¿Paridad en todo? El (in)cumplimiento de la paridad de género en los gabinetes

Las transformaciones institucionales son procesos complejos marcados por tensiones y abiertos a la contestación entre visiones normativas y objetivos políticos diversos. La implementación plena de la paridad de género en las secretarías de Estado del poder ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas es un ejemplo de las dificultades que enfrentan los cambios institucionales. El 26 de agosto de 2021, Olga Sánchez Cordero renunció como secretaria de gobernación y, para relevarla, el mandatario mexicano propuso a Adán Augusto López Hernández. Este cambio se suma a las ratificaciones del 3 de agosto de 2021, en que la Cámara de Diputados confirmó a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público; mientras que el Senado de la República avaló a Roberto Salcedo Aquino como secretario de la Función Pública –en sustitución de Arturo Herrera e Irma Eréndira Sandoval, respectivamente.

Ilustración: Jonathan Rosas

Así, las secretarías de Estado de la administración federal 2018-2024 quedaron integradas por 12 hombres (63.16%) y 7 mujeres (36.84%) por lo que puede plantearse que estas designaciones constituyen un incumplimiento al artículo 41 constitucional vigente desde la reforma de paridad de género de junio de 2019, según el cual “los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas deberán cumplir el principio de paridad de género”. En este escenario se han vuelto recurrentes las preguntas: ¿Qué pasa frente al incumplimiento de la paridad en los gabinetes ejecutivos?¹ ¿Cuáles son las vías legales para garantizar su cumplimiento?

El mismo gabinete que en la toma de protesta presidencial en 2018 se engalanó por ser el primero paritario en la historia de la administración pública federal, al integrar a 8 mujeres en las 19 secretarías que lo conforman (véase el cuadro 1),² el mismo que se destacó por nombrar a la primera secretaria de gobernación en la historia de México, Olga Sánchez Cordero, hoy incumple la paridad de género constitucional. Si bien, en 2018 la integración paritaria de las secretarías del ejecutivo federal fue un gesto de voluntad política y compromiso hacia la igualdad de género, puesto que no había una disposición constitucional que lo mandatara, hoy en día el cumplimiento de la paridad en estos espacios de poder no debería depender de los actores políticos, en tanto es un principio constitucional vigente desde 2019, año de la aprobación de la reforma constitucional de paridad en todo. Como se mencionó, de acuerdo con este principio la mitad de los cargos de decisión política deben ser para mujeres en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en los tres poderes de la Unión (ejecutivo, legislativo y judicial), así como en los organismos autónomos, pueblos y comunidades indígenas.

Cuadro 1. Mujeres titulares de secretarías de despacho (Gabinete federal) 1976-2021

*El gabinete de la toma de protesta fue considerado mediáticamente como paritario porque no contabilizaba a las personas titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina ni a la Consejería Jurídica.
**La cifra ascendió a nueve secretarias tras el nombramiento de Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública.
+Sumatoria después de la salida de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la secretaria de la Función Pública, Irma E. Sandoval.
Nota: La reforma constitucional de paridad de género refiere a las secretarías de despacho, por ello en este análisis no se incluye a la Consejería Jurídica.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU (2019). La democracia paritaria en México: Avances y desafíos. México: ONU Mujeres México, PNUD.

Peor aún, el Senado de la República y la Cámara de Diputados han ratificado los nombramientos de los actuales titulares de la SHCP y la Función Pública sin demandar el cumplimiento del principio constitucional de paridad.³ Es importante considerar que la ratificación de algunos funcionarios por parte de la Cámara de Diputados y el Senado de la República es una de las funciones de control del poder legislativo frente al ejecutivo, en cuanto a la estabilidad de la administración. Por lo cual, el (in)cumplimiento de la paridad establecida en la Constitución también involucra a dichos órganos de poder.

El caso del gabinete federal no es el único donde ha prevalecido el incumplimiento de la paridad. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) nombró sólo 4 mujeres como secretarias en su gabinete conformado por 14 secretarías en noviembre de 2019, incumpliendo así la paridad en todo vigente desde junio de ese año.⁴ La situación no fue regularizada en el transcurso de su gobierno y, a unos meses de que terminara su mandato, se pudo constatar que sólo 3 mujeres se mantuvieron en dichos espacios de poder.⁵

En las próximas semanas y meses las y los gobernadores electos en el proceso electoral 2020-2021 rendirán protesta al cargo, (véase cuadro 2) por lo que debemos estar pendientes del cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en la integración de sus gabinetes. En Tlaxcala el gabinete legal nombrado por la gobernadora Lorena Cuéllar (Morena) está integrado por 17 dependencias, de las cuales las mujeres presiden 7, lo que equivale a 41% del total. Si se toma en cuenta el gabinete ampliado, de 35 espacios adicionales al gabinete legal solo 25.7% tienen como titular a una mujer (9 designaciones). En Chihuahua el gabinete nombrado por la gobernadora Maru Campos (PAN) tampoco es paritario, ya que se integra por 5 mujeres (31%) y 11 hombres (69%). En cambio, el gabinete de Sonora nombrado por el gobernador Alfonso Durazo respetó la paridad aritmética al nombrar a cinco mujeres y cinco hombres. Estos ejemplos muestran que el cumplimiento de la paridad en los nombramientos de quienes integran los gabinetes no depende del género de quien esté en el cargo. No debemos suponer que una gobernadora formará un gabinete paritario. Es un problema de investigación entender de qué depende que se cumpla o no con este principio constitucional. Cabe mencionar que algunos de los factores explicativos son los cotos de poder en las entidades federativas, los compromisos partidistas, las redes y los apoyos durante las campañas.

