No quiero pecar de ingenuidad: sé que la relación entre política y derecho es estrecha, de múltiples aristas y que el derecho usa a la política, y viceversa. Tampoco quiero pecar de formalista, de ser un fetichista legal y constitucional, que ve en la letra de la ley mandatos de bronce atrapados en una caja de cristal. Pero, en verdad, la petición de consulta constitucional enviada por el Ejecutivo al Senado, y por éste a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene pies ni cabeza.
Ginsburg, McConell y La guerra de las galaxias
Con la vacante de Ginsburg y el poder de Mitch McConell, Estados Unidos se alista para una nueva batalla, una guerra más dentro de todas las que pelea, acaso la más relevante después de las elecciones de noviembre. Como en Star Wars, el futuro de la República está en juego. Y Darth Vader está preparado para la guerra que apenas comienza.
Ruth Bader Ginsburg: la gran disidente
Podría escribir páginas de la vida y obra de Ruth Joan Bader Ginsburg; sin embargo, en este texto me enfocaré en el legado jurisprudencial que nos deja y trataré de explicar por qué sus votos particulares la posicionaron como la gran disidente.
Juicio a expresidentes y los mitos de los extremos
Quienes se oponen a la consulta no deben desestimar un argumento central de quienes la defienden: nuestro sistema de justicia no tiene cómo procesar conflictos de alta volatilidad política y que están relacionados con agravios populares resentidos masivamente. A la SCJN le ha tomado muchos años modificar sus criterios sobre reparación del daño y ha reiterado en más de una ocasión que, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es un tribunal que pueda ocuparse de violaciones masivas de derechos humanos.
La consulta sobre los expresidentes: ¿el pueblo manda… e imparte justicia?
En principio, la consulta sobre juicio político a expresidentes y las demás consultas pudieran parecer lo mismo, aunque en realidad no lo son. Como dice el proverbio popular: “la forma es fondo”. Llama la atención que, a diferencia de los casos anteriores, la consulta para enjuiciar ex mandatarios nacionales se haría conforme al procedimiento formal que marca la Constitución en su artículo 35 fracción VIII, mientras que las anteriores fueron consultas que no siguieron casi ningún requisito o procedimiento legal. Esto afectó la legitimidad de sus resultados: hubo una falta de representatividad importante, no las organizó la autoridad competente, y se formularon preguntas sesgadas y parciales, entre otros vicios. En este sentido, no podemos confundir una consulta de ese tipo, con el mecanismo formal de democracia directa establecido en la Constitución, que es la consulta popular.
Los litigios del presidente López Obrador
¿Las facturas falsas ponen en riesgo a la seguridad nacional?
En la segunda mitad del año pasado, la mira punitiva del actual gobierno federal apuntó hacia las llamadas empresas factureras dedicadas la expedición y venta de comprobantes fiscales para simular operaciones y obtener indebidos beneficios fiscales. Esta vez, la mayoría legislativa probó una ruta alternativa para incorporar a los factureros a la lista del derecho penal del enemigo sin tener que reformar la Constitución. Así, el 18 de noviembre de 2019, se publicó un paquete de modificaciones que catalogaron a la compraventa de facturas como un delito que pone en riesgo a la seguridad nacional. En respuesta, la CNDH presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de estos ajustes legislativo.
¿Se debe eliminar el procedimiento de sustitución de la jurisprudencia?
En el proyecto de reforma judicial se considera que la sustitución de jurisprudencia no tiene cabida en un sistema de precedentes sin que se dé un caso concreto. Pero, en verdad, ¿se debe eliminar este procedimiento de sustitución de la jurisprudencia?
Los litigios del presidente López Obrador
Un galimatías llamado Ley Nacional de Extinción de Dominio
De estas reformas constitucionales, entonces, derivó la LNED, publicada el 9 de agosto de 2019, y cuya constitucionalidad ha sido puesta en entredicho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en cuya demanda, por cierto, cita que recibió 524 solicitudes para promover la acción de inconstitucionalidad ante la escandalosa violación de derechos que implicaba esta nueva legislación. Ahora bien, esta acción de inconstitucionalidad, presentada el 9 de septiembre de 2019, en contra de la LNED se centra en ocho puntos respecto los cuales la SCJN deberá determinar si se violan los derechos de seguridad jurídica, acceso a la información pública, propiedad, protección de datos personales, tutela judicial efectiva, debido proceso, legalidad, publicidad, irretroactividad de la ley, así como la supremacía constitucional.
¿Es viable la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes?
El tema recién propuesto a debate por el presidente López Obrador consiste en consultar a los ciudadanos mexicanos si desean llevar a juicio a los expresidentes de la República.
Los litigios del presidente López Obrador
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza: ¿logra domesticar la fuerza pública conforme a la Constitución y tratados internacionales?
Aunque la aprobación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza es un paso adelante pues por años México careció de una legislación en la materia, tal y como fue aprobada pone en riesgo derechos humanos y, más ampliamente, cuestiones esenciales para la democracia. ¿Cuáles son los principios que deben guiar el uso de la fuerza? ¿Cómo debe regularse el uso de la fuerza letal? ¿Cómo debe regularse la relación entre uso de la fuerza y protesta? ¿Cómo reforzar los controles externos sobre las fuerzas de seguridad? Esas son las preguntas que la SCJN deberá plantearse al resolver esta ley, a partir de la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH. Por eso importa esta deliberación pendiente; ojalá que en el análisis de la SCJN prevalezca la perspectiva de derechos.