El pasado 1° de abril en la Cámara de Diputados se discutió, aprobó y turnó al Senado una iniciativa de reforma legislativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea varios cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Según el dictamen aprobado, la propuesta busca actualizar el sistema de contrataciones públicas y dar cumplimiento al artículo 134 de la Constitución, que establece principios y reglas para el uso de recursos públicos. Si bien la reforma contiene varios aspectos positivos, también tiene uno preocupante: exceptúa a las fuerzas armadas de cumplir con las mismas reglas que el resto de las instituciones públicas. Aunque el régimen diferenciado para las fuerzas armadas es común, si consideramos las nuevas funciones que desempeñan, esto debería generar cada vez más preocupación.

El pasado 12 de abril del 2024 se cumplieron dos plazos importantes para una de las medidas cautelares que más suscita debate en México: la prisión preventiva oficiosa. El primer plazo se relaciona al artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 12 de abril de 2019, mediante el cual se reformó el artículo 19 constitucional y se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El segundo plazo tiene que ver con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con relación al caso García Rodríguez y otro vs. México. ¿Qué sabemos sobre ambos?