Se dice que los abogados son los herederos contemporáneos de los sofistas, pero yo diría que no es una herramienta exclusiva de juristas, sino también de la clase política. Aquí algunos clásicos.

Los funcionarios que habitan el octavo círculo del infierno de Dante no están en el peor de los resquicios del infierno, pues existe un lugar aún más oscuro: el noveno círculo reservado especialmente a los traidores. La combinación entre simulación y traición puede darse sin duda en el ejercicio de un cargo público y no quiero ni pensar qué castigos le esperarían en el infierno de Dante a la monstruosa figura que reuniera esas dos deformidades morales en el ejercicio de la función pública.

Recientemente los tribunales electorales han resuelto algunas controversias en las que se plantean actos de violencia política de género por parte de una mujer hacia otra mujer. Al resolver estos casos, los jueces han partido de la premisa de que las mujeres sí pueden incurrir en actos de violencia política de género y, además, también pueden ser reprochadas mediante una sentencia.

El solo hecho de tener que comprar estos productos es consecuencia de una decisión de política pública. El hecho de que, encima de todo, haya que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre estos productos, también. Estas decisiones son las que el colectivo Menstruación Digna México ha puesto a debate. Y este debate ha sido traído al Congreso federal gracias a un grupo multipartidista de diputadas que buscaron modificar la Ley del IVA para que a todos los productos para la gestión menstrual —toallas, compresas, tampones, copas, pantiprotectores, etcétera— se les imponga una tasa del 0%, en lugar de actual del 16% que tienen actualmente.

En el medio jurídico y político se especula mucho sobre si la decisión de la Corte ha tenido tintes estratégicos. Lo que sí queda claro es que ha dejado una grieta importante. Por chocante que resulte, el Estado de derecho exige de los jueces apego a la veracidad por Siempre es preferible apelar a la honestidad y dirigirse tanto a la ciudadanía como al presidente con lenguaje franco y llano, en vez de “andarse por las ramas” en actuares políticos estratégicos. Se requería de una respuesta consistente y aleccionadora.

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) fue una de las organizaciones que impugnó dicho Acuerdo. El 9 de octubre, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México resolvió el amparo y decidió dar la razón a MUCD: el Acuerdo es inconstitucional. Se trata de una sentencia relevante por la coyuntura en la que se encuentra México. El país necesita un marco regulatorio claro, delimitado y tendiente al respeto de los derechos humanos y al retiro definitivo de las Fuerzas Armadas de las tareas que no les corresponden. La sentencia deja en claro que el Acuerdo no es tal marco regulatorio.

Cerca del final de sus Reflexiones sobre la guillotina, Camus insta a sus lectores a adoptar el siguiente grito de guerra: “que empiece el Estado y [se] suprima la pena de muerte”. Del mismo modo, estimo que la sociedad mexicana debería demandar la abrogación de la prisión preventiva oficiosa. Según vimos, esta institución contradice la lógica del sistema penal consagrado en nuestra Constitución, implica la negación de la presunción de inocencia, y su justificación teórica no resiste ningún escrutinio. Con Camus, espero estar acompañado en mi clamor por un cambio constitucional.

Más allá de las merecidas críticas a la decisión de la Corte, consideramos que la nueva pregunta genera un diálogo inédito entre nuestra Constitución y la justicia transicional. Partiendo de que las consultas son mecanismos de comunicación y de toma de decisiones fundamentalmente horizontales, no es menor la importancia que tiene la consulta frente a un país aquejado diariamente por violencia sin precedentes, y por instituciones incapaces de rendir cuentas. Para que las víctimas vayan al centro, la experiencia de la justicia transicional ha demostrado que las consultas son fundamentales.