo que propone continuar con la implementación de políticas integrales que permitan a las mujeres no solamente conservar, sino también acceder a todo tipo de cargos en el poder judicial, asegurando que sean parte de los puestos más altos a nivel administrativo y jurisdiccional. Se señala que estas políticas laborales deben incluir medidas administrativas que incidan en las jornadas de trabajo y sus horarios, respeto a los cuidados materno-infantiles, prevención, sanción y erradicación de prácticas de acoso sexual y laboral, generación de espacios libres de violencia, incremento de espacios para lactar, entre otros. De tal manera que estas medidas garanticen escenarios que aseguren mejores posibilidades no sólo de conservar sus trabajos y desempeñarlos en mejores condiciones, sino de crecer profesionalmente.
Ministro Alberto Pérez Dayan
En su plan de trabajo el ministro Pérez Dayan parte de enfocar los esfuerzos sobre dos aspectos primordiales: el primero, es continuar con la política de cero tolerancia a cualquier hecho de corrupción, haciendo de ella una más eficiente y eficaz, e implementarla al resolver hechos que impliquen discriminación, hostigamiento, acoso sexual y discriminación, ya que no es posible tolerar situaciones de tal índole en la institución jurisdiccional protectora de los derechos humanos; el segundo, es recobrar la confianza ciudadana.
Como primer punto de su plan, el ministro habla del fortalecimiento del poder judicial y de la importancia de garantizar su credibilidad, por lo que propone un ejercicio colegiado en la toma de decisiones de la presidencia, a fin de que sea incluyente y respetuosa de las ideas de las demás ministras y ministros.
En este sentido, propone trabajar en conjunto a través de comisiones integradas por ministras y ministros sobre los ejes centrales de mayor interés, tales como la administración, los procedimientos administrativos de responsabilidad, la transparencia, la política de cero tolerancia al acoso sexual, hostigamiento, discriminación, nepotismo y corrupción, entre otros. Se trata de temas, en general, que permiten ver y resolver mejor aquellos temas que, aunque no son jurisdiccionales, resultan de suma importancia para el poder judicial, y cuya gestión o falta de atención ha contribuido de alguna forma a la merma de la credibilidad ciudadana.
De igual forma propone reforzar el perfil de la persona juzgadora, en tanto no sólo se prioricen los conocimientos y habilidades requeridas, sino que también se cuente con la integridad para el cargo y plantea la importancia de generar y mantener un diálogo constante tanto con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia como con la sociedad a través de las diversas asociaciones que permitan observar las áreas de oportunidad.
Una constante hasta ahora en todos los planes de trabajo ha sido la importancia de una política contra el acoso sexual y laboral. En este sentido, el plan de trabajo del ministro Pérez Dayan habla de una consolidación de una política de cero tolerancia al hostigamiento laboral, acoso sexual, discriminación, nepotismo y corrupción para lo que señala será fundamental impartir a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, cursos de sensibilización sobre temas de equidad de género, discapacidad, hostigamiento, acoso sexual y discriminación, a fin de que puedan distinguir cuándo se configura una u otra y cuándo se trata de conductas inherentes a las exigencias propias del cargo.
Ahora bien, con el objetivo de garantizar la autonomía e independencia judicial, propone la desvinculación de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Esto, en tanto considera que para hacer efectiva una política de cero tolerancia a la corrupción es precisa dicha desvinculación y señala que si en realidad se pretende cumplir y hacer cumplir tanto las obligaciones legales y normativas, así como los procedimientos establecidos para ello, es preciso dotar a esta Contraloría de autonomía e independencia que les permita actuar y aplicar la ley con estricto apego a sus atribuciones y adecuar la normatividad al respecto.
Otra de sus propuestas es realizar un análisis de los procedimientos administrativos en relación con las faltas más comunes en que incurren las personas servidoras públicas e implementar un plan de acción para prevenir ese tipo de conductas. De igual forma propone implementar evaluaciones sobre la integridad de cada aspirante a persona juzgadora antes de acceder al cargo, lo cual será complementario a la evaluación de conocimientos.
