El solo hecho de tener que comprar estos productos es consecuencia de una decisión de política pública. El hecho de que, encima de todo, haya que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre estos productos, también. Estas decisiones son las que el colectivo Menstruación Digna México ha puesto a debate. Y este debate ha sido traído al Congreso federal gracias a un grupo multipartidista de diputadas que buscaron modificar la Ley del IVA para que a todos los productos para la gestión menstrual —toallas, compresas, tampones, copas, pantiprotectores, etcétera— se les imponga una tasa del 0%, en lugar de actual del 16% que tienen actualmente.
Partido Encuentro Solidario: el principio de laicidad y la conformación de nuevos partidos políticos en México
Finalmente está en manos de la ciudadanía usar su voto razonado en las próximas elecciones para definir si el PES permanece o no como opción en el sistema de partidos.
¿Cuál es la diferencia entre reparación integral del daño y daños punitivos?
Los daños punitivos, por su parte, son una figura propia del derecho privado ya que, independientemente su complementariedad con el derecho de acceso a la justicia, su último resultado es condenar la conducta de un particular. Tiene como cometido es como tal es el de castigar más allá de resarcir, mientras que la reparación integral del daño no tiene ese fin sancionatorio.
La Suprema Corte ante la demagogia: un peligroso precedente para el Estado de derecho
En el medio jurídico y político se especula mucho sobre si la decisión de la Corte ha tenido tintes estratégicos. Lo que sí queda claro es que ha dejado una grieta importante. Por chocante que resulte, el Estado de derecho exige de los jueces apego a la veracidad por Siempre es preferible apelar a la honestidad y dirigirse tanto a la ciudadanía como al presidente con lenguaje franco y llano, en vez de “andarse por las ramas” en actuares políticos estratégicos. Se requería de una respuesta consistente y aleccionadora.
Derecho y Tecnología · Internacional
David vs Googliat: Google en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Este martes 20 de octubre el mundo amaneció con una noticia un tanto inesperada para el ciudadano común pero muy importante para los consumidores en la economía digital y que se suma al caudal de sucesos en este peculiar 2020: el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos y 11 estados presentaron una demanda en contra de Google acusándola de preservar ilegalmente su posición en los mercados de búsquedas en línea y publicidad basada en búsquedas, con la finalidad de perjudicar a sus competidores y generando, en la práctica, un monopolio.
El juicio de amparo en contra de la militarización de la seguridad pública
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) fue una de las organizaciones que impugnó dicho Acuerdo. El 9 de octubre, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México resolvió el amparo y decidió dar la razón a MUCD: el Acuerdo es inconstitucional. Se trata de una sentencia relevante por la coyuntura en la que se encuentra México. El país necesita un marco regulatorio claro, delimitado y tendiente al respeto de los derechos humanos y al retiro definitivo de las Fuerzas Armadas de las tareas que no les corresponden. La sentencia deja en claro que el Acuerdo no es tal marco regulatorio.
Los litigios del presidente López Obrador
¿Una competencia con un sólo jugador? La Comisión Federal de Competencia vs. la Secretaría de Energía
Si los conceptos de invalidez de esta controversia tienen éxito, la Suprema Corte puede invalidar el Acuerdo y, con ello, salvar los obstáculos a la competencia entre generadores de energía eléctrica, evitar tratos preferentes a la Comisión Federal de Electricidad, tratar no discriminatoriamente a los generadores privados de energía eólica y fotovoltaica y, además, posibilitar mejores precios a los usuarios. Por el contrario, si los argumentos planteados en esta demanda no convencen a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, entonces, potencialmente, la industria se orientaría hacia la restauración de una empresa estatal en condiciones monopólicas y no necesariamente eficientes.
Proceso electoral 2020-2021: certeza judicial en tiempos de incertidumbre
El reto que enfrentarán la sociedad y la democracia mexicana durante el proceso electoral del siguiente año es complejo. La Sala Superior y los jueces estaremos obligados a hacer una interpretación del derecho, de tal manera que la racionalidad lógica y jurídica con la que se definan las sentencias consoliden al TEPJF como un órgano predecible y confiable cuyo objetivo responda al papel que se nos otorgó con nuestro nombramiento: ser los garantes de la integridad del proceso electoral 2020-2021 conforme a los principios constitucionales estipulados para nuestro sistema democrático.
Reflexiones sobre el calabozo
Cerca del final de sus Reflexiones sobre la guillotina, Camus insta a sus lectores a adoptar el siguiente grito de guerra: “que empiece el Estado y [se] suprima la pena de muerte”. Del mismo modo, estimo que la sociedad mexicana debería demandar la abrogación de la prisión preventiva oficiosa. Según vimos, esta institución contradice la lógica del sistema penal consagrado en nuestra Constitución, implica la negación de la presunción de inocencia, y su justificación teórica no resiste ningún escrutinio. Con Camus, espero estar acompañado en mi clamor por un cambio constitucional.
Meteorología constitucional: tormenta de incongruencias judiciales
Sin caer en alarmismos, el pronóstico meteorológico predice días nublados para la justicia constitucional.