Cuadro 2. Fecha de toma de protesta de las gubernaturas electas en 2021

Fuente: elaboración propia con datos de las constituciones locales.

De acuerdo con especialistas en la materia, una posible vía para demandar el cumplimiento de la paridad en nombramientos y designaciones es el juicio de amparo indirecto, el cual se presenta ante un juzgado de distrito y preferentemente impulsado por una asociación civil de defensa de derechos de las mujeres, a fin de sustentar el interés legítimo del caso. Además, previo al juicio de amparo recomiendan dirigir una carta a las autoridades que emiten el nombramiento, a fin de agotar las instancias administrativas antes de proceder por la vía jurisdiccional.

Aunado a ello, un mecanismo legislativo para garantizar la aplicación plena de la paridad en los nombramientos podría ser a través de la modificación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para adoptar sanciones fuertes con el funcionariado (incluidos los titulares de los poderes ejecutivos) que incumpla con la norma constitucional, por ejemplo, la inhabilitación temporal para el ejercicio de la función pública. De esta manera se elevarían los costos políticos y administrativos por incumplir la paridad constitucional.

Independientemente de la vía jurídica que corresponda para obligar a su cumplimiento, la paridad en las secretarías de despacho federal y en las entidades federativas es una disposición constitucional y su cumplimiento no debería depender de la voluntad de ningún actor político. Más aún, el incumplimiento del artículo 41 constitucional por parte de las y los titulares de los ejecutivos federal y estatales debería tener algún tipo de sanción. Tampoco basta con cumplir la paridad únicamente en el momento de toma de protesta, sino que se debe mantener en el transcurso de la gestión cuando haya cambios o sustituciones de los cargos.

En este escenario surge la pregunta: ¿Por qué las legisladoras oficialistas y de oposición han guardado silencio o, en otras palabras, no han demandado la paridad efectiva en las secretarías de despacho del ejecutivo federal y en las entidades federativas para los nuevos nombramientos? Una respuesta tentativa consiste en que algunas mujeres políticas han recibido indicaciones explícitas de las cúpulas y/o líderes partidistas para que no se pronuncien ni tomen parte de los debates sobre la paridad. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se discutía la aplicación del principio constitucional en las gubernaturas en el INE y el TEPJF,⁶ por lo que no sería de extrañar que la misma práctica informal se repita para que las mujeres políticas no se pronuncien frente a los nuevos nombramientos de las secretarías que no respetan el principio de paridad.

Debe tomarse en cuenta que en tanto es una reforma reciente, los actores están en un proceso de reacomodo. Los cambios en las normas no traen un cambio inmediato en la cultura político-institucional y, en tanto, no hay sanciones claramente establecidas, el incumplimiento de la paridad en este nivel no es costoso. Sin duda, México se ha convertido en los últimos años en un país vanguardista en relación a la paridad de género y la actual administración federal (2018-2024) amerita un reconocimiento por adoptar un gabinete cercano a la paridad desde antes de la reforma constitucional de 2019. No obstante, los cambios recientes en el gabinete develan que los cálculos y decisiones del ejecutivo federal no necesariamente dan prioridad al pacto paritario.

Esperanza Palma. Doctora en Ciencia Política. Profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la UAM-A.

Lorena Vázquez Correa. Investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y candidata a doctora en derecho en el IIJ-UNAM.

¹ De acuerdo con la Ley General de la Administración Pública Federal, el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con 19 secretarías de Estado (más la Consejería Jurídica del ejecutivo federal), lo que se conoce como gabinete legal (LOAPF, art. 26). La reforma constitucional de paridad de género refiere a las secretarías de despacho, por ello en este texto no se incluye a la Consejería Jurídica.

² Cf. Cámara de Diputados (2021, 11 de enero); Ley General de la Administración Pública Federal, art. 26.

³ El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino fue apoyado por 94 senadurías que votaron a favor y 14 en contra; mientras que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O fue avalado por el voto favorable de 319 diputaciones y 53 en contra.

⁴ Cf. Juárez, Magali. (2019, noviembre 1); este es el gabinete del gobierno de B. C. que encabeza Jaime Bonilla. La Razón.

⁵ Cf. Gabinete, Gobierno del Estado de Baja California, cconsultado el 29 de agosto de 2021.

⁶ Así lo expresaron públicamente dos mujeres políticas en evento público organizado por Inmujeres, el 26 de agosto de 2021, Encuentro de Gobernadoras, Diputadas Federales y Locales, Presidentas Municipales y Alcaldesas Electas 2021.