Por otro lado, propone la creación de una unidad garante de la autonomía e independencia de las personas juzgadoras, de forma que puedan atenderse las denuncias de cualquier acto que consideren que atente contra su autonomía e independencia judicial. En este sentido señala que no podemos dejar de ver que en no pocas ocasiones las personas juzgadoras han sido presionadas de diversas formas para resolver en determinado sentido, desde amenazas, hostigamientos y otras presiones indebidas, interferencias externas, particularmente se han encontrado más expuestas las personas juzgadoras federales que resuelven las causas penales contra el crimen organizado.
En este línea, propone la creación de una unidad garante de la autonomía e independencia de las personas juzgadoras, como un sistema integral de prevención y protección que les permita denunciar cualquier tipo de acción que consideren que atenta contra su autonomía e independencia e, incluso, contra su integridad, para que se les brinde la atención y se tomen las medidas necesarias, de forma ágil y prioritaria, para garantizar el sano y normal desarrollo de su labor, libre de cualquier presión que pueda incidir en sus resoluciones, permitiendo garantizar de mejor manera su integridad personal y la de su familia.
Con el objetivo de garantizar la equidad de género, el ministro Pérez Dayán propone el fomento del teletrabajo en funciones que no impliquen atención al público privilegiando a las madres trabajadoras o padres trabajadores que tengan hijas y/o hijos menores a su cargo, siempre que así lo soliciten. Esto, con la finalidad de que dichas personas servidoras públicas puedan conciliar la vida laboral con la vida familiar, respetando su derecho de desconexión.
En la misma línea propone adoptar medidas y buenas prácticas que les permitan a las mujeres ocupar mayores espacios en los cargos más altos del Poder Judicial de la Federación -a efecto de reducir la brecha salarial que subsiste- y propone dos medidas concretas.
En primer lugar, la implementación de una cuota de género que permita a las mujeres acceder a los más altos cargos administrativos dentro del Poder Judicial de la Federación.
Y a su vez, tratándose del ámbito jurisdiccional, para acceder al cargo de magistrada o jueza, se plantea, como una medida afirmativa, que durante los concursos abiertos de oposición, se les otorgue a las aspirantes flexibilidad en la carga de trabajo a fin de darles la oportunidad de estudiar durante el horario laboral a todas aquellas trabajadoras que así lo soliciten, ausentarse de sus labores para la realización del examen oral, descentralizar la aplicación de las dos primeras evaluaciones durante el concurso. Es decir, que la aplicación del cuestionario, así como la realización del proyecto, se lleven a cabo en las sedes de la Escuela Federal de Formación Judicial de la residencia de las aspirantes, de modo que se facilite su participación y; en la medida de lo posible, privilegiar a aquellas trabajadoras que tengan labores de cuidado en su hogar a fin de determinar el lugar de su adscripción.
Ministra Norma Lucía Piña Hernández
El plan de trabajo de la ministra Piña inicia señalando que su compromiso, de ser electa ministra presidenta, será desempeñar sus funciones en términos del marco nacional e internacional y, principalmente, conforme a la columna vertebral de la encomienda constitucional: la independencia judicial.
Al hablar de la independencia judicial señala que no basta hablar sólo de mecanismos de nombramiento y control disciplinario sino que también hay que hablar de cómo se garantiza la seguridad de las personas juzgadoras y expone que un juzgador no puede ser independiente si no parte de la base mínima que representa su seguridad, personal y familiar por lo que propone encontrar mejores mecanismos para garantizar que la independencia judicial se acompañe, siempre, de la plena salvaguarda de la integridad física de los operadores jurídicos, así como de quienes los rodean.
