La Suprema Corte de Justicia de la Nación está bajo el asedio del obradorismo. El presidente de la República ataca al Poder Judicial Federal desde la mañanera, los congresistas de Morena amenazan con juicio político a los ministros y ministras, y la calle de Pino Suárez ha sido flanqueada por un grupo de manifestantes violentos para hacer una supuesta clausura de la Corte. Los ataques del poder ejecutivo iniciaron en 2018, pero estos en realidad se recrudecieron a partir de la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Suprema Corte en enero de 2023, y alcanzaron un nivel sin precedentes hace unos pocos días con la invalidez de la primera parte del llamado Plan B.
El argumento principal, detrás de los ataques a la Corte, es que el obradorismo es un espejo de la voluntad de millones de mexicanos y representan al verdadero pueblo de México, y no así la Suprema Corte. En corolario de su argumento, enfatizan que el criterio de nueve ministros y ministras no tiene legitimidad frente a millones de votos que supuestamente representan los legisladores de Morena.
Esta perorata, sin embargo, no es nueva. De menos, hay registros de ella desde la primera mitad del siglo XX. Vale la pena echarle un ojo a la historia para aprender de ella. Veamos.
En 1929 se dio la gran depresión económica en los Estados Unidos de América. En 1933, Franklin D. Roosevelt llega a la presidencia de ese país con la promesa de sacar la economía adelante a través de lo que se conoció como el New Deal. Roosevelt, no obstante, encontró en cinco jueces de la Corte Suprema estadounidense un obstáculo que impedía transitar sus reformas económicas. En ese entonces, el senador por Alabama, Hugo L. Black, señaló que un país de 120 millones de habitantes estaba gobernado por cinco personas.1
Roosevelt respondió con una andanada contra la Corte Suprema de su país. El camino que propuso fue el retiro de algunos ministros y, mediante una reforma legislativa, aumentar el número de jueces de la Corte de nueve a quince, aprovechando que la Constitución de Estados Unidos no establece cuántos jueces deben de integrar su Corte Suprema. La maniobra de Roosevelt pronto dio resultado, los jueces de la Corte empezaron a matizar sus fallos. No obstante, al mismo tiempo, Roosevelt encontró serias resistencias en el Congreso de los Estados Unidos. Los legisladores no estaban dispuestos a procesar su iniciativa de aumentar el número de jueces en la Corte Suprema estadounidense y lo que esto hubiese significado: destruir la máxima institución judicial y seguir las ideas de un hombre a ciegas sin importar su enorme popularidad.
Aquí hay una primera lección: una legislatura responsable y patriota puede evitar la pérdida o la erosión de las instituciones. En este sentido, por ejemplo, los corifeos y los fieles del obradorismo están dispuestos a tirar a la Suprema Corte mexicana o los organismos constitucionalmente autónomos a cualquier costo y sin reflexión alguna, han olvidado cualquier convicción democrática.
Ahora bien, en 1954 otro desencuentro entre las mayorías de Estados Unidos de América y la Corte Suprema de ese país. En esa fecha se discutió un caso de enorme importancia sobre segregación racial en las escuelas (Brown v. Board of Education). La Corte concluyó que las personas blancas y las afroamericanas tenían que gozar de igualdad cuando de educación se hablaba. Pues bien, las mayorías legislativas vinieron con el mismo cuento: son más y, por tanto, dicha sentencia atentaba contra los derechos de millones de personas, ¿cómo es posible que nueve personas —jueces— decidían sobre millones? Sin duda, en el Estados Unidos de América de 1954 la opinión mayoritaria era que las personas afroamericanas no debían mezclarse en las escuelas, ni en muchos otros espacios y ámbitos, con las personas blancas, eso no quiere ni quería decir que las mayorías tuviesen razón. Este caso, como en muchos más, ejemplifica de forma nítida que las mayorías se pueden equivocar de manera flagrante, violando derechos humanos de las minorías o grupos vulnerables. Los jueces detienen a las turbas, porque quinientas o un millón de opiniones no convierten un argumento falso en verdadero.
