La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquee cuentas sin orden judicial previa, debilitando controles y trasladando la carga de la prueba a las personas afectadas. El nuevo criterio reduce la protección del debido proceso y permite medidas administrativas inmediatas e indefinidas que pueden afectar gravemente el patrimonio sin supervisión judicial efectiva.