Ahora, sus líneas generales de trabajo. Su primera línea es la del fortalecimiento de la función jurisdiccional y puntualiza que consultará sobre la continuidad al esquema de excelencia implementado en la Escuela Federal de Formación Judicial, para que se mantenga a la vanguardia en la capacitación permanente de las personas operadoras de justicia, en las diversas áreas del derecho y disciplinas afines. Esto atendiendo, primordialmente, a los precedentes que derivan de tribunales internacionales de protección de los derechos humanos, de los que emita la Corte, pero con un destacado énfasis en los diversos procesos competencia de los órganos jurisdiccionales federales.
Señala que propondrá acciones que incentiven y privilegien el conocimiento por sí mismo, y no la mera acumulación de certificados que, por sí solos, no garantizan una mejor capacitación les integrantes del poder judicial. Asimismo, propone continuar y expandir la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales a través de publicaciones y actividades académicas que acompañarán en sus labores a las y los integrantes de los órganos jurisdiccionales. En especial, señala que deben continuarse e irse actualizando permanentemente los cuadernos de jurisprudencia, el sello distintivo del Centro de Estudios Constitucionales en temas tan fundamentales como el derecho de familia, los derechos de la diversidad sexual, el derecho de daños, la igualdad y no discriminación, los derechos de las personas y comunidades indígenas, el medio ambiente, la evidencia científica o el control de convencionalidad. Sugiere que se realicen mayores esfuerzos para que herramientas críticas como los cuadernos de jurisprudencia se difundan y discutan ampliamente en los juzgados y tribunales de todo el país.
Su segunda línea es la consolidación del combate a la corrupción. Para esto propone aplicar de manera integral del Sistema Nacional Anticorrupción en el Poder Judicial de la Federación y la creación una Comisión Anticorrupción del PJF y expone que con la finalidad de renovar y consolidar el procedimiento de responsabilidad administrativa al interior del CJF, planteará la elaboración de un nuevo acuerdo general que agilice, actualice y simplifique su regulación en las etapas de investigación, substanciación y resolución. Esto con énfasis en el respeto al principio de autonomía y separación de funciones, garantizando en todo momento, la ausencia de interacción entre las unidades administrativas encargadas de cada una de estas etapas, con el objetivo de que se respeten los mandatos constitucionales y se garantice a la sociedad que se sancionará a aquellas personas servidoras públicas que hubiesen incurrido en alguna falta administrativa.
En la misma línea, señala que someterá a consideración de sus compañeras y compañeros la emisión de normativa que, de manera clara y precisa, permita regular las obligaciones a cargo de las personas servidoras públicas en materia administrativa y jurisdiccional, tales como el régimen de declaraciones patrimoniales, así como la realización de las actas de entrega-recepción, de forma armonizada con los avances institucionales en otras materias tales como el combate a la violencia laboral. Asimismo, propone la emisión de un nuevo código de ética institucional.
Una de sus propuestas se aboca a la instauración del servicio civil de carrera en las áreas administrativas de la SCJN y el CJF. Así, propone la continuación de las tareas de evaluación para lograr la implementación del servicio civil de carrera tanto en la Corte como en el CJF y así consolidar, fortalecer e incentivar al capital humano.
De manera similar, señala que someterá a consideración de sus pares una reestructura de ciertas áreas administrativas con la finalidad de alcanzar dos objetivos fundamentales: 1) mejorar el desempeño de las atribuciones de las áreas administrativas involucradas, principalmente, en los procesos de fusión propuestos; y 2) incentivar el ahorro en el presupuesto, haciendo más con menos.
En materia de género la ministra propone diseñar e implementar medidas adicionales. Señala que la aplicación de la perspectiva de género en el PJF no podrá concretarse si no cuenta con cinco condiciones indispensables: i) valor para hacer frente al acoso sexual y a la violencia de género, ii) paridad especialmente en puestos de alta responsabilidad que rompa los techos de cristal iii) presupuesto suficiente para concretarse, iv) pericia en la materia, y v) respaldo administrativo para gestionar las políticas necesarias.
