Ante el grave escenario de salud pública que se vive en el país, el Pleno de la Suprema Corte tiene la oportunidad de respaldar el etiquetado de advertencia y, de esta forma, sentar un precedente clave en la protección de los derechos, que permita continuar avanzando la protección efectiva de la salud de las personas y toda la sociedad.

Una vez extintos los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es analizar cuál podría ser la estrategia a seguir para su defensa y, para ello, lo primero que debe identificarse es el acto reclamado.

Desde el silencio, apareció de manera imprevista el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Quienes pudimos atestiguar dicho hecho, de manera cercana, sólo pudimos asentir un sentimiento de regocijo al sabernos fortalecidos en las causas que nos motivaron a salir a las calles como acto cívico. La presencia y autoridad de un ministro en activo y un ministro en retiro cimentaron la fuerza con la que se recorrieron las calles del centro histórico ese día.

La discusión legislativa y el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, si en verdad buscase eficientizar el uso de los recursos públicos, debió haber sometido a un examen riguroso cada fideicomiso, pero no fue así. Lo que hemos atestiguado a lo largo de este sexenio no es ninguna novedad, en el sentido de que una de las peores herencias del régimen de partido único del PRI, y deuda de la transición a la democracia, es que los presidentes pueden modificar discrecionalmente el presupuesto según su voluntad.

El poder narrativo del presidente es, además, perversamente manipulador. Ha sido, por ejemplo, capaz de contar una historia del Poder Judicial en tres actos: 1) en 2018, al asumir el poder, amenazó a los jueces y ministros del Poder Judicial de la Federación con bajarles el sueldo y eliminar sus privilegios; 2) en 2019, con la asunción de Zaldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amainó sus críticas y llevó la fiesta en paz gracias, esencialmente, a la aquiescencia de aquél; y 3) desde el inicio de 2023, a partir de que Norma Piña asumió como nueva presidenta de la Corte, López Obrador ha vuelto a oscurecer su discurso en contra del Poder Judicial, construyendo esta vez una narrativa en la que presenta a ese poder como una cloaca que hiede a corrupción, y que despacha —y, según él, siempre lo ha hecho— de espaldas al pueblo y exclusivamente al servicio de las élites de este país.

Los contornos del derecho a medios de impugnación procesal son muy matizados. Éste no se traduce en una obligación legislativa general y absoluta de otorgar recursos a disposición de las partes del proceso —o a su invención pretoriana—; y menos tratándose de resoluciones intraprocesales que, en la muy consolidada terminología del juicio de amparo, no trascienden al resultado del fallo o afectan derechos fundamentales sustantivos.

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado una doctrina robusta en materia de violaciones al procedimiento legislativo, con base en la cual se han invalidado distintas leyes muy relevantes para el gobierno en turno. El último caso fue la legislación electoral conocida como el Plan B, integrado por dos decretos legislativos. En lo que sigue, desarrollaré brevemente las razones por las cuales consideró que esa doctrina es trasladable al juicio de amparo y porqué puede servir de premisa para apreciar la apariencia del buen derecho y lograr la concesión de la suspensión en su modalidad de tutela anticipada.

Este miércoles 27 de septiembre se podría empezar a ver la luz al final del túnel de las consultas, pues es cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene listado para discusión el proyecto de sentencia por la que se confirma el amparo y protección de la justicia federal a seis empresas quejosas en contra del decreto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Este proyecto fue preparado en la ponencia del ministro Laynez Potisek, mismo que se dio a conocer el pasado 8 de septiembre. Ojalá que esta semana la Suprema Corte siga consolidándose como el bastión de defensa del Estado constitucional y democrático de derecho ante las constantes tentativas de atropello a las libertades fundamentales protagonizadas por el presidente de la República y la mayoría parlamentaria que lo respalda. Cualquier transformación de la vida pública de México será constitucional… o no será.