La Corte Suprema de los Estados Unidos entraría en choque con el Congreso y los presidentes de Estados Unidos de 1954 a 1971. En esa época se decidieron muchos casos sobre libertad de expresión, debido proceso, libertad de culto, y varios temas más de enorme relevancia para la democracia de ese país. La mayoría de las decisiones no satisfacían a las multicitadas mayorías. El punto más álgido de choque fue el caso Miranda v. Arizona, un asunto que gravitaba sobre el debido proceso penal. Ernesto Arthur Miranda era de origen mexicano, con un largo historial de acusaciones por delitos sexuales y robos, durante la década de 1960,2 en el sur de Estados Unidos. Ernesto Miranda fue capturado por la policía, confesó su participación en una atroz violación y después se le involucró en otro delito.3 Todo lo anterior se desarrolló de forma irregular por la policía.
El asunto llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la pregunta era: ¿las fuerzas del orden tienen o no el deber de informarle sus derechos a las personas detenidas? La respuesta fue sí y la propia Corte redactó lo que la policía tenía que decir. Las consecuencias de Miranda v. Arizona son incontables, mencionamos aquí dos muy puntales: nuestro artículo 20 constitucional ordena: “… su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio (contra)…”. La misma frase que vemos en un sinfín de películas y series de televisión.
Las mayorías de Estados Unidos no daban crédito al contenido de la sentencia, su más importante institución jurisdiccional protegía a un violador, mexicano, que había confesado y, por si fuera poco, ahora la Corte legislaba. Las mayorías pusieron letreros amenazantes en todo el sur de Estados Unidos, los políticos señalaron que la delincuencia avanzaba gracias a los jueces y volvían con la historia de que eran millones. La Corte, presidida por el juez Warren, resistió todos los embates.4 Y, a la larga, se demostró que controlar el actuar de la policía mejora la calidad de la investigación.
Aquí se demuestra históricamente la segunda lección: más voces no es un equivalente a mayor razón. Espero que nadie del partido Morena esté de acuerdo en recortarle derechos a migrantes en un proceso penal, sólo porque esa es la opinión mayoritaria. La historia demuestra que los tribunales constitucionales incomodan a las mayorías, pero que un Congreso responsable y una ciudadanía sensata permiten que las Cortes hagan democracia sustantiva a través de sus sentencias.
En México en 2022, el presidente de la República se propuso reformar constitucionalmente al Instituto Nacional Electoral. Esto se conoció como el Plan A del obradorismo en materia electoral. Esta iniciativa de ley no tuvo los votos suficientes en el Congreso de la Unión y, en respuesta, llegó el famoso Plan B con el ánimo de desmontar al INE a través de reformas a leyes secundarias.
El 6 de diciembre de 2022 inició el proceso legislativo de aproximadamente cuatrocientos artículos en seis leyes. Los proyectos de reformas legislativas se distribuyeron una vez que había iniciado la sesión en la Cámara de Diputados, dicho en otras palabras: los legisladores conocieron lo que iban a debatir, al mismo tiempo que se abrió la sesión para discutirlo. Todas y todos sabemos que nadie lee, analiza y reflexiona cuatrocientas disposiciones en minutos y menos se votan en unas cuantas horas (si el trabajo se hace a consciencia). El partido oficial simuló el proceso legislativo y, con ello, desfiguró a la democracia. Los votos que se otorgan sin conocer la iniciativa son votos artificiales, un simulacro democrático con la intención de favorecer a un sólo hombre por encima de una nación.
La Suprema Corte anuló una parte del Plan B, y está programado que más adelante la Corte analice la constitucionalidad del resto de dicho plan. La mayoría de los ministros lo invalidó por violación al proceso legislativo, en este caso el corazón de dicho trámite: conocer y debatir las leyes que se van a votar. Las mayorías vuelven con el viejo cuento de que son millones, de que las formas no importan, y que ellos son el verdadero pueblo.
No hay nada nuevo bajo el sol. Cuando las Cortes incomodan al poder político, éste siempre responde igual. Lo que llama la atención es que la historia no sembró semillas suficientes. Ahora nos toca defender a la Suprema Corte desde nuestra personal trinchera, aunque seamos minoría.
Javier Cruz Ángulo. Abogado especialista en derecho constitucional; socio de Angulo, Caballero y Landgrave.
1 Visible en: Powe Jr., L. A. The Warren Court and American Politics, The Bellknap Press of Harvard University Press, 2001, p. 2. Ttraducción del autor.
2 Cfr. Mijangos y González, J. “La historia detrás del mito: a 45 años de Miranda v. Arizona“, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, pp. 191-216. consultado el 12 de mayo de 2023.
3 Ídem.
4 Las decisiones y contexto político de los Estados Unidos de América se toman de Powe Jr., L. A. The Warren Court and American Politics, The Bellknap Press of Harvard University Press, 2001.