Nuestra región necesita mucho más vigor en sus políticas sociales. Necesitamos desarrollar una cultura de inclusión social, especialmente de los jóvenes marginados, sin oportunidades de futuro. Necesitamos una cultura de la legalidad, contra la impunidad y a favor del estado de derecho. Desde luego que tenemos que luchar contra la corrupción en todos los niveles. Pero todas esas políticas no serán suficientes para frenar la violencia criminal que anualmente se lleva a miles de nuestros jóvenes si no detenemos los flujos ilícitos de la venta de armas.
La diputación migrante y el papel del juez constitucional
Este fallo judicial representa un freno a la reforma legislativa, aprobada por la mayoría del Congreso de Ciudad de México, que buscaba eliminar la representación migrante ante una supuesta insuficiencia de recursos económicos y materiales, mediante la reforma de los artículos 4, apartado B, fracción III; 6, fracción I; 13; 76 y vigésimo quinto transitorio del código electoral de la entidad.
Los litigios del presidente López Obrador
Ley Nacional del Registro de Detenciones: ¿cuáles son sus fallas?
El 26 de junio de 2019, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez presentó, en su carácter de titular del organismo, una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada el 27 de mayo del mismo año. En su escrito, la CNDH inicia celebrando la aprobación de la ley como un avance trascendental y reconoce la importancia del establecimiento de un sistema que permita contar con la información de las corporaciones policiales, y que ponga a disposición esos insumos para todas las instituciones que participan en el sistema, tanto a nivel local como federal. Sin embargo, sostiene que esta ley no cumple con el requisito de limitar y acotar debidamente las actuaciones de la autoridad y genera incertidumbre jurídica para los ciudadanos.
Mitigar los efectos de la violencia de género en los centros de trabajo: un compromiso pendiente
La ratificación del Convenio 190 y la implementación de las medidas establecidas en su Recomendación 206 constituyen iniciativas al alcance del Estado mexicano para atender la violencia en contra de las mujeres –tanto familiar como doméstica– y cumplir con sus obligaciones y compromisos en materia de los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Por eso, frente al contexto de la nueva normalidad, es necesario que el Estado mexicano ratifique el instrumento internacional de la OIT y desarrolle normativas y políticas que busquen atender y mitigar la violencia de género en todos los ámbitos, incluyendo los espacios públicos y privados de las mujeres mexicanas.
Los litigios del presidente López Obrador
Otra vuelta a la espiral: acuerdo presidencial, fuerzas armadas y seguridad pública
La reforma constitucional fue publicada el 26 de marzo de 2019. Después, el 27 de mayo de ese año, se publicó la Ley de la Guardia Nacional y, posteriormente, su reglamento. A casi un año de que el entramado jurídico de la guardia nacional cobrara forma, el 11 de mayo de 2020, el presidente López Obrador emitió un acuerdo en el que, con fundamento en el quinto transitorio de la reforma constitucional, ordenó a las fuerzas armadas a participar en las funciones de seguridad pública que le corresponderían a la guardia nacional, conforme a determinadas fracciones de artículo 9 de su ley, hasta el 27 de marzo de 2024.
El Tribunal Electoral y la renovación de la dirigencia de Morena: ¿qué es una encuesta abierta?
¿La ausencia de un padrón confiable de afiliados es una razón suficiente para homologar el carácter de militantes con simpatizantes? Definitivamente considero que no. Así se optase por un método de consulta abierta, ésta tendría que ser entre el universo de militantes. Pues ni la sentencia primigenia, ni las posteriores resoluciones incidentales ofrecen razonamiento alguno que justifique la creación espontánea de un “derecho” de los simpatizantes para participar en la toma de decisiones de la vida interna de un partido.
Hacia una nueva realidad judicial: la publicidad de las sentencias
Esta modificación que obliga a todos los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias, fue publicada el pasado 13 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, dando un plazo de 180 días para su cumplimiento. Han pasado más de 190 años desde que se estableció el poder judicial en México — exactamente en el año 1824—. Esto es, la opacidad y la inaccesibilidad de la información han caracterizado a las instituciones encargadas de impartir justicia, durante casi dos siglos.
Caso Lozoya: presunción de inocencia vs. exposición mediática
El propósito de este texto consiste en efectuar una serie de comentarios acerca de los señalamientos arriba expuestos, a la luz del principio de presunción de inocencia y su configuración conceptual por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de diversos criterios jurisprudenciales. Para tal fin, revisaremos el concepto de presunción de inocencia, los enfoques que respecto de él pueden identificarse, y la relación de este principio como regla de trato en su vertiente extraprocesal, con el diverso principio de buena fe ministerial y el derecho a la información.
Alphabet, Amazon, Apple y Facebok o por qué urge modernizar el derecho
El 29 de julio de 2020, los representantes de más de 600 billones de dólares comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos de América. Después de 13 meses de investigación, los presidentes ejecutivos de Facebook, Amazon, Alphabet y Apple prendieron sus cámaras para iniciar las cinco horas del interrogatorio virtual. ¿El objetivo? Determinar si estas cuatro empresas han realizado prácticas monopólicas Este fue el pretexto perfecto para exponer cómo es que el derecho en todo el mundo debe evolucionar para dar respuesta a las exigencias tecnológicas.
El presidente AMLO y la Constitución: cuando la regresión se disfraza de transformación
La elección del 2018 permitió el acceso pacífico e institucional al poder aun movimiento masivo de rechazo al statu quo. Sin embargo, más allá de aprovechar el ímpetu del movimiento para avanzar o, por lo menos, conducir su proyecto de nación por vías institucionales de cambio constitucional, el actual gobierno parece más tendiente a implementar políticas constitucionalmente retrógradas.