En materia de transparencia focalizada, propone que cualquier labor de transparencia que se emprenda deba necesariamente ser evaluada en tres espectros: cantidad, calidad y accesibilidad; además sugiere emprender un proyecto de renovación total de los esquemas de clasificación y bases de datos, homologando nuestros precedentes de forma clara, racional y predecible.
A manera de anécdota, la ministra Piña señala que en su camino como juzgadora federal ha experimentado personalmente las consecuencias de la dilación en la atención de peticiones al CJF, ya sea por una situación derivada del ejercicio del cargo propiamente, o bien, de carácter administrativo. Así, expresa que presentará un proyecto para utilizar los medios electrónicos institucionales con la finalidad de implementar una plataforma de servicio para recabar las necesidades y solicitudes de los órganos jurisdiccionales.
Su cuarta línea de trabajo es la centralidad de los derechos humanos a través de unidades especializadas dicha centralidad comenta que se debe seguir reforzando en la impartición de justicia y también deberá ser el faro que guíe la labor cotidiana al interior de la judicatura.
Habla de la creación de unidades especializadas e interdependientes que den cabida a las distintas corrientes de pensamiento y paradigmas, que permitan enriquecer el conocimiento y la sensibilización a través de, no solamente la labor jurisdiccional, sino de un diálogo directo con las víctimas y sus representantes, con las y los expertos de distintos ámbitos de la ciencia, la academia y la sociedad civil organizada, tanto del ámbito nacional como internacional. Se plantea contar con una unidad específica en materia de perspectiva de discapacidad que, en coordinación directa con el área competente de derechos humanos, fungirá como una unidad de atención transversal que alcanzará tanto a las áreas administrativas como jurisdiccionales.
Al hablar de la unidad en materia de perspectiva de género señala que propondrá consolidar la actual Unidad General de Igualdad de Género como un espacio de alto nivel de reflexión y conocimiento sistémico, interdisciplinario, que dé cabida a las distintas corrientes feministas. El objetivo, dice, es trascender la actual labor de sensibilización y capacitación en perspectiva de género y enfoque restaurativo, no sólo mediante la contratación de personas ajenas a la unidad, sino convertir a la propia unidad, como la fuente de conocimiento especializado de la materia a través de la centralidad de las víctimas. Esta tendrá la encomienda de brindar asesoramiento especializado a las ponencias, cuando lo requieran, en aquellos casos en que se conozcan asuntos que puedan marcar precedentes sobre perspectiva de género.
Señala que un tema pendiente desde el 2013 es la definición de si es necesario crear juzgados especializados en materia ambiental o instrumentar un programa efectivo, serio, completo y con actualización permanente para la especialización judicial en materia ambiental y de cambio climático.
Finalmente sugiere buscar y reforzar alianzas con instancias científicas y judiciales para trabajar con la SCJN en casos complejos relacionados con los problemas ambientales y climáticos. Plantea la creación de una unidad especializada en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que apoye a estos grupos en el fortalecimiento de la diversidad pluricultural.
A manera de conclusión
Como se puede observar, las cinco propuestas tienen puntos en común y coinciden en la importancia de ciertos temas como la paridad de género, erradicar el acoso y hostigamiento sexual, así como la necesidad de presidir de una manera que permita la cercanía entre pares y que se continue con el trabajo que ha realizado el Centro de Estudios Constitucionales, la Escuela de Formación Judicial y el Instituto de la Defensoría Pública. Si bien es cierto que la votación es interna y serán los 11 integrantes de la Suprema Corte quienes decidan quien les presidirá, es crucial que la ciudadanía esté involucrada y conozca qué proponen estos candidatos. Al final del día, lo que pasa en la Corte nos impacta a todos.
Melissa S. Ayala García. Coordinadora del área de Documentación y Litigio de Casos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Abogada por el ITAM. LLM ‘19 por Harvard Law School. Confundadora de Nosotrxs. Twitter: @melissaayala92.