En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 90/2020, iniciada luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados impugnara el acuerdo presidencial mediante el cual el Titular del Ejecutivo dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar tareas de seguridad pública. Diversas voces han analizado ya el debate sostenido en el Pleno, incluso en este espacio. Dado que aún le restan a la SCJN otros asuntos relevantes sobre el proceso de militarización en curso y dado que la redacción final de la sentencia respectiva está por elaborarse, es fundamental profundizar en el análisis de lo decidido.
El plan B de AMLO: ¿una reforma electoral para la democracia?
Hoy, 12 de diciembre, la discusión vuelve a presentarse, en el Senado como cámara revisora de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Como sucede con los contenidos de toda reforma legal, ni todo parece fortalecer a nuestro sistema electoral ni tampoco todo está mal. Pero lo que sí se ha mostrado es una intención de acallar el diálogo y la deliberación democrática. Es necesario pues reflexionar sobre el camino legislativo y sobre el contenido.
Ricardo Flores Magón, las fuerzas armadas y el derecho como acto de magia
A cien años de su muerte en una cárcel en Leavenworth, Kansas, el gobierno federal decretó que el 2022 fuese nombrado el año de Ricardo Flores Magón. 2022 también ha sido el año en el que el modelo de seguridad pública que el Estado mexicano ha implementado informalmente desde el 11 de diciembre de 2006 ha tomado la forma jurídica que, posiblemente, tendrá hasta el año 2028. En este año, pues, el derecho y la historia se cruzan para hacer una celebración de la ironía: al mismo tiempo que se decide celebrar al referente más importante del anarquismo mexicano, los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— dan los últimos toques jurídicos para formalizar ex post facto la presencia de los militares en las calles del país.
La Suprema Corte ante la militarización: la resolución de la controversia constitucional 90/2020
En la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del martes 29 de noviembre de 2022 se discutió y aprobó el proyecto de resolución de la controversia constitucional 90/2020 promovida por la Cámara de Diputados en contra de Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Este asunto fue proyectado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y consiguió ser avalado por siete de sus colegas que integran el Pleno. Pero ¿en qué consistió la demanda? ¿Qué planteaba el proyecto? ¿Cuál fue la discusión que se dio en torno a esto? ¿Qué implicaciones tiene dicha resolución? Y, sobre todo, ¿Qué sigue después de esto?
¿En qué quedó la prisión preventiva oficiosa en México?
El pasado jueves 24 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en definitiva en el país el primer asunto, la acción de inconstitucionalidad 130/2019, relacionado con el funcionamiento íntegro de la prisión preventiva oficiosa. Aunque todavía está pendiente de que conozcamos la sentencia, como documento definitivo, a partir de los debates públicos que se llevaron a cabo en el Pleno de la SCJN es posible trazar algunas conclusiones que deberán ser contrastadas con la sentencia que se publique.
El extractivismo en las prisiones mexicanas
La prisión en México presenta características de una institución extractiva al utilizar la privación de la libertad como oportunidad para explotar, al grado de exprimir, a las personas privadas de la libertad y a sus círculos cercanos, al igual que al erario, en beneficio de minorías en el poder o cercanas al poder. Existen distintos tipos de cárceles en nuestro país, pero el elemento común que comparten la mayor parte de ellas es el de ser espacios donde las personas presas son tratadas como objeto por agentes de los gobiernos federal y locales, así como por grupos de autogobierno dentro de las prisiones y, recientemente, por empresas privadas que co-operan algunas de ellas.
La Suprema Corte y el reto de la otra militarización
Independientemente de lo que puedan resolver sobre la inconstitucionalidad de los diferentes decretos y proyectos de ley que pretenden aumentar y prolongar la influencia de las fuerzas armadas en el país, la Suprema Corte también tiene oportunidad de atender dicho problema desde la raíz. Es decir, la implementación de los diferentes medios de control de constitucionalidad puede ir más allá de sus límites institucionales, con el fin de atender el riesgo de la militarización desde su origen sociológico en lugar de atender únicamente sus últimas manifestaciones dentro del aparato ejecutivo y legislativo.
El día de Musk en la Corte Suprema estadounidense: Twitter v. Taamneh
En medio de este huracán, vale recordar que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió el pasado 3 de octubre que conocería el caso Twitter v. Taamneh en el que resolverá si las plataformas digitales como redes sociales son responsables cuando sus usuarios publican contenido relacionado con actos u organizaciones terroristas y no es inmediatamente retirado.
El cambio climático a juicio de derechos humanos
Recientemente el Comité de Derechos Humanos (CDH), creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), emitió una resolución respecto de un caso en el marco de su procedimiento de comunicaciones individuales en la que encontró que un país había incumplido con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por no haber adoptado las medidas necesarias para proteger a un grupo de seres humanos de los efectos del cambio climático.
Prisión preventiva oficiosa: un nuevo proyecto para derrotarla
El jueves 8 de septiembre de este año, el ministro Luis María Aguilar Morales, después de dos días de discusión en el Pleno de la Suprema Corte retiró su proyecto relacionado con la prisión preventiva oficiosa y prometió elaborar uno nuevo para resolver la acción de inconstitucionalidad 130/2019. El ministro encontró puntos en común en las intervenciones de sus pares que, en su opinión, evidenciaban la posibilidad de llegar a la mayoría requerida de ocho votos. La tarea del ministro fue construir una propuesta que uniera los puntos de conexión y matizara los disensos. El 24 de octubre pasado, la SCJN hizo público el nuevo proyecto.