La violencia de género en el mundo del fútbol mexicano es una realidad latente. Desde hace algunos años, los medios de comunicación han puesto el foco en esta problemática, mediante la visibilización de casos de hostigamiento sexual en contra de jugadoras de la selección femenil sub 20, de violencia de género digital en contra de jugadoras del Club América y Tigres, así como otros testimonios de violencias graves y normalizadas.

Uno de los temas de mayor interés de la reforma constitucional de 2021 al Poder Judicial de la Federación (PJF) es el relativo al precedente judicial. A dos años de dicha enmienda vale la pena formularse una pregunta clave: ¿qué problemáticas o retos enfrenta su implementación en la práctica cotidiana de los juristas?

Desde hace más de año y medio, desde GIRE se ha buscado eliminar el delito de aborto de los códigos penales locales. Dicha estrategia se encuentra hoy en día ante la Suprema Corte y un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá podría revolucionarlo todo. Este proyecto propone conceder el amparo para el efecto de que en el estado de Aguascalientes dejen de aplicar en lo presente y en lo futuro a las mujeres y personas gestantes que habitan en esta entidad federativa los artículos del Código Penal que regulan el delito auto procurado, consentido y específico. Asimismo, tacha de inconstitucional las barreras para el acceso al aborto por riesgo a la vida y por violación.

Presento a los lectores de El Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre abril y junio del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

El pasado 14 de junio de 2023, se publicó en nexos “¿Qué culpa tiene el tigre Toño? Las nuevas reglas de publicidad en alimentos preenvasados.” En dicho artículo, los autores concluyen que la prohibición de personajes animados en alimentos no saludables es una medida innecesaria y, consecuentemente, inconstitucional. Para arribar a esta conclusión, utilizan un método jurídico comúnmente utilizado por los jueces para determinar la legalidad de aquellas medidas que favorecen un derecho a costa de otro conocido “test de proporcionalidad”. En mi opinión están equivocados. Por ello, en esta respuesta, utilizo el mismo test para demostrar la necesidad de la medida y defender su constitucionalidad.

Lo cierto es que una nota característica del actual gobierno es que ha venido haciendo uso conveniente y constante del concepto de seguridad nacional para no transparentar la información relativa a las acciones de gobierno. Ello porque al pretender encuadrarlas en dicho concepto busca generar la reserva de la información correspondiente lo que, a su vez, además de resultar violatorio del artículo 6º constitucional dado que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes, implica que los ciudadanos no podamos conocer si los recursos públicos están siendo aplicados y administrados de conformidad con los principios establecidos en el artículo 134 constitucional.

Si la marca Dior real y sustantivamente buscara “llamar la atención” sobre los derechos humanos de las mujeres mexicanas, utilizaría su influencia y poder en el sector para mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadoras a través de procesos que aseguren que las empleadoras en México cumplan con los más altos estándares internacionales en materia de derechos laborales. Sin embargo, la empresa francesa, aun teniendo la influencia, el poder, siendo una empresa que en 2020 tuvo una ganancia de $50 800 millones de dólares, no prioriza ni considera apoyar las garantías de los derechos laborales de las mexicanas.

Este reciente fallo de la SCJN pone de relieve no sólo la fragilidad inherente a los sistemas democráticos frente a posibles embates autoritarios, sino también la fortaleza y resiliencia de las instituciones republicanas como salvaguardas del orden democrático. En tiempos en los que la seducción del autoritarismo amenaza los fundamentos de la democracia, la SCJN ha demostrado que es posible e imperativo, resistir y proteger los derechos y libertades de la ciudadanía.

El pasado viernes 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara de utilidad pública la “conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras” de tres tramos otorgados mediante título de concesión a Ferrosur, S. A. de C. V. El decreto ordena la “ocupación temporal inmediata” a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V que es una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Marina y que es “integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.