Los comicios de este junio no serán diferentes. Hoy nos encontramos ya en la antesala de los debates presidenciales y locales, esa fase en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) o los institutos locales presentan sus propuestas para la realización de estos encuentros y los partidos políticos las cuestionan. Todos son conscientes, o al menos lo creen, de que cada detalle puede jugar a su favor o en su contra.

La observación electoral no es simple testimonio de lo que ocurre durante la jornada electoral. La observación contribuye a transparentar actividades, al respeto de los derechos político-electorales y, sobre todo, a inyectar confianza a la ciudadanía sobre el buen curso de todo el proceso electoral. Son las y los observadores quienes monitorean y dan fe de que una elección no sólo es transparente, sino íntegra. Por ello, hoy más que nunca, es importante promover la observación electoral.

Recientemente, la Sala Superior del Tribunal resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales de la Ciudadanía SUP-JDC-749/2023 en el que se solicitó examinar si los cambios en el reglamento interno del Tribunal Electoral de Nayarit relativos a la determinación de las personas idóneas para suplir vacantes de magistraturas electorales, así como de la designación de una nueva presidencia, habían sido válidos.

La Sala Superior emitió una sentencia que debe provocar una reflexión entre posturas formalistas y garantistas respecto el derecho constitucional a votar. El caso trató de una ciudadana a quien le fue rechazada su solicitud de obtener una credencial para votar con la información de su nuevo domicilio. La razón por la que le fue negada la solicitud es que ésta se presentó después de la fecha fijada por el INE para hacerlo (22 de enero). Como resultado, la ciudadana promovió un juicio en contra de la negativa de expedición de su credencia, al considerar que se vulneró su derecho a votar por las autoridades que la representan en su domicilio actual.

El sistema de denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha utilizado como un mecanismo de acoso para silenciar a periodistas y ciudadanía. La Sala Superior del Tribunal Electoral recientemente emitió un precedente interesante, a partir de una adecuada ponderación entre la libertad de expresión y, la crítica fuerte, severa e incómoda a una diputada federal. La resolución coloca a la libertad de expresión como elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia constitucional, frente a la existencia de un discurso que no puede servir de disfraz para evitar la transparencia y el escrutinio ciudadano.