Lo verdaderamente interesante es averiguar si al emitir el PEF se respetó el orden constitucional. Para ello, nuestro sistema jurídico cuenta con un procedimiento en forma de juicio conocido como controversia constitucional, a través de la cual los inconformes —en este caso, Banxico, IFT, Cofece e IFE— pueden plantear argumentos orientados a demostrar que, al emitir el PEF, la Cámara de Diputados violó la Constitución. Será nuestro tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que determine si en este caso la política ha usurpado o no el lugar que corresponde al derecho; es decir, si se ha respetado la regularidad en el ejercicio de las competencias constitucionales.
El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México: el nuevo paradigma del arbitraje de inversión
Desde el primer Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre Pakistán y Alemania en 1959, la celebración de estos tratados que prevén estándares para la protección de inversiones extranjeras y los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados, ha aumentado a casi 3000. Asimismo, desde el primer laudo dictado en el marco de un arbitraje de inversión en 1990, el arbitraje de inversión se ha convertido en una rama particular del derecho internacional y ha llevado a que hoy vivamos en lo que algunos académicos como Michael Resiman han denominado la generación de los APPRIs (BIT generation).
Los litigios del presidente López Obrador
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿es contraria a una política de austeridad?
En los conceptos de violación subyace la idea de que toda la operación administrativa de sustitución del aeropuerto de Texcoco por el de Santa Lucía implica una decisión irracional, antieconómica e ineficiente. En consecuencia, se vulneran los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que se establecen en el artículo 134 constitucional. Lo anterior, en el entendido de que ante la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público existe un derecho correlativo a que este se ejerza de manera eficaz.
Caso Elvia: la infraestructura como obstáculo a la igualdad e inclusión educativa
El caso Elvia sería para la Primera Sala de la Suprema Corte una oportunidad inédita de pronunciarse sobre la complejidad en la que viven niños, adolescentes y adultos con hipocondroplasia u otras limitaciones físicas, así como combatir la desigualdad en la educación, la cual está aún lejos de ser completamente inclusiva en materia de ajustes razonables en la infraestructura.
Los litigios del presidente López Obrador
Una colisión inminente: el tren Maya vs. la Constitución
El gobierno de la República encabezado por Andrés Manuel López Obrador tiene como uno de sus ejes rectores la realización de determinados proyectos, considerados estratégicos, dentro de los que se encuentra el denominado Proyecto de desarrollo Tren Maya. El presente texto tiene como objetivo señalar las violaciones que un grupo de personas, que se adscriben como indígenas, manifiestan en su demanda de amparo en contra de este proyecto.
Los litigios del presidente López Obrador
El INE vs. el decreto del presidente AMLO que modifica los tiempos fiscales
El 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica” (decreto). El 7 de mayo fue impugnado, vía controversia constitucional, por el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué el INE impugnó este decreto? ¿Por qué mediante una controversia constitucional? ¿Qué es lo que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? Veamos.
Aborto: la discusión que no fue
El pasado miércoles 29 de julio, la primera sala de la Suprema Corte discutió públicamente sobre aborto durante diecinueve minutos y cuarenta y siete segundos. Discutir es un decir; que el tema haya sido el aborto, también. Los discursos de los ministros se acompasaron; pero no hubo deliberación. El sentido de los votos fue claro. Pero sus pronunciamientos sobre derechos, violencia de género y aborto —para quienes se los permitieron— fueron anémicos, abúlicos o esquivos. La impotencia de las alertas de género emitidas en Veracruz; la tasa de mortalidad materna por aborto en la entidad; la inaplicación de la NOM-046; y la cuestión de si es discriminatoria o no la penalización del aborto, se convirtieron en las patas de un enorme elefante que se hizo presente en la primera sala, apretujando a los ministros en los marcos, ya de por sí reducidos, de su encuentro virtual.
Los litigios del presidente López Obrador
Las Leyes de Remuneraciones de Servidores Públicos: entre engranes judiciales y legislativos
Este texto retoma los saldos de los diversos procesos de control constitucional que ha desplegado la Suprema Corte sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) y los escenarios que podrían desencadenarse en los siguientes meses. El entramado fáctico y normativo que está por desarrollarse, se genera a raíz de la convergencia de tres factores: (i) la declaratoria de invalidez inicial derivada de las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 (Remuneraciones 1); (ii) la reforma de la que fue objeto esta ley el 12 de abril de 2019 (Remuneraciones 2) y el nuevo contenido normativo que debe generar el Congreso de la Unión al acatar el fallo de la Suprema Corte (Remuneraciones 3).
Los litigios del presidente López Obrador
Los litigios del presidente López Obrador y su gobierno
Este espacio lanza una cobertura de las demandas que han sido presentadas ante la Suprema Corte u otro órgano del poder judicial de la federación en contra de alguna política pública impulsada por el gobierno de López Obrador. El objetivo, en esta primera etapa, es hacer el esfuerzo por describir de manera objetiva y pedagógica cuáles son los argumentos que ofrecen estas críticas, desde la arena judicial, a la gestión del actual gobierno federal. Y, en este sentido, ofrecer aspectos clave para trazar el rasero a partir del cual, en su momento, se evalúen el voto y argumentos de cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
¿Es constitucional que las fuerzas armadas tomen el control de los puertos y aduanas?
Es innegable que la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia organizada se encuentran presentes en el comercio exterior; sin embargo, es importante que estos ilícitos se combatan bajo los parámetros de un auténtico Estado constitucional y democrático. Por ello, sostenemos que facultad del presidente de la República de disponer de las fuerzas armadas para que realicen tareas de seguridad que le otorga el artículo quinto transitorio del decreto de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional no debe interpretarse como un cheque en blanco que permita a los militares sustituir a los civiles en toda clase de actividades, por ejemplo, aquellas de naturaleza administrativa.