Toda proposición que contenga razones debe ser considerada, evaluada, debatida, y enriquecida para su eventual aceptación o rechazo. Esto es un signo esencial de la democracia y una regla para la mejor convivencia y el avance en todas las áreas del saber humano. Este es el caso de la iniciativa de reforma constitucional al poder judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este artículo propongo razones sobre aspectos que podrían enriquecerse y cuáles deberían esperar un análisis más ponderado y un debate más amplio. En particular me centro en el proceso de designación del personal con funciones jurisdiccionales que se contiene en la propuesta de reforma del llamado Plan C.

Bajo esta mirada, es evidente que la iniciativa de reforma de 2024 no se asemeja a la de 1994. Más bien, se aproxima a la reforma judicial de 1935, promovida por el presidente electo General Lázaro Cárdenas meses antes de asumir el cargo, en su intento por debilitar las facultades de la SCJN y eliminar los “obstáculos legales” a las decisiones que emanaban del ejecutivo, consolidándolo como el eje fundamental del sistema político.

Con independencia de ello y del impacto que la elección pueda tener en la vida institucional de México, destacadamente en el Poder Judicial, vale tener presente que hace unos meses se presentaron dos iniciativas de reforma a la Ley de amparo. En este texto exponemos sus principales puntos y la manera en que implican una clara regresividad en la función tutelar del juicio de amparo, de cara a la tutela judicial efectiva y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

Imagina que estás sentado en la oficina de tu despacho y suena el teléfono. Al otro lado de la línea escuchas una voz que se presenta como el robot humanoide Sophia. Conoces el caso de Sophia y sabes que a ella ya le fue concedida la ciudadana Saudí, sin ser persona. Ella te explica que su creador David Hanson estaba de vacaciones en Huatulco (Oaxaca) y que quedó en estado de coma. Explica que quiere celebrar un contrato con el hospital que está cuidando de Hanson. Desea contratar tus servicios para asegurar la salud de Hanson, pero que —a pesar de que ella ya cuenta con una ciudadanía— el derecho oaxaqueño no le reconoce personalidad. Respiras y le pides unos minutos para reflexionar sobre cuales deben ser los primeros pasos.

En México, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un paso muy significativo en la evolución de nuestro ordenamiento jurídico. Su impacto va a ser de gran relevancia para millones de personas que, año tras año, deben ventilar sus problemas jurídicos ante los tribunales civiles o familiares. El Código, por tener carácter de legislación única aplicable a nivel nacional, nos permite avanzar hacia la unificación y modernización de los procesos legales en materia civil y familiar. Este nuevo Código busca homogeneizar los procedimientos en materia civil y familiar en todo el territorio nacional, asegurando así una mayor previsibilidad y equidad en la administración de justicia. A continuación, se detallan algunos de los aspectos más relevantes de este Código y su impacto en el sistema judicial mexicano.

La Suprema Corte de Justicia se alista para discutir tres nuevos casos relacionados con la prisión preventiva oficiosa. Al respecto, el gobierno federal y los gobiernos locales han pedido a la Corte que se abstenga de invalidar la prisión preventiva oficiosa para no poner en riesgo, a su juicio, la seguridad nacional por la posible liberación de unas 68 mil personas. Sin embargo, México está obligado a acatar sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Poder Judicial debe participar en el cumplimiento de las sentencias, además de que los problemas de seguridad nacional y, principalmente, de seguridad pública responden claramente a otros factores.

El pasado 12 de abril del 2024 se cumplieron dos plazos importantes para una de las medidas cautelares que más suscita debate en México: la prisión preventiva oficiosa. El primer plazo se relaciona al artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 12 de abril de 2019, mediante el cual se reformó el artículo 19 constitucional y se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El segundo plazo tiene que ver con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con relación al caso García Rodríguez y otro vs. México. ¿Qué sabemos sobre ambos?