Bajo este mirador, quizá la presentación del Plan C, en general, y de la iniciativa de reforma judicial, en particular, sea una extraordinaria oportunidad para reivindicar públicamente y defender con vehemencia algunas de las premisas fundamentales de la democracia constitucional: la necesidad de controlar al poder e impedir su concentración excesiva, el papel del poder judicial como contrapeso y la función contramayoritaria de la judicatura. Se trata, en suma, de enfatizar lo que importa y evitar bailar, una vez más, al son de López Obrador.

El caso más reciente de este tipo surgió con la demanda del Partido Acción Nacional (PAN) en contra del gobernador de Oaxaca por sus expresiones durante la conferencia matutina de ese gobierno estatal del 21 de agosto de 2023. La queja era en contra de las expresiones de ese servidor público sobre Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y el Frente Amplio por México.

El presidente López Obrador ha anunciado que el próximo 5 de febrero presentará iniciativa de reforma judicial que buscará modificar el mecanismo de selección de las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación para que se elijan por voto popular.

Para que en efecto los derechos humanos se vean priorizados hasta el máximo de los recursos disponibles, el presupuesto tendrá que dar preferencia al gasto social y, por tanto, reducir el militar, sobre todo tomando en cuenta los evidentes efectos negativos deliberados que la militarización produce en materia de transparencia y corrupción, así como en la dignidad de miles de personas, los derechos de las mujeres y en el medio ambiente.

Si queremos dar un paso adicional a la materialización de la reforma constitucional de derechos humanos, tenemos que buscar la manera en que se generen las condiciones para hacer efectivo el ejercicio y reconocimiento de nuestros derechos fundamentales en la cotidianeidad de la vida y, para ello, los precedentes judiciales deben vincular a las autoridades administrativas.