Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 112/2021 y la controversia constitucional 95/2021, promovidas respectivamente por el Poder Ejecutivo federal y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Los promoventes impugnaban dos normas del estado de Tamaulipas que establecen la facultad del Congreso de ese estado para homologar o no las declaraciones de las cámaras federales de manera definitiva e inatacable.

En los últimos días ha causado revuelo en la comunidad jurídica, y también fuera de ella, la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo impulsada por la iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, ya aprobada por la Cámara de Senadores y turnada a la de Diputados. Casi totalmente, esta discusión se ha enfocado en la que se ha dicho que constituye la finalidad de esta reforma: evitar que los jueces de amparo otorguen la suspensión de leyes con “efectos generales”. Quienes apoyan esta limitación legislativa alegan que 1) dichos efectos cautelares desnaturalizan el juicio de amparo por contravenir su principio de relatividad que prohíbe extender la protección de este juicio constitucional a personas distintas de quien lo promovió; 2) la exorbitante eficacia de la suspensión va contra la presunción de constitucionalidad que tiene toda norma general; y 3) subrayan una indebida expansión de las funciones judiciales a costa de las del legislador democráticamente electo.

La bancada del partido Morena en el Senado metió el acelerador para aprobar diversas reformas en los últimos días de la presente Legislatura. Varias propuestas han generado diversos debates sobre la reducción de contrapesos en los poderes del Estado y los derechos de las personas. Una de las más peligrosas es la reforma que adiciona un artículo a la Ley de Amnistía federal para conceder al poder Ejecutivo federal la facultad exclusiva y directa, sin someterse al proceso previsto en dicha ley, para otorgar amnistías a aquellas personas procesadas o sentenciadas, por cualquier delito que, a juicio de la figura presidencial, aporten elementos comprobables y útiles a la verdad para hechos que éste considere relevantes.

La nueva concepción de los derechos humanos, la protección de derechos difusos y de grupos vulnerables es lo que ha llevado a la paulatina transformación del interés jurídico al legítimo, la posibilidad de la violación de derechos por particulares, el amparo colectivo, así como la posibilidad de suspender normas generales en su aplicación, esto es lo que se contempla actualmente en el artículo 148 de la Ley de amparo y es una de las características de la suspensión que se pretende eliminar con la iniciativa que aquí se analiza.

A casi nueve años de la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México, los avances en el combate a este fenómeno parecen ser pocos. Por lo anterior, es importante exponer, por una parte, las cifras que muestran el estado del país respecto de la corrupción y; por otra, algunos acontecimientos recientes en materia jurídica sobre lineamientos y normas del sistema que constitucionalmente se estableció como la instancia de coordinación entre las autoridades de distintos niveles para prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción en México.

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