Para que en efecto los derechos humanos se vean priorizados hasta el máximo de los recursos disponibles, el presupuesto tendrá que dar preferencia al gasto social y, por tanto, reducir el militar, sobre todo tomando en cuenta los evidentes efectos negativos deliberados que la militarización produce en materia de transparencia y corrupción, así como en la dignidad de miles de personas, los derechos de las mujeres y en el medio ambiente.

Si queremos dar un paso adicional a la materialización de la reforma constitucional de derechos humanos, tenemos que buscar la manera en que se generen las condiciones para hacer efectivo el ejercicio y reconocimiento de nuestros derechos fundamentales en la cotidianeidad de la vida y, para ello, los precedentes judiciales deben vincular a las autoridades administrativas.

Además de la omisión de contemplar en el PEF recursos para la reparación de los daños ocasionados por Otis en Acapulco y de la insuficiente cantidad de recursos que se destinarán por parte del gobierno federal a esta causa, es importante tener en cuenta que asignar una cifra a determinado tema no basta para dar soluciones eficientes a los problemas que enfrenta el país.

Los días 28 y 29 de noviembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostuvo la audiencia pública sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado mexicano en noviembre de 2022 acerca de las actividades de la industria de las armas de fuego y sus efectos en los derechos humanos. Con este procedimiento, la intención de México es la de “obtener de la Corte IDH una guía con respecto a la forma en que la Convención Americana protege a las personas frente a la violencia armada, con énfasis en la protección frente a las prácticas de la industria de las armas, que en muchas ocasiones se mantienen en la impunidad debido a la falta de recursos efectivos para buscar la reparación de los daños”.

Ojalá que todo lo ocurrido sea un fuerte llamado de atención para todos los actores políticos del estado de Nuevo León —y de paso de todo el país— sobre las nefastas consecuencias que tiene pretender abusar de los procedimientos jurisdiccionales, de llevarlos hasta el extremo, antes que tener la posibilidad de crear consensos y dialogar por objetivos comunes. Algo, ni más ni menos, que entraña la propia democracia, cerrando de nuevo con Bobbio, es decir, un gobierno de leyes, que no de individuos.

Este lunes se llevaron a cabo las comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado de las tres nominadas a la terna para suplir la vacante que dejó en la Suprema Corte la renuncia del ministro Arturo Zaldívar. En orden alfabético: Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos.

A primera vista sabíamos dos cosas de las integrantes de la terna: son afines al proyecto autodenominado como “la cuarta transformación” y, al menos en dos casos, tienen un parentesco cercano con funcionarios públicos que, de llegar a ocupar el cargo, serían en muchos casos, actoras en asuntos que tendrían que desahogar en la Suprema Corte. En el tercer caso, había un problema incluso mayor, la Constitución y los reglamentos de la administración pública federal le dan a la Consejería Jurídica el rango de Secretaría de Estado y estas mismas reglas impiden que una persona que se ha desempeñado los últimos dos años en alguno de estos cargos pueda ser ministro o ministra de